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La anécdota Cosidó

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó

Javier Pérez Royo

Cuando un ordenamiento constitucional se está desmoronando pasan cosas que no ocurren cuando no hay fatiga en los materiales con los que ha sido construido. Se producen desajustes permanentemente en el funcionamiento de las instituciones por las circunstancias más variadas, previsibles o susceptibles de ser previstas en algunos casos o completamente imprevisibles en otros. El sistema inmunológico del organismo constitucional deja de estar operativo y las enfermedades oportunistas se multiplican. Y hacen acto de presencia sin orden ni concierto.

Es lo que acaba de ocurrir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando a toda velocidad, como consecuencia del último episodio de crisis de legitimidad en el Tribunal Supremo con motivo de la decisión sobre las hipotecas, el Gobierno y el PP deciden que no es posible no renovar el CGPJ en la fecha constitucionalmente prevista, porque la justicia española no admite un gramo más de desprestigio, y se ponen de acuerdo en la designación de sus veinte miembros con el compromiso de que Manuel Marchena sería elegido Presidente de CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo. Entonces, uno de los negociadores del pacto por parte del PP, el senador Cosidó, lo dinamita enviando un Whatsapp a sus compañeros de partido en el Senado en los términos que doy por supuesto que son conocidos.

La “crisis de las hipotecas” es, sin lugar a dudas, mucho más importante que el Whatsapp del senador Cosidó, pero es al mismo tiempo menos expresiva del desmoronamiento de nuestro sistema constitucional. La crisis de las hipotecas se pudo prever y se pudo evitar. Es un indicador de falta de reflejos en el Presidente de la Sala Tercera, que debió convocar el Pleno antes y no después. Es un error que no debería haberse producido, pero nada más. También nada menos por el órgano, por la materia de la que se trataba y por la forma en que se corrigió. Pero un error en el ejercicio de la función jurisdiccional, susceptible de ser corregido. De hecho el Gobierno lo corregiría aprobando un Decreto-ley, en el que, pro futuro, dispone que sea el banco el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados. La jurisprudencia que se corrigió en el Pleno de la Sala Tercera pro pretérito, se ha convertido en la solución legislativa pro futuro. No hay mal que por bien no venga, que diría el refrán.

El Whatsapp del senador Cosidó en sí mismo no es nada. Es una anécdota. Y, sin embargo, es un indicador del avanzado proceso de desmoronamiento del edificio constitucional. El Whatsapp es expresión de la vanidad de su autor, por un lado, y del desasosiego en que se encuentran los senadores del PP a los que su jefe de filas se ha considerado obligado a tranquilizarlos “vendiéndole” las ventajas del pacto alcanzado con el PSOE. Tranquilos, que salimos ganando. Pero, al redactarlo en la forma en que lo ha hecho y, sobre todo, al hacerse público, el Whatsapp desnuda el proceso de renovación del CGPJ, pone en cuestión la “imparcialidad objetiva” del candidato pactado como presidente e insulta, de paso, a otro de los miembros, del que se dice que es mejor tenerlo en el CGPJ que en la Audiencia Nacional dictando sentencias.

El Whatsapp del senador Cosidó es un ejemplo de libro de la anécdota que se convierte en categoría. Certifica la corrupción institucional en la cúspide del poder judicial, que se intuye, pero que no resulta visible. Cosidó es el niño del cuento que grita lo que todo el mundo está viendo pero nadie se atreve a decir: que el rey (el CGPJ y su procedimiento de renovación) está desnudo.

A diferencia de la crisis de las hipotecas, la “anécdota Cosidó” tiene difícil solución. ¿Va a ser posible pactar la renovación del CGPJ tras haber anunciado el PP la ruptura del pacto? ¿Puede aceptar el Gobierno la exigencia de la dimisión o destitución de la ministra de Justicia para volver a la senda de la negociación? ¿Puede seguir teniendo credibilidad el CGPJ como órgano constitucional? Y, más en concreto, en relación con la situación que se vive en Catalunya, ¿no se ve afectada la “imparcialidad objetiva” de Manuel Marchena como magistrado que va a presidir el juicio contra los acusados de rebelión entre otros delitos por los actos que tuvieron lugar con ocasión de la convocatoria del referéndum del 1-O de 2017?

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