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De elecciones y de juicios

Sanear lo insano sería posible, aunque también hay quien opina que hacer buen juicio con una mala instrucción es casi imposible

Lo cierto es que, paradojas del destino, de la Junta Electoral Central forman parte dos magistrados de los que integran el tribunal del procès: Luciano Varela y Ana Ferrer

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, a su regreso al Tribunal Supremo tras el receso, este jueves, de la tercera jornada del juicio del "procés".

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, a su regreso al Tribunal Supremo tras el receso, este jueves, de la tercera jornada del juicio del "procés". EFE

"El camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino muy cerca del suelo. Parece más hecha para tropezar que para andar por ella"

Franz Kafka

No queda lector que no esté masacrado a estas alturas por las descripciones, informaciones, interpretaciones, valoraciones y hasta fabulaciones sobre el juicio iniciado la pasada semana por el procès o que no haya visto su corazón saltar de noticia a noticia, de hecho trascendente a hecho trascendente en unas horas, con la arribada de la convocatoria electoral. Todo ello sin descartar que sea cierto que los únicos que vibramos como cuerda tensa con estas cosas somos los periodistas y los que administran o desean el poder. Procuraré no abundar.

Respecto a las sesiones les diré que he visto a un tribunal poco intervencionista y dispuesto a dejar el más amplio margen para el ejercicio del derecho de defensa. Es cierto que para hacerlo el Tribunal Supremo está de nuevo “innovando”, en el sentido de creando su propio derecho procesal o, lo que es lo mismo, legislando a su manera. Saben, como sabemos todos, que hacer esto cuando se trata de dar margen a las defensas es más difícil de reprochar pero no deja de ser lo que es. Han creado un nuevo procedimiento por el cual existe un momento para los artículos de previo pronunciamiento -previstos en la tramitación del sumario ordinario- y también existen las cuestiones previas- propias de los procedimientos abreviados-, o se han ofrecido turnos suplementarios de interrogatorio y otras originalidades. Insisto en que se hacen pro reo y eso aleja el estigma, aunque no tengo yo muy claro si las defensas debieran aceptarlos alegremente. Me da que tal actitud por parte del tribunal sólo puede ser debida a una cierta incomodidad por algunos aspectos poco aseados de la instrucción de Llarena o a que en su composición se encuentran, ahora sí, magistrados de una trayectoria de defensa de derechos procesales y, por ende, fundamentales muy acendrada. Lo mismo da. Lo cierto es que están trabajando para blindar en el juicio oral, de cara a Estrasburgo, lo que de seguro aparece como afeable en la instrucción. En realidad en nuestro ordenamiento, el juicio oral es el momento de la verdad y la instrucción sólo una preparación al mismo. Sanear lo insano sería posible, aunque también hay quien opina que hacer buen juicio con una mala instrucción es casi imposible. No se pues si las defensas, tal es su estrategia, deberían aceptar estas dádivas procesales que pueden resultarles envenenadas.

Mientras todos analizábamos con lupa si las defensas optaban por lo técnico o por lo político, si Marchena estuvo garantista o demasiado permisivo, si Zaragoza se fue de caña respondiendo a la existencia o no del derecho de autodeterminación -lo que no es materia del juicio- si Junqueras perdió una oportunidad o si la abogada del Estado no estuvo a la altura, en el Congreso se rompían los apoyos y se acababa una legislatura y en Moncloa se decidía una fecha. En esa decisión seguro que se barajó la existencia de un juicio decisivo en marcha pero, como en el chiste del matrimonio y los amantes, se decidió que tal cosa molesta pero no impide. Eso a pesar de que el tribunal sí tuvo en cuenta la existencia de un proceso electoral fijado con antelación, las municipales y europeas, a la hora de crear su calendario para no superponerse y tratar de no interferir. Esta actitud es heredera de lo que se podría llamar la doctrina Ruiz Vadillo, a la sazón presidente de la Sala Segunda, cuando se interpretó que no debían sacarse resoluciones en periodo electoral que pudieran influir en la contienda política. La neutralidad para no interferir se ha mantenido durante todos estos años, refiriéndose siempre a la publicación de sentencias o a la realización de actos procesales que podían ser diferidos en el tiempo. Tanto la Fiscalía como el tribunal consideran que no es el caso de un juicio oral en el que hay presos preventivos que exigen constitucionalmente la mayor diligencia. De esto debería tomar nota también el Tribunal Constitucional cuando aparca la resolución de un recurso de amparo de Junqueras porque no existe unanimidad entre sus miembros pero esas es otra historia.

Lo cierto es que el juicio continuará y se superpondrá, no ya a la campaña oficial con la que sólo se solapará tres días, sino con la campaña desatada ya desde el viernes y a la que nada ni nadie se va a sustraer. Coincidirá en su punto culminante con el tiempo del interrogatorio de testigos, algunos políticos importantes, con lo que la utilización en la refriega electoral de los titulares serán aún más inclemente. No hay que olvidar, además, otro elemento claramente perturbador que es la presencia en la sala de vistas de una acusación popular ejercida por un partido que concurrirá a los comicios, es más, ejercida por un letrado principal que es secretario general de la formación y que, casi con toda seguridad, será candidato al Congreso de los Diputados. Esa acusación popular ha solicitado además la presencia como testigo de alguno de los políticos más destacados que pasarán por el Palacio de las Salesas. ¿Saben lo que eso significa? Pues que será el abogado de Vox el primero en preguntar a cada uno de ellos y que no podrán negarse a responder. Para esas alturas del procedimiento, todo parece indicar que Ortega Smith será ya candidato a las elecciones. Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro, entre otros, serán sus testigos y también su altavoz electoral.

Quizá se pregunten si no hay forma de evitarlo. Procesalmente, no. Nadie ha legislado para impedir el ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos así que Vox no saldrá del juicio. Cuestión distinta es cuestionar si un abogado de Vox puede continuar representando como letrado a esa acusación si resulta proclamado candidato a esos comicios. Ahí si quedan bazas por jugar. Cualquier otro partido político en contienda podría acudir a la Junta Electoral Central para que determine si atenta contra la igualdad de armas en los comicios, el altavoz y la presencia en la opinión pública que ese candidato tendría por su doble condición y que ningún otro partido o candidato podrá ostentar. La Junta tendría que pronunciarse al respecto y podría determinar que Vox debe continuar en el juicio pero con otro de sus abogados. Lo cierto es que, paradojas del destino, de la Junta Electoral Central forman parte dos magistrados de los que integran el tribunal del procès: Luciano Varela y Ana Ferrer. ¿Pueden determinar esto a la vez que enjuician o deberían abstenerse en la Junta? La cuestión se complica más si, como todo apunta, acaba sucediendo que algunos de los procesados terminan siendo proclamados a su vez candidatos en esas elecciones generales.

Les resumo el lío: candidatos en el banquillo, candidatos acusándoles y miembros de la Junta Electoral Central que debe velar por la limpieza de las elecciones en el tribunal que enjuicia. Mambo. Aún vamos a ver muchos más enredos. Cada uno intentará sacar provecho a su manera y puede que todo quede tocado y enfangado por esta promiscuidad de un juicio que unos dicen no político, otros consideran sólo político y que sin discusión tiene la mayor carga política de la democracia.
O sea, que éramos pocos y parió la abuela.

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