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Cómo financiar la transición energética

Aunque el Gobierno del Reino de España parece que se mantiene en las antípodas, poca gente se atreve hoy a negar la necesidad de abandonar la era de los combustibles fósiles y transitar hacia un modelo energético sostenible basado en capturar energía de los flujos biosféricos que nos ofrece la naturaleza. No se trata de una mera especulación: el COP 21 de París 2015, que ha sido ratificado por más de la mitad de los Estados signatarios, lo confirma y lo oficializa.

Cada vez es más evidente y también cada vez más aceptado que, gracias a los avances tecnológicos acumulados a lo largo de los siglos por la humanidad, hoy el mundo entero podría funcionar con energía de fuentes 100% renovables. Ello sin renunciar al confort energético (lo cual no significa que se deba continuar con el brutal derroche actual).

Una tercera constatación es la de que generar electricidad de fuentes renovables ya está saliendo más barato que usar los viejos artilugios de quemar combustibles o fisionar uranio. En el último año hemos visto proliferar campos eólicos y fotovoltaicos que entran en el mercado sin necesidad de subvenciones. Ello ha sucedido en California, Alemania, Chile y hasta en España, donde los vientos gubernamentales soplan en contra de la energía limpia. Baste con ver la planta fotovoltaica de la cooperativa Som Energia en Alcolea del Río (Sevilla) o la última subasta eólica a subvención cero.

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Los fraudes bancarios causan estragos en la salud de los afectados

Manifestación de afectados por las preferentes en Madrid.

La crisis financiera ha sido extraordinariamente costosa para los contribuyentes españoles. El último informe del Tribunal de Cuentas estima en más de 60.000 millones de euros el coste provisional del fiasco financiero. Sin embargo, los perjuicios causados por la crisis han ido mucho más allá de los meramente económicos. Los fraudes bancarios han sido también muy dañinos para la salud de los tenedores de participaciones preferentes y créditos mutidivisa. Esta es la conclusión principal de un estudio piloto realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III que publicará la revista científica Gaceta Sanitaria.

"Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones comparables de la misma edad" del conjunto de la población española, sostiene el estudio, del que ya se conoce una versión previa. El trabajo se realizó durante los años 2015 y 2016 sobre una muestra de 188 casos de personas afectadas por abusos bancarios residentes principalmente en Madrid y León, pero también en otras comunidades autónomas como Extremadura.

El trabajo ha analizado dos tipos de fraudes: los perpetrados mediante las participaciones preferentes (unos productos financieros que los bancos colocaron como un ahorro seguro, que en algunos casos ocasionaron pérdidas de hasta el 70% y que afectaron a millón de familias) y los realizados con créditos multidivisa (hipotecas en yenes o francos suizos en las que la deuda fue aumentando de cuantía durante años por el encarecimiento de estas monedas a pesar de que los clientes pagaban los plazos mensuales debidamente).

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El periodismo debe fomentar la igualdad de las mujeres

Desde los años ochenta del siglo XX, cuando aparecieron los primeros estudios sobre la representación de las mujeres en los medios de comunicación, la situación no ha mejorado mucho: la infrarrepresentación cuantitativa de las mujeres se mantiene y se ve acompañada de una representación cualitativa androcéntrica y asimétrica. Los hombres aparecen como sujetos activos, poderosos, generadores de opinión y dignos de ser amados, mientras que las mujeres somos objetos sin capacidad de acción ni reacción, sin poder ni saberes, sumisas y víctimas.

Mujeres políticas a las que se les critica la ropa que llevan; mujeres deportistas de quienes no sabemos ni la disciplina ni el récord superado, pero sí que son madres o que han adelgazado; mujeres asesinadas por hombres machistas de quienes se nos informa que no habían denunciado malos tratos, pero a quienes no reconocemos su lucha por salir de la situación; niñas maquilladas y sexualizadas, o científicas de quienes no conocemos sus éxitos de investigación porque los medios lo ocultan.

Estos son sólo unos ejemplos de las informaciones que nos encontramos diariamente en los medios de comunicación, con honrosas excepciones, en las que se atribuye a la mujer interés por la moda, los cuerpos, la maternidad o el amor (romántico, claro) y no por la política, la cultura, la conciliación, la brecha salarial, la violencia machista o la igualdad. Es una construcción del discurso que responde a una visión heteropatriarcal, androcéntrica y machista que insiste en mantener a las mujeres y a todas aquellas personas no definidas desde el sujeto hombre de masculinidad hegemónica en el espacio privado, al margen de los avances sociales gracias a la lucha del feminismo.

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Hoteles, modelo de precariedad

El turismo ha tenido un papel fundamental en la configuración del capitalismo español desde los años sesenta del siglo XX, en especial en los territorios de la costa mediterránea y las islas Canarias. Esta especialización turística dentro de Europa como periferia de sol y playa, que se inició en tiempos de la dictadura franquista, se vio reforzada tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) en 1985, y aún más con la crisis financiera iniciada en 2008. El desmantelamiento o crisis de otras actividades y la irrupción de nuevos fenómenos como las economías colaborativas, en especial el alojamiento en viviendas, que ha ampliado el espacio turístico hasta cualquier lugar, ha comportado una sobredimensión del turismo en ciertas zonas de España. 

La masificación turística en lugares emblemáticos como Barcelona o Mallorca ha traído consigo, entre otras consecuencias, el incremento del coste de la vida, el desplazamiento de la población de menos poder adquisitivo hacia espacios periféricos por la turistización de sus barrios o impactos ambientales y territoriales cada vez más graves. De este modo, la impugnación del turismo se ha hecho presente en la agenda pública, y movimientos sociales como el vecinal o el ecologista se rearticulan incorporando esta problemática. Así se rompen los consensos que la industria turística había logrado imponer durante décadas y se cuestiona cada vez más la capacidad de retorno social del turismo en ámbitos centrales como la fiscalidad o el empleo generado. La emergencia de este debate público ha hecho evidente que si esta especialización turística se fundamenta en un trabajo precario estamos ante un modelo de desarrollo económico inviable. 

Una de las causas principales de esta precarización del empleo turístico es la externalización del trabajo en el sector hotelero. Ésta consiste básicamente en la subcontratación de los servicios a una tercera empresa para que se haga cargo de determinadas operaciones con sus propios trabajadores y medios de producción.

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Una banca insostenible

Manifestación contra los abusos bancarios.

En los últimos meses se han sucedido varias resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo que suponen un serio varapalo a los abusos bancarios. La última resolución del Tribunal Supremo, del pasado 15 de febrero, acordó la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo. El alto tribunal se vio obligado adaptar su jurisprudencia a la sentencia del TJUE del pasado diciembre.

La aplicación de esta doctrina ha supuesto que el BBVA, uno de los bancos con más afectados, deberá devolver todos los intereses excesivos que había cobrado indebidamente. Hasta ahora, la única entidad que se ha visto liberada ha sido la Caja Rural de Teruel, al comprobarse que sus cláusulas suelo no eran abusivas, por ser transparentes debido a que eran comprensibles por sus usuarios.

Estas sentencias han sido una importante conquista de los ciudadanos después de una larga batalla jurídica que empezó en 2010. La decisión podría afectar a más de un millón de familias. Hay millares de procedimientos en los juzgados y otras tantas demandas pendientes de presentarse.

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Más y mejor Unión Europea

Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort.

Es frecuente leer en los últimos tiempos opiniones de acreditados analistas según las cuales lo que la Unión Europea necesita para superar sus problemas actuales no es más Europa, sino mejor Europa. A su juicio, se ha ido demasiado lejos en la integración europea y pensar en unos Estados Unidos de Europa es pura fantasía. Recomiendan, por el contrario, menos Europa y la restitución de competencias comunitarias hacia instancias estatales. Concluyen que hay que disminuir la intensidad de la integración europea y empoderar de manera conveniente a los Estados.

¿Se trata tal vez de un reflejo defensivo ante los sobresaltos del Brexit y del presidente de EEUU, Donald Trump? Por nuestra parte, no podemos estar de acuerdo con la exclusión de más Europa como solución para superar muchas de las dificultades que estamos conociendo y creemos que hay evidencias que lo desmienten. 

Pensemos, por ejemplo, en las principales crisis todavía no superadas: la del euro, la de los refugiados y la amenaza terrorista. Es fácil culpabilizar a la UE, en especial porque no queda claro a quién se acusa en concreto. La crisis del euro ha puesto en evidencia que hemos creado una moneda común, pero estamos todavía construyendo la unión bancaria y nos hallamos aún lejos de la unión económica y más de la fiscal. Las políticas nacionales se hacen en clave nacional; nadie es responsable de la posición fiscal global de la UE o de su reparto por países. No hay mecanismos presupuestarios a escala europea para compartir riesgos y responder a la crisis.

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"El sistema inmobiliario sigue herido de muerte"

Raquel Rodríguez Alonso, en el parque del Oeste de Madrid.

Raquel Rodríguez Alonso convoca a Alternativas Económicas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en el corazón de la Ciudad Universitaria, donde imparte clases de urbanística y ordenación del territorio. La conversación tiene lugar un viernes por la tarde tras una dura semana de trabajo, circunstancia que no le impide hablar con pasión de los problemas de la vivienda en España, en especial de las dificultades de la población con menos recursos para acceder a un alquiler digno, la falta de respuestas a la crisis de los desahucios y la venta de pisos sociales a fondos buitre en la Comunidad de Madrid. También advierte de que el auge de los apartamentos turísticos no sólo presiona al alza los precios, sino que expulsa del centro de las ciudades a sus habitantes más vulnerables.

Nacida el primer día del año 1973 en Madrid, Rodríguez ha trabajado como directora de proyectos urbanísticos en una empresa privada de ingeniería y también ha ejercido la profesión por cuenta propia. Actualmente combina la labor docente e investigadora con la labor de asesora técnica de la concejalía del distrito de Moncloa-Aravaca. Es miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo (IDM), foro de reflexión surgido del 15-M, y colabora con el Observatori DESC, una plataforma defensora de los derechos ciudadanos con sede en Barcelona.

¿La crisis ha cambiado el modelo inmobiliario español? ¿Hemos aprendido de los errores cometidos durante la burbuja de principios de siglo?

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Aracoop, una apuesta por la economía social

Presentación del programa Aracoop, en Barcelona.

No sabemos cómo será el futuro del empleo, pero lo que está claro es que la juventud –que protagonizará el empleo del futuro– ya no quiere trabajar como antes. Cada vez es más sabido que para muchos jóvenes ya no es una opción el típico modelo de ir a buscar empleo y golpear 50.000 puertas, hasta que –tal vez sí, tal vez no–, se abra una que permita obtener un salario precario.

Los jóvenes se están organizando. El cooperativismo en particular, y la economía social en general, se vislumbran cada vez más como una de las fórmulas de organización idóneas para los nuevos tiempos.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en muchos lugares, los gobiernos están comenzando a verlo. Se está empezando a apostar por la economía social de verdad.

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Un desarrollo local para la mayoría

La crisis económica se ha convertido en una crisis social, y la política económica local está fallando. La pobreza, la desigualdad, el acceso a la vivienda, los salarios bajos y el trabajo inseguro han arraigado en nuestras ciudades. Necesitamos un nuevo urbanismo radical que nos permita afrontar estos problemas y ofrecer mejores resultados sociales a gran escala.

La ironía es que en nuestras ciudades no falta riqueza. Mientras una minoría de personas y de zonas disfruta de enormes beneficios ligados al éxito económico, muchas otras, no. Basta pasear por el centro de cualquier localidad: cuando uno se aleja de los grandes almacenes y las tiendas locales, los restaurantes bulliciosos, los gloriosos espacios públicos, las nuevas zonas residenciales urbanas y los pequeños comercios del final de la calle, se pasa a otra historia. No siempre se puede ver la pobreza y la desesperación, porque muchas áreas han sido objeto de una regeneración física, externa, pero se observan señales. Hablar con la gente o con las organizaciones no gubernamentales hace evidentes de inmediato las dificultades de sobrevivir a las dificultades diarias con bajos sueldos, desempleo juvenil y costes crecientes de la vivienda. El futuro debe pasar por que la riqueza ya existente y la nueva riqueza funcionen mejor para la gente.

Un desarrollo económico local progresista ofrecería buenos empleos, mejores pagas, más riqueza y mejor sanidad, vidas realizadas y esperanza. Los ciudadanos tendrían incentivos para crear sus propios empleos. La riqueza fluiría, en lugar de quedarse pegada a los más ricos, dejando sólo migajas entre quienes disponen de menos recursos. Para conseguirlo, necesitamos una política económica local más activa, que se preocupe más por los ciudados sociales, que sea innovadora y que experimente a la hora de enfrentarse a la pobreza y a la desigualdad.

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La incubadora de empresas más especial

El centro autogestionado Can Batlló, en Barcelona.

Los que siguen operando con los prejuicios que asocian por definición todas las experiencias okupas a la indolencia y hasta la delincuencia deberían pasarse, aunque fuera a paso ligero, por Can Batlló, el impresionante laboratorio autogestionado de la economía solidaria construido en Barcelona sobre  los inmensos terrenos —tan grandes como el campo del Barça— de lo que alguna vez fue una fábrica textil de la familia Muñoz-Ramonet. Y eso que aún falta una pieza que ya está camino de convertirse en realidad y que es la que más haría saltar en pedazos los clichés: el proyecto Coopolis, la más ambiciosa apuesta autogestionada para replicar sin tapujos las mejores experiencias internacionales de apoyo a la creación y el acompañamiento de empresas. Eso sí: específicamente dirigido a la economía social y solidaria.

Coopolis, un proyecto salido de la factoría de La Ciutat Invisible y en particular de la cabeza de uno de sus socios, Hernán Córdoba Mendiola, se empezó a idear en 2012, poco después de la ocupación de Can Batlló, y parecía destinado a dormir el sueño de los justos ante la magnitud de los recursos que hay que movilizar para hacer realidad esta especie de Barcelona Activa de la economía solidaria: la idea es rehabilitar una de las naves para dedicar hasta 4.500 metros cuadrados a servicios de información general para la creación de empresas, formación, gestión, vinculación con el territorio y, sobre todo, fermento de nuevos proyectos empresariales con el máximo grado de profesionalización posible e incubadora de hasta una cuarentena de start ups de la economía solidaria, además de sede para siete empresas tractoras, ya consolidadas, que sirvan de ejemplo y ayuden a la creación de red.  

Sin embargo, la cuenta atrás para la construcción de este macroespacio autogestionado no sólo en un papel, sino de verdad, ha empezado ya al obtener sus promotores el respaldo financiero del Ayuntamiento de Barcelona, que ha comprometido cinco millones de euros entre 2017 y 2019 para la rehabilitación y adecuación del espacio, y de la Generalitat, que a través del proyecto de Ateneos Cooperativos, en el marco del programa Aracoop de fomento del cooperativismo, aportará cerca de 300.000 euros para ponerse a trabajar desde ahora: el objetivo de los promotores —La Ciutat Invisible, el estudio de arquitectos La Col y la Asociación para el Impulso de la Economía Cooperativa y Comunitaria de Sants-Montjuïc— es contar en primavera con una especie de Zona Cero, provisional, dentro de Can Batlló, de unos 400 metros cuadrados, para avanzar en el proyecto a la vez que empieza a prestar servicios.

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