Opinión y blogs

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¿Un Silicon Valley compasivo?

Y Combinator, la aceleradora de start-ups más prestigiada de Silicon Valley, ha anunciado para el 2017 un experimento de renta básica universal en Oakland (California). Donará, sin contrapartidas, unos 2.000 dólares mensuales a un centenar de familias de diferentes niveles de renta, dándoles plena libertad para gastar este dinero como y donde quieran.

La noticia coincide en el tiempo con la de la creación de la firma Economic Security Project, que dedicará 10 millones de dólares a profundizar en la cuestión de la renta básica universal, contando con el respaldo de un centenar de emprendedores, inversores y académicos, entre los que se encuentra Sam Altman, el CEO de Y Combinator.

El concepto de renta básica universal no es nuevo. Experimentos anteriores en distintos países han comprobado que cuando se regala sin contrapartidas a la gente una asignación mensual que permite cubrir sus necesidades básicas, el dinero se usa mayoritariamente para mejorar las condiciones de vida y no, por ejemplo, para gastarlo en alcohol o drogas. En experimentos actualmente en curso o en preparación en Finlandia y en la ciudad de Utrecht (Holanda), el objetivo central es explorar si el salario básico es una actuación más eficaz que los programas y las políticas existentes de auxilio a la pobreza. En Kenia y Uganda, el objetivo del programa  Give Directly es verificar, desde una perspectiva humanitaria, el efecto de un salario básico para mejorar el nivel de vida en entornos de pobreza extrema en países con bajo nivel de desarrollo.

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¿Por qué se retrasa la liberalización del ferrocarril?

Oaris, tren de alta velocidad desarrollado por CAF.

Una de las primeras medidas tomadas por Íñigo de la Serna, nuevo ministro de Fomento, ha sido aplazar hasta 2020 la liberalización del servicio ferroviario de alta velocidad en el llamado "corredor de Levante". Su antecesora, Ana Pastor, había anunciado de forma reiterada que España se adelantaría al calendario europeo introduciendo competencia en la prestación de servicios de transporte.

El hecho de que, de acuerdo con el Real Decreto 4/2013, fuera el propio Consejo de Ministros el que tuviera que decidir cuántas empresas podrían competir en cada caso, ya da a entender que, para los ideólogos del proceso de liberalización, el mercado no debía tener excesivo margen de maniobra y era preferible una apertura ordenada y muy controlada. Tanto que en tres años no se ha avanzado en nada.

El problema de fondo es que, aunque han sido varios los grupos empresariales que han solicitado el título habilitante para operar con sus propios trenes, las condiciones bajo las que el Gobierno había diseñado la operación no les animaban a comprometerse. Sin contar con un calendario que les garantizara que podrían operar también en otros mercados (como el Madrid-Barcelona), teniendo que utilizar material móvil de Renfe y sujetos al pago de cánones por el uso de las vías sometidos a un elevado margen de arbitrariedad, no era extraño que dichas empresas tuvieran la sensación de que se les invitaba a participar en un juego en el que las cartas estaban marcadas.

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La pobreza que mata

El 10% de los hogares españoles no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno.

En el invierno de 1954, la muerte de una mujer congelada en la calle consternó a los ciudadanos de París. El acontecimiento espoleó la lucha contra la pobreza energética que cada vez fue tomando más relevancia en varios países europeos.

Reino Unido fue pionero en establecer los indicadores más rigurosos de esta lacra social que se ha agravado a medida que se han disparado los precios de la energía y ha caído el poder adquisitivo de una parte creciente de familias. Francia, por su parte, se ha convertido en un referente desde 2013 al aprobar la ley Brottes, que estableció la tregua invernal que impide a las empresas de gas y electricidad cortar el suministro entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

Paralelamente, la Unión Europea ha aprobado varias directivas en 2003 y 2009 en las que exhortaban a los Estados a adoptar medidas “para garantizar una protección adecuada a los clientes vulnerables, incluidas las que ayuden a evitar la interrupción del suministro”.

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El tiempo del ciudadano colaborativo

La realidad de la economía colaborativa es mucho más rica de lo que permiten ver los medios de comunicación, ofuscados con Airbnb, Uber y Blablacar. También existen plataformas sin ánimo de lucro, actividades colaborativas de grupos vecinales, colectivos de compra directa a los agricultores, huertos compartidos, iniciativas de donación altruista, intercambios de casas... Es un sistema donde todos tenemos algo que aportar: propiedades infrautilizadas, conocimientos, habilidades o tiempo. Y nos da la oportunidad de dejar de ser sólo consumidores y de subir de escalón: ser consumidores, prosumidores, donantes, micromecenas, ciudadanos productores y activistas.  

Hay tres tipos de plataformas en función de su orientación social, según el estudio  ¿Colaboración o negocio?: del valor para el usuario a una sociedad con valores, publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en colaboración con la Universidad Complutense y Ouishare: las que buscan el beneficio, las que facilitan el intercambio y las que promueven la transformación social y los hábitos de consumo sostenibles. Los usuarios podemos elegir entre las actividades más utilitaristas y entre las más comprometidas.

Las principales motivaciones del usuario para participar en la economía colaborativa son económicas y prácticas. Pero no son las únicas: ayudar a otras personas con cosas que ya no necesito, establecer relaciones de solidaridad con mis vecinos, compartir experiencias con otros viajeros, reducir la presión sobre el medio ambiente o viajar como un ciudadano local. 

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La gran crisis de las pensiones privadas

La rentabilidad de los fondos de pensiones ha caído en picado.

Los lobistas de las pensiones privadas llevan toda una vida augurando la inminente crisis del modelo público. Y ahora que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, resulta que lo que amenaza de verdad con estallar son los sistemas privados. Y en todo el mundo.

El modelo público español es de reparto: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. La mayoría de sistemas privados, en cambio, tienen un modelo de capitalización: cada trabajador va poniendo dinero en una hucha propia, que será su futura pensión.

Hace años que los economistas críticos advierten de que los peligros que acechan a los modelos públicos por el envejecimiento de las sociedades afectan igual a los modelos de capitalización, que tienen compromisos de pago inasumibles. El mayor fondo estadounidense —el de los funcionarios de California, Calpers— es un buen ejemplo. Según The Wall Street Journal, el fondo tiene hoy un gran agujero: sólo cuenta con activos para abordar el 68% de los compromisos adquiridos. Y la situación empeorará pronto, puesto que ahora gasta en las pensiones el 20% de lo que ingresa, pero el envejecimiento de sus clientes le obligará a duplicar los pagos en apenas cinco años.

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El reto de la España que no va bien

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, antes de su primer Consejo de Ministros.

A primera vista, los retos sociales y económicos que esperan al Gobierno deberían parecer manejables tras una legislatura —esa tan extraordinaria finalizada en 2015— que incluyó un rescate europeo de parte de la banca, el paro en máximos históricos desde que hay datos (el 25,77% de la población activa en 2012), una recaída en la recesión ese mismo año y la ampliación del colectivo de personas en riesgo de exclusión y de pobreza, que representan el 28,6% de la población, según Eurostat. Sin embargo, son retos de aúpa, y no sólo por aguantar el frágil Estado de bienestar con la austeridad que se impone desde Bruselas, por las tensiones con el Gobierno catalán en vistas a una eventual declaración unilateral de independencia, por una deuda pública superior al 100% del PIB o por la imposibilidad de recuperar el dinero destinado a la banca, aunque se privatice Bankia. 

Los abuelos de hoy podrán seguir echando una mano a sus hijos y nietos en paro y a quienes no lleguen a final de mes a pesar de haber encontrado un empleo. Las pensiones a corto plazo no peligran, aunque si no se remedia, la entrada en vigor del llamado “factor sostenibilidad”, que condicionará su evolución a partir de 2019, puede ser un hachazo para las prestaciones futuras.

La necesidad de apoyo de los mayores no tiene visos de desdibujarse, ya que los nuevos empleos que se crean son, en una abrumadora mayoría, eventuales. De los 15,1 millones de asalariados que hay en España, 11,25 millones disponen de un contrato indefinido. Sin embargo, en el último año (del tercer trimestre de 2015 al tercer trimestre de 2016), la  Encuesta de Población Activa (EPA) nos dice que el empleo indefinido, en plena recuperación, aumentó un 1,9%, mientras que el temporal lo hizo un 6,2%. En relación con el segundo trimestre de 2016,  el número de trabajadores fijos disminuyó (-29.100), mientras que aumentaba el de temporales (245.900 más en tres meses).

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El CETA ataca el Estado de derecho

Acto contra el TTIP y el CETA en Berlín.

El pasado 30 de octubre se firmó el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, que ahora entra en fase de ratificación en el Parlamento Europeo y en los parlamentos estatales. Para analizarlo, debemos partir de una premisa: con los llamados acuerdos de tercera generación no estamos hablando sólo de libre comercio, sino de acuerdos que van mucho más allá de eliminar las barreras a la importación y exportación de bienes y servicios. En realidad, el Acuerdo Económico y Comercial Global, nombre oficial del CETA, pretende crear un nuevo bloque económico, y para hacerlo plantea cambios profundos en materias esenciales de nuestros modelos de sociedad como la justicia, la prestación de servicios públicos, la regulación ambiental e incluso la manera en la que nuestras democracias regulan la actividad económica. 

No estamos hablando en ningún caso de un debate a favor o en contra del libre comercio. Estamos ante la creación de un nuevo bloque económico global, pero sin las necesarias herramientas de control democrático del mismo.

La primera víctima están siendo los elementos formales de la democracia parlamentaria. Las presiones al Gobierno de Valonia, que decidió alzar la voz contra el tratado, fueron más allá de los límites propios de una democracia. El Parlamento Europeo llevará a cabo una ratificación exprés, en apenas un par de meses, sin ningún debate a fondo.

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Así se recupera una empresa

Un trabajador de Mula Confort, en la fábrica de la empresa.

En las inmediaciones del polígono donde se ubica la empresa de colchones Mula Confort hace un viento que arrastra la tierra. Es un cuasidesierto en el interior de la Región de Murcia, al lado del pueblo de Mula. Desde una furgoneta bajan personas de Dinamarca, de Reino Unido y de otras regiones de España que vienen a ver cómo la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) trabaja en la recuperación de empresas, muchas en quiebra, convirtiéndolas en cooperativas. 

Mula Confort es una empresa recuperada hace tres años por 17 de los antiguos empleados de Colchón Comodón. Esta compañía muleña llegó a ser una de las primeras firmas del sector y daba trabajo a más de 150 personas. Llevaban diez meses sin cobrar, y sólo 17 de ellas quisieron intentar salvar la empresa, lo que implicaba incertidumbre y el riesgo de invertir todo el subdisio de paro que habían percibido. Los trabajadores pudieron quedarse con máquinas, algunas imposibles de encontrar en el mercado, en el concurso de acreedores.

"Vendemos ya unos 2.000 colchones mensuales", explica con orgullo al grupo de observadores Domingo García, uno de los impulsores de la cooperativa. "Hemos recuperado clientes a los que les hemos explicado que nosotros éramos los trabajadores de Colchón Comodón.  Lo que pasó fue que en el concurso de acreedores una persona se quedó con la marca, pero con ninguno de los que le dábamos el nombre. La calidad la hacemos nosotros, no la marca, pero la gente no lo sabe".

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"He visto cómo se ha pervertido el sistema financiero"

Raphael Nagel, en su despacho de Barcelona.

Nacido en Alemania hace 45 años e instalado en Barcelona después de que hace seis sufriera un infarto, Raphael Nagel trabajó durante de tres lustros en el sector financiero; principalmente para el gigante alemán Deutsche Bank, que hoy navega como un transatlántico agujereado. El exdirectivo asesora ahora a empresas, en especial pymes, a las que ayuda sobre todo a lidiar con la deuda. Nagel, que tiene plantada una gran bandera de Israel en su despacho –"un regalo", apostilla– se ha hecho un hueco mediático con sus críticas al gran capital y ha publicado un libro titulado Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra, en el que carga contra los desmanes del sistema financiero y recoge algunos casos de malas prácticas en España.

Economista con estudios de Derecho y Filosofía, niega ser "un banquero resentido" y se ha propuesto ayudar a combatir la exclusión financiera desde una fundación que lleva su nombre. Nagel habla mucho y parece callar más.

¿Un ex banquero que despotrica contra el sistema y lucha contra la exclusión financiera? Es inevitable pensar en un rico con mala conciencia.

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La oligarquía siempre sale ganando

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A mediados del siglo XIV se produjo una profunda crisis económica en Europa que afectó a todos los sectores sociales en prácticamente todos los países del continente. La crisis, que tuvo múltiples causas, se vio agravada por la llegada de la peste, que diezmó la población europea. 

Los nobles y las clases propietarias vieron enormemente reducidos sus ingresos y sus márgenes de beneficio en la extracción del plusproducto. Frente a ello la solución que encontraron fue bien sencilla y podría resumirse en algo así como: "Para que nosotros sigamos ganando más, alguien tiene que ganar menos". O, dicho en términos contemporáneos: abaratar los "costes de producción" para mantener los beneficios. 

En un clima general de subida de impuestos y ya de por sí malas condiciones de vida del campesinado, en Inglaterra se redactaron las leyes del trabajo:   "… ordenada por nuestro señor el Rey y por el consentimiento de los prelados, condes, barones y otros de su consejo, contra la malicia de los siervos que están en reposo y no están dispuestos a servir después de la pestilencia sin reclamar salarios excesivos… Sirvientes, tanto hombres como mujeres, deben ser obligados a servir, recibiendo el salario habitual... y que los que se nieguen a servir de una manera tal deben ser castigados con el encarcelamiento de sus cuerpos".

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