Opinión y blogs

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"El sistema inmobiliario sigue herido de muerte"

Raquel Rodríguez Alonso, en el parque del Oeste de Madrid.

Raquel Rodríguez Alonso convoca a Alternativas Económicas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en el corazón de la Ciudad Universitaria, donde imparte clases de urbanística y ordenación del territorio. La conversación tiene lugar un viernes por la tarde tras una dura semana de trabajo, circunstancia que no le impide hablar con pasión de los problemas de la vivienda en España, en especial de las dificultades de la población con menos recursos para acceder a un alquiler digno, la falta de respuestas a la crisis de los desahucios y la venta de pisos sociales a fondos buitre en la Comunidad de Madrid. También advierte de que el auge de los apartamentos turísticos no sólo presiona al alza los precios, sino que expulsa del centro de las ciudades a sus habitantes más vulnerables.

Nacida el primer día del año 1973 en Madrid, Rodríguez ha trabajado como directora de proyectos urbanísticos en una empresa privada de ingeniería y también ha ejercido la profesión por cuenta propia. Actualmente combina la labor docente e investigadora con la labor de asesora técnica de la concejalía del distrito de Moncloa-Aravaca. Es miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo (IDM), foro de reflexión surgido del 15-M, y colabora con el Observatori DESC, una plataforma defensora de los derechos ciudadanos con sede en Barcelona.

¿La crisis ha cambiado el modelo inmobiliario español? ¿Hemos aprendido de los errores cometidos durante la burbuja de principios de siglo?

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Aracoop, una apuesta por la economía social

Presentación del programa Aracoop, en Barcelona.

No sabemos cómo será el futuro del empleo, pero lo que está claro es que la juventud –que protagonizará el empleo del futuro– ya no quiere trabajar como antes. Cada vez es más sabido que para muchos jóvenes ya no es una opción el típico modelo de ir a buscar empleo y golpear 50.000 puertas, hasta que –tal vez sí, tal vez no–, se abra una que permita obtener un salario precario.

Los jóvenes se están organizando. El cooperativismo en particular, y la economía social en general, se vislumbran cada vez más como una de las fórmulas de organización idóneas para los nuevos tiempos.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en muchos lugares, los gobiernos están comenzando a verlo. Se está empezando a apostar por la economía social de verdad.

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Un desarrollo local para la mayoría

La crisis económica se ha convertido en una crisis social, y la política económica local está fallando. La pobreza, la desigualdad, el acceso a la vivienda, los salarios bajos y el trabajo inseguro han arraigado en nuestras ciudades. Necesitamos un nuevo urbanismo radical que nos permita afrontar estos problemas y ofrecer mejores resultados sociales a gran escala.

La ironía es que en nuestras ciudades no falta riqueza. Mientras una minoría de personas y de zonas disfruta de enormes beneficios ligados al éxito económico, muchas otras, no. Basta pasear por el centro de cualquier localidad: cuando uno se aleja de los grandes almacenes y las tiendas locales, los restaurantes bulliciosos, los gloriosos espacios públicos, las nuevas zonas residenciales urbanas y los pequeños comercios del final de la calle, se pasa a otra historia. No siempre se puede ver la pobreza y la desesperación, porque muchas áreas han sido objeto de una regeneración física, externa, pero se observan señales. Hablar con la gente o con las organizaciones no gubernamentales hace evidentes de inmediato las dificultades de sobrevivir a las dificultades diarias con bajos sueldos, desempleo juvenil y costes crecientes de la vivienda. El futuro debe pasar por que la riqueza ya existente y la nueva riqueza funcionen mejor para la gente.

Un desarrollo económico local progresista ofrecería buenos empleos, mejores pagas, más riqueza y mejor sanidad, vidas realizadas y esperanza. Los ciudadanos tendrían incentivos para crear sus propios empleos. La riqueza fluiría, en lugar de quedarse pegada a los más ricos, dejando sólo migajas entre quienes disponen de menos recursos. Para conseguirlo, necesitamos una política económica local más activa, que se preocupe más por los ciudados sociales, que sea innovadora y que experimente a la hora de enfrentarse a la pobreza y a la desigualdad.

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La incubadora de empresas más especial

El centro autogestionado Can Batlló, en Barcelona.

Los que siguen operando con los prejuicios que asocian por definición todas las experiencias okupas a la indolencia y hasta la delincuencia deberían pasarse, aunque fuera a paso ligero, por Can Batlló, el impresionante laboratorio autogestionado de la economía solidaria construido en Barcelona sobre  los inmensos terrenos —tan grandes como el campo del Barça— de lo que alguna vez fue una fábrica textil de la familia Muñoz-Ramonet. Y eso que aún falta una pieza que ya está camino de convertirse en realidad y que es la que más haría saltar en pedazos los clichés: el proyecto Coopolis, la más ambiciosa apuesta autogestionada para replicar sin tapujos las mejores experiencias internacionales de apoyo a la creación y el acompañamiento de empresas. Eso sí: específicamente dirigido a la economía social y solidaria.

Coopolis, un proyecto salido de la factoría de La Ciutat Invisible y en particular de la cabeza de uno de sus socios, Hernán Córdoba Mendiola, se empezó a idear en 2012, poco después de la ocupación de Can Batlló, y parecía destinado a dormir el sueño de los justos ante la magnitud de los recursos que hay que movilizar para hacer realidad esta especie de Barcelona Activa de la economía solidaria: la idea es rehabilitar una de las naves para dedicar hasta 4.500 metros cuadrados a servicios de información general para la creación de empresas, formación, gestión, vinculación con el territorio y, sobre todo, fermento de nuevos proyectos empresariales con el máximo grado de profesionalización posible e incubadora de hasta una cuarentena de start ups de la economía solidaria, además de sede para siete empresas tractoras, ya consolidadas, que sirvan de ejemplo y ayuden a la creación de red.  

Sin embargo, la cuenta atrás para la construcción de este macroespacio autogestionado no sólo en un papel, sino de verdad, ha empezado ya al obtener sus promotores el respaldo financiero del Ayuntamiento de Barcelona, que ha comprometido cinco millones de euros entre 2017 y 2019 para la rehabilitación y adecuación del espacio, y de la Generalitat, que a través del proyecto de Ateneos Cooperativos, en el marco del programa Aracoop de fomento del cooperativismo, aportará cerca de 300.000 euros para ponerse a trabajar desde ahora: el objetivo de los promotores —La Ciutat Invisible, el estudio de arquitectos La Col y la Asociación para el Impulso de la Economía Cooperativa y Comunitaria de Sants-Montjuïc— es contar en primavera con una especie de Zona Cero, provisional, dentro de Can Batlló, de unos 400 metros cuadrados, para avanzar en el proyecto a la vez que empieza a prestar servicios.

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La nueva ciudad del siglo XXI

La ciudad actual es un resultado del sistema productivo que surge de la segunda revolución industrial del siglo XX. Este nuevo sistema productivo tiene su pleno desarrollo durante la segunda mitad del siglo, y en España, sobre todo, a partir de los años sesenta.

Una economía basada en la fábrica y en las tecnologías del proceso industrial, con un modelo de movilidad centrado en el vehículo automóvil y el motor de combustión interna; un sistema energético basado en la electricidad y en los derivados del petróleo, junto con otros factores, determinan un urbanismo que lleva a la ciudad dispersa en el territorio, a la especialización de usos urbanísticos y a la creación de nuevos espacios de actividad económica que se desarrollan en los polígonos industriales situados fuera de las ciudades.

Pero actualmente estamos en pleno proceso de cambio del sistema productivo, hacia un nuevo modelo en el que la fábrica industrial tradicional se transforma en una cadena de valor global. Un nuevo sistema productivo en que cada elemento se relaciona con otros muchos, y todo el conjunto suele estar coordinado por uno o varios agentes que dominan la cadena de valor global. En este sistema, la innovación es el factor clave de la competitividad, resultado del conocimiento y de la creatividad, del talento de las personas. Estas personas desean vivir en una ciudad distinta, en un nuevo modelo de ciudad, la ciudad del siglo XXI. 

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Italia impulsa las finanzas éticas

Palacio Madama, sede del Senado de la República Italiana, en Roma.

El gran salto de las finanzas éticas es uno de los factores clave que explican el auge de la economía social y solidaria, que ha accedido a fuentes de financiación que antes tenía vetadas, lo que a su vez ha ayudado a crear nuevos proyectos y a reforzar los existentes. Y eso que hasta ahora las finanzas éticas han ido avanzando al margen de los poderes públicos, que, salvo excepciones, las han tratado como si no existieran y en ocasiones incluso con suspicacia.

Pero algo se mueve: el pasado noviembre, el Senado italiano hizo un reconocimiento expreso a las finanzas éticas con el apoyo de todas las fuerzas políticas y dentro de la Ley de Presupuestos, coincidiendo además con un momento de gran fragilidad del sistema financiero convencional. La novedad trasciende Italia porque el espaldarazo es al máximo nivel. Hasta ahora, como mucho se habían conseguido gestos a nivel municipal –también en España–, pero no de una relevancia institucional equivalente.

El texto aprobado no tiene sólo carácter simbólico, sino que incluye desgravaciones fiscales y, sobre todo, aporta una definición muy concreta de qué se entiende por finanzas éticas. Esta concreción permite superar las definiciones genéricas, y además con rango de ley, lo cual dificulta el intento que puedan llevar a cabo las entidades bancarias convencionales para apropiarse de la marca finanzas éticas como herramienta meramente de mercadotecnia. Los indicadores que se establecen son en algunos casos muy concretos, como la exigencia de repartir los beneficios, la existencia de canales de participación democrática y un tope de 5 a 1 en la brecha salarial.

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Las ganancias ilícitas de la banca

Manifestación contra los abusos bancarios.

La acumulación de condenas judiciales a la banca por los cobros indebidos en distintos tipos de abusos ha puesto al descubierto que una parte de los ingresos de las entidades financieras y por lo tanto de sus beneficios han sido ilícitos. Los jueces europeos sancionaron el pasado diciembre a los bancos españoles a restituir a los ciudadanos lo que les habían cobrado de más a través de las cláusulas suelo al considerarlas abusivas y sin efectos para el consumidor.

Las cláusulas suelo son unos límites que los bancos establecieron en los préstamos hipotecarios, en torno al 3%, que impedían a los titulares de estos créditos beneficiarse de la bajada de los tipos de interés. Constituían un seguro para los bancos, aunque lo enmascaraban con unas cláusulas techo del 15% al 20% para simular que también se protegía al consumidor si los intereses subían, lo cual era claramente improbable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el pasado 21 de diciembre que estas cláusulas eran nulas y que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más a sus clientes desde el momento en que se incluyeron estas cláusulas.

El TJUE se ha convertido en el gran defensor de los consumidores españoles con una serie de sentencias que han anulado diversos tipos de cláusulas abusivas establecidas unilateralmente por la banca en los préstamos hipotecarios. La primera de estas sentencias fue la conocida como el caso Aziz, que estableció que se podía alegar la existencia de una cláusula abusiva para paralizar un procedimiento de desahucio. En España los desahucios han sido el gran drama de la crisis. Unas 110.040 familias han perdido su vivienda entre 2012 y 2014, según el Banco de España. Esta cifra hay que elevarla a más de 320.000 si se consideran los desahucios de primeras viviendas desde que empezó la crisis en 2008, según Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

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Economía social: ¿al fin en primera división?

Presentación del programa Aracoop de fomento de la economía social, el miércoles en Barcelona.

La economía social tiene desde hace muchos años un impacto considerable en la actividad económica de España, que según datos del sector llega a alcanzar el 10% del PIB y el 12,5% del empleo. Y sin embargo, en los clichés oficiales del debate público la economía social sigue asociándose en general a actividades en los márgenes: gente cargada de buenas intenciones, voluntariosa y bienintencionada pero a menudo utópica o relacionada más bien con la beneficiencia o el voluntariado. Con poco peso real, pues, en la economía que cuenta de verdad.

Este era el cliché dominante, que condenaba la economía social a la Segunda División en el mejor de los casos, incluso a pesar de las cifras nada desdeñables que puede exhibir. Pero algo está cambiando a gran velocidad: de un lado, el sector mismo ha dado un salto de ambición, espoleado por la crisis, que le he ha permitido irrumpir en áreas estratégicas de la economía tan importantes como la banca (con  Fiare Banca Etica y Coop57 ensanchando el espacio de las cooperativas de crédito), la energía ( Som Energia) o las telecomunicaciones ( Eticom Somos Conexión), un fenómeno que hemos analizado en un Dossier reciente de Alternativas Económicas. Y del otro, algunas Administraciones han empezado a  situar la economía social en el centro mismo de las políticas económicas como eje central de una apuesta por un cambio de modelo.

La presentación del programa Aracoop, ayer en Barcelona, es un buen ejemplo de esta tendencia, que empieza a situar a la economía social al fin en la Primera División. Aracoop es un programa de apoyo y fomento de la economía social –y muy en especial del cooperativismo– impulsado por la Generalitat de Catalunya y la participación del sector, que cuenta ya con tres años de vida. Sin embargo, la edición que arranca ahora trata de dar precisamente ese salto de ambición de colocar la economía social en el centro de la política económica y no sólo alabándola, pero en los confortables márgenes.

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La incorporación de criterios sociales a la contratación pública

Autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

El objetivo de la economía social y solidaria (ESS) es impulsar alternativas económicas donde primen valores como equidad, sostenibilidad ambiental y social, solidaridad e inclusión, tal como recoge la Carta de principios de la economía solidaria, espina dorsal que define y articula este movimiento económico y social. No es difícil imaginar en el actual contexto de colapso civilizatorio y de crisis multidimensional los múltiples retos que la ESS tiene por delante: viabilidad económica y social, escalabilidad, generación de nuevos imaginarios...

Si bien todos son importantes para la transformación social que persigue como fin último, hay uno que resulta especialmente estratégico, tanto por sus dimensiones de impacto directo como por sus posibilidades de contagio. Hablamos de contratación pública responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las Administraciones públicas desde criterios sociales y medioambientales relacionados con la equidad social, el medio ambiente y la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios.

Como establece David Comet, coordinador de compra responsable de IDEAS, "que la contratación administrativa persiga objetivos sociales y ambientales como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la inclusión social o el respeto a los derechos humanos, y que no se limiten solamente a garantizar la provisión de un servicio o suministro al uso, es una poderosa herramienta para cambiar la sociedad y sus formas de relación laboral, económica, social, medioambiental, familiar, etcétera".

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Un 'sí' a la Unión Europea, pero...

La UE atraviesa un periodo de parálisis institucional y estancamiento económico.

Qué lejos estamos de la Europa de progreso social que nos prometieron. La realidad actual es una Unión Europea en una situación de parálisis institucional, bloqueo político, estancamiento económico, creciente desigualdad social y una amplia frustración de los ciudadanos.

El Brexit ha sido un ejemplo del descontento de amplios sectores sociales. En 2017 veremos qué opinan franceses, holandeses y alemanes después de sus elecciones.

El neoliberalismo ha desbordado las ideologías tradicionales y se presenta como el único modelo posible. Buena parte del socialismo y de la socialdemocracia parecen haber renunciado a proponer un modelo alternativo.

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