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Por qué mercado y Estado son complementarios

El premio Nobel francés, Jean Tirole, durante una conferencia en la Universidad de París.

El ingeniero y economista francés Jean Tirole, premio Nobel de Economía en 2014, ha realizado un trabajo extraordinario de reflexión y divulgación de los principales conceptos económicos y una exposición de los desafíos más destacados y posibles soluciones que afrontan los ciudadanos. En las 577 páginas de La economía del bien común (Taurus), el presidente de la Toulouse School of Economics aborda con un lenguaje asequible para los no especialistas prácticamente todos los problemas económicos que ocupan el actual debate político y social. La excelente traducción de María Cordón contribuye de manera decisiva a conseguir el propósito del autor de hacer más comprensibles sus argumentos.

El propósito del profesor Tirole es compartir su pasión por la economía y sus conocimientos con los lectores y exponer el resultado de su investigación, "basada en el enfrentamiento entre la teoría y la práctica". Su idea sustancial es que "la economía está al servicio del bien común; su objetivo es lograr un mundo mejor". 

Aunque el autor señala que la economía "rechaza tanto la supremacía del mercado como la supremacía del Estado", es bien significativo el párrafo de arranque del libro: "Desde el rotundo fracaso económico, cultural, social y medioambiental de las economías planificadas, desde la caída del muro de Berlín y la metamorfosis económica de China, la economía de mercado ha pasado a ser el modelo dominante, por no decir exclusivo, de organización de nuestras sociedades".

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La economía solidaria, a la ofensiva

Participantes en el encuentro de economía solidaria en Atenas.

La economía social y solidaria (ESS) tiene la ambición de contribuir a transformar la sociedad y no sólo de asumir las tareas de cuidados paliativos, el papel que demasiado a menudo le asignan las instituciones. El encuentro europeo de RIPESS, la organización mundial de economía solidaria —el segmento más combativo de la economía social—, celebrado a principios del verano en Atenas, mostró la voluntad de pasar a la ofensiva con iniciativas económicas ambiciosas sin dejarse encorsetar por la lógica del capitalismo, que querría limitar su papel a funciones asistenciales. 

Esta idea-fuerza recorrió el encuentro bienal, que durante tres días reunió a representantes de todo el continente y también a ponentes de América Latina. Y desde el arranque mismo, en la sala de actos de la Universidad de Agricultura, cuando Jason Nardy, portavoz de RIPESS, proclamó: “¡Queremos democratizar la economía y cambiar la sociedad!”. Patricia Coler, del francés Movimiento para la Economía Solidaria (MES), le secundó en seguida: “No somos una economía de la reparación de lo que el mercado no hace bien, sino una economía de la emancipación y la transformación”.

Los tremendos efectos sociales de la crisis económica, que en Grecia son especialmente graves después de seis años de políticas de austeridad extrema impuesta por la Troika con el rescate financiero, son el caldo de cultivo ideal, advirtió Karoulas Kavoulakos, de la Universidad de Salónica, para tratar de arrinconar a la economía social y solidaria exclusivamente en el sector de los cuidados en un contexto de “retirada del Estado” que, además, promueve que “el sector privado lucrativo asuma tareas que antes estaban cubiertas por derechos sociales”. Pero al mismo tiempo, en este marco tan adverso la economía solidaria ha dado un gran salto en Grecia por exactamente las mismas razones, como puso en evidencia Andreas Karitzis, del nodo de economía social Komvos surgido en Atenas en 2016: “El sistema económico y político tradicional se ha hecho más cerrado y pequeño, mientras que muchos ciudadanos se han organizado para resistir creando redes de economía solidaria, basada en valores muy distintos y en la ayuda mutua”.

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Los inquilinos se organizan para defender sus derechos

Manifestación contra los desahucios en Barcelona.

Barrio a barrio, informando a los vecinos en sus respectivas asociaciones. Han sido los primeros pasos en los que se ha volcado en sus escasos meses de vida el primer sindicato de inquilinos constituido en España, presentado en mayo pasado en Barcelona con la defensa del derecho a la vivienda y el fin de los abusos inmobiliarios por bandera, tras estudiar las experiencias, en algunos casos centenarias, existentes en Suecia, Alemania y Austria. 

En el punto de mira de la nueva organización se sitúa la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), cuya reforma de hace cuatro años considera lesiva para los inquilinos en tanto que ha dado mayor poder a los propietarios frente a los inquilinos, con medidas como la reducción de cinco a tres años de la primera prórroga obligatoria que se firma de un contrato de alquiler.  

¿Cómo calibrar si una iniciativa de este tipo tiene o no éxito? Jaime Palomera, portavoz del nuevo sindicato, reconoce que las realidades catalana y española de la vivienda requerirán que esta organización adopte “características singulares” con respecto a las de otros países. Se refiere a las décadas de fuerte apoyo a las políticas de promoción de la vivienda en propiedad e incluso la estigmatización del alquiler, régimen bajo el cual hoy viven 200.000 barceloneses y 10 millones de españoles.

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Energía: basta ya con el hecho diferencial

Algo grande está pasando en el mundo. Por primera vez se ha invertido más en ahorro, eficiencia y renovables que en extracción de carburantes. En Alemania, la Administración local se compromete en la distribución para impulsar el autoconsumo. En Holanda, las compañías deben elegir qué actividad quieren desempeñar (distribución, comercialización o producción) para evitar la posición de dominio. En Bruselas se ha instalado tanta potencia fotovoltaica en un año... ¡como en toda España! La Comisión Europea habla de autoconsumo, de prosumidor —productor y consumidor energético—, de agregador energético...

En cambio, cuando en España nos ponemos a hablar de energía, ello se asocia a un problema en lugar de a una oportunidad. A pesar de ser muy ricos en irradiación solar, estamos siendo tremendamente pobres en voluntad política.

Las explicaciones de este hecho diferencial pueden ser diversas, pero hay un factor principal: el marco regulatorio, pensado no tanto para la defensa del interés general como para la protección de los intereses económicos y de poder de las empresas del sector.

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"La idea de que el Estado somos nosotros ha desaparecido"

J. H. H. Weiler, catedrático de la Universidad de Nueva York.

François de Chateaubriand, autor de Memorias de ultratumba, en su último discurso en la Asamblea Nacional francesa se lamentaba de que sus profecías fuesen ignoradas por la clase política, y que sólo le quedaba sentarse sobre los escombros de un naufragio previsto de antemano. Sentimientos parecidos debe albergar Joseph H. H. Weiler, catedrático de la Universidad de Nueva York después de serlo en Harvard, quien hizo sonar la alarma, mucho antes de que empezase la eterna crisis de la Unión Europa, de la necesidad de reformas democráticas urgentes para prevenir males posteriores. Dos años antes que Donald Trump presentase su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, Weiler dio por finiquitada la pax americana en una conferencia magistral. Cuando David Cameron convocó el referéndum sobre el Brexit lo calificó de “erupción de fatales consecuencias”.

Weiler (Johannesburgo, 1951) es una figura insoslayable del derecho internacional y de la Unión Europea, lo que le llevó a ser presidente del prestigioso Instituto Universitario Europeo en Florencia. Sus publicaciones académicas han sido recompensadas con trece doctorados honoris causa y es fundador y editor de la European Journal of International Law (Oxford), considerada una de las publicaciones más influyentes en materia de derecho internacional y donde no pierde ocasión de recomendar literatura en español (Ribeyro, Unamuno, Baroja...), lengua que domina además del inglés, francés, alemán, italiano y hebreo. La entrevista que sigue tuvo lugar en su despacho de la Universidad de Nueva York.

Usted considera que la Unión Europea se ha ido transformando de comunidad de conveniencia en comunidad de destino, ¿a qué se refiere?

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Banca ética: adiós a la utopía

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Oficina de Fiare Banca Ética en Bilbao.

Si en alguna de las muchas asambleas que proliferaban en España cuando estalló la crisis alguien hubiera pedido la palabra para proponer la creación de un banco propiedad de la gente que financiara las iniciativas para transformar la sociedad, lo más probable es que a más de uno se le escapase una sonrisa condescendiente. Y quizá habría incluso algún grito: “¡Y yo quiero la luna”. U otro: “¡Y jamón gratis!”.

Ahora este banco ya existe: tiene ficha del Banco de España para operar desde julio de 2014 y aquí lo hace con el nombre comercial de Fiare Banca Etica.

En España la entidad es todavía muy pequeña, con 2.400 personas y organizaciones socias —los propietarios de la entidad, que deciden las líneas maestras en la Asamblea—, 5.400 clientes y 3,1 millones de euros de capital social. Pero el banco en su conjunto, fruto de la fusión entre los proyectos hermanos de España e Italia, empieza a tener dimensiones destacables porque la experiencia italiana suma ya dieciocho años de funcionamiento exitoso: Banca Etica, que es como se llama la entidad financiera fruto de la fusión, cuenta en total con 40.000 socios, 80.000 clientes y un capital social de 60 millones. Y el 2016 cerró con 4,3 millones de beneficios, que se destinarán, como siempre, a reforzar capital y a financiar proyectos de economía social puesto que nunca se reparten dividendos.

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La Audiencia Nacional debate si da carpetazo a las cuentas de Bankia

El ex presidente de Bankia Rodrigo Rato

Los magistrados de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional comenzaron el viernes a analizar los recursos presentados en el caso Bankia. La cuestión de fondo son las serias discrepancias existentes entre los contundentes informes de los peritos judiciales, que establecieron 17 graves falsedades contables en las entidades del grupo bancario, y el reciente escrito del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, que las niega.

El fiscal ha limitado las responsabilidades del caso al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al que pide cinco años de cárcel, al ex vicepresidente José Luis Olivas y a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. La decisión de Luzón supone además una importante rebaja de las responsabilidades que había establecido el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que ha acordado procesar a las entidades BFA y Bankia, a 31 directivos y al auditor Francisco Celma. Es especialmente significativo el recurso presentado por el sindicato Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representado por el abogado Andrés Herzog.

La rebaja de responsabilidades establecida por el fiscal Luzón choca frontalmente con los exhaustivos trabajos realizados los peritos judiciales durante los últimos cinco años. Los peritos judiciales Antonio Busquets Oto y Víctor Jesús Sánchez Nogueras presentaron el pasado mayo sus terceros informes sobre el caso Bankia (718 páginas en total) en los que se ratificaron en sus conclusiones sobre la “falsedad de la información contable” que ya habían detectado en sus trabajos anteriores. Los peritos, que fueron designados por el Banco de España atendiendo a la petición del juez Fernando Andreu, realizaron dos extensos informes previos en diciembre de 2014 y febrero de 2015, en los que ya establecieron la falsedad de las cuentas de 2010 de Caja Madrid, Banco Financiero y Ahorro (BFA) y otras entidades y del primer trimestre de 2011 del Grupo Bankia y BFA.

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La UE debe cambiar el rumbo

El resultado de las elecciones presidenciales francesas ha dado un respiro temporal a la amenaza que supone una creciente extrema derecha en Francia y en la Unión Europea. Se ha ganado un tiempo precioso para intentar dar respuestas a los muchos problemas que preocupan a los ciudadanos. No será fácil, pero sólo un decidido cambio de rumbo puede permitir encauzar la compleja situación. De lo contrario, el futuro de Francia y de la Unión Europea será muy oscuro.

El desequilibrio entre el poder económico y el poder político es enorme, lo que facilita la concentración de riqueza y de poder en pocas manos, el empobrecimiento del resto y pone en peligro a la democracia. Hay que ofrecer una alternativa viable al modelo neoliberal actual, no basada en aplicar medidas antisistema, sino en promover una revolución reformista que permita devolver el sentido común a la sociedad y a la economía. 

Se proponen cinco grandes líneas de actuación. La primera es conseguir un modelo de sociedad en el cual la economía esté sometida a la política. El crecimiento económico evidentemente es básico, pero para el ser humano también son importantes la libertad, la democracia, la justicia, los sentimientos, la familia, el trabajo y la cultura. 

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“Si la izquierda no encuentra un relato, tiene un problema”

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Mariana Mazzucato, directora del Instituto para la Innovación y la Utilidad Públicas (UCL)

Mariana Mazzucato es una destacada economista italoestadounidense que lleva años deconstruyendo el mito del jovencito que emprende solo un gran negocio en el garaje de su casa. Entendámonos: ya sabemos que Steve Jobs era un genio, eso nadie lo pone en duda, pero algunas novedades que incluyó en un teléfono iPphone —como la pantalla multitáctil, el sistema de reconocimiento de voz Siri o el de geoposicionamiento—, subraya Mazzucato, son el resultado de años de investigación básica y de miles de millones de dólares financiados por el Estado. El mismo que tuvo la ambición y la visión de mandar a un ser humano a la Luna y de desarrollar las comunicaciones por Internet, inicialmente para usos militares.

Mariana Mazzucato nació en Roma en 1968. A los cinco años su familia se trasladó a Estados Unidos, donde primero estudió Historia y Relaciones Internacionales, y después, Historia y Teoría Económicas en la New School for Social Research de Nueva York. New Republic la consideró en 2013 una de las pensadoras más importantes en materia de innovación, sobre la que asesora a gobiernos y empresarios. Ha enseñado en distintas universidades de varios países. Es fundadora y directora del Instituto para la Innovación y la Utilidad Públicas, del University College de Londres (UCL). 

Después de publicar El Estado emprendedor (RBA), señalado como uno de los libros del año 2014 por The Financial Times, la experta en innovación no es la persona más popular en Silicon Valley. Los economistas ortodoxos insisten en que la innovación requiere tener a los gobiernos bien lejos. Sin embargo, para Mazzucato, que conversó con Alternativas Económicas poco antes de dar una conferencia en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), los ortodoxos ni siquiera comprenden la naturaleza y las trampas del sistema capitalista, que en un libro más reciente urge a “repensar”. 

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Grecia: entre el desencanto y la resignación

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Protesta contra los recortes en Salónica.

Alexandro, Panagiotis y Katerina están nerviosos. Están a punto de ser padres y abuela, respectivamente. La sala de espera en la quinta planta del Aleksandra ofrece una perspectiva cargada de simbolismo: entre las ajadas paredes del hospital público más grande de Atenas, maltrechas tras años de recortes en el mantenimiento, asoma el hotel Hilton. Es el lugar donde la Troika (formada por la UE, el FMI y el BCE) recibe al Gobierno cada vez que hay que evaluar el memorándum. En Grecia el Gobierno no recibe a la Troika; la comisión negociadora de los acreedores se instala en el Hilton y son los ministros griegos de Economía o Finanzas los que se desplazan allí.

Los partos han ido bien. Las parejas de Aleksandro y Panagiotis y la hija de Katerina están a punto de ser trasladadas a planta. Los familiares deben elegir si quieren habitaciones con dos o con seis camas. Tras las cinco reformas sanitarias impuestas por la Troika desde 2010, las hospitalizaciones en los centros públicos no son gratuitas. Las habitaciones dobles cuestan 40 euros diarios. Las personas con menos recursos van a las habitaciones con seis camas, en donde el copago se limita a 10 euros por día.

A pesar de todo, la situación ha mejorado desde 2015. En 2012, la Troika decidió excluir del sistema sanitario a las personas en edad activa que no cotizaran. El paro entonces superaba el 20%; millones de personas se quedaron sin prestación sanitaria. Como respuesta, se crearon decenas de centros de salud autogestionados, que funcionaron intensamente hasta que el Gobierno de Syriza-Anel aprobó una ley que volvía a universalizar la sanidad. Muchos de los profesionales voluntarios en las clínicas y farmacias autogestionadas recondujeron sus esfuerzos a la atención del alud de refugiados.

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