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Admitida a trámite la demanda del coronel Lezcano-Mújica contra Irene Lozano y Zaida Cantera
El juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha admitido a trámite la demanda presentada por el coronel José Lezcano-Mújica contra la excomandante del Ejército Zaida Cantera e Irene Lozano, ambas candidatas de la lista del PSOE por Madrid, ante las supuestas “ofensas y calumnias” vertidas en un programa de televisión y en el libro 'No, mi general', a raíz del acoso sexual sufrido por la exmilitar y por el que el coronel fue condenado.
Según ha explicado a Europa Press el abogado del coronel, Fernando Osuna, la notificación sobre la admisión a trámite de esta demanda por la vía civil fue recibida este mismo lunes y se produce después de la demanda que el militar interpuso ante la jurisdicción militar contra Cantera y que fue archivada por el juez togado militar central, que no vio “insulto alguno” ni “expresiones vejatorias o insultantes”.
La demanda pide la apertura de un juicio ordinario y que se determine el “menoscabo del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar” de Lezcano-Mújica, que fue condenado a dos años y diez meses de cárcel por acosar sexualmente a la entonces capitán Zaida Cantera.
La demanda también quiere que las dos candidatas socialistas rectifiquen la publicación y sean condenadas a indemnizar “por daños morales y profesionales” con 30.000 euros al mando militar condenado.
“Esta demanda trae causa como causa, la vulneración del derecho al honor que ha sufrido mi representado; consecuencia del absoluto linchamiento mediático que lleva padeciendo desde hace dos años”, mantiene la defensa del coronel, que habla de que Lozano y Cantera practican un “acoso y derribo público” dirigido “estratégicamente por ambas”, que “se esfuerzan en destruir la vida de mi mandante”.
Así, se asevera que su objetivo es “pedir amparo a la justicia” para que “de manera radical finalice este ajusticiamiento mediático y la reproducción de insultos”. De la misma forma, dicen perseguir que la opinión pública sea “consciente de la realidad de los hechos, pues tiene derecho a una información veraz”; que ambas “cesen inmediatamente en sus acciones ilegales de intromisión ilegítima al honor, retractándose de las mismas” y que “finalicen en la exposición pública de mentiras e insultos”.