Las prioridades de Bruselas no son sus ciudadanos

Si Adenauer, Monnet, Schuman, o Gaspieri levantaran la cabeza, la Europa cuya paternidad se les atribuye, les avergonzaría tan profundamente que con seguridad pedirían una prueba de ADN que demostrara que la Europa de Merkel, Durao y Van Rompuy, nada tiene que ver con el ideal de conseguir un espacio de solidaridad que contrarrestara los particularismos nacionales.

La Comisión Europea ha llegado a la muy “solidaria” conclusión de que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras para evitar desahucios a familias en riesgo de exclusión social ... ¡puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca!

Dicen desde Bruselas que el decreto de la Junta de Andalucía “va más allá de la necesaria protección a las familias más vulnerables y no puede convivir con los requisitos para preservar la estabilidad financiera”.

La lectura de la carta remitida por Bruselas al Gobierno de Mariano Rajoy es todo un antídoto contra el europeísmo, del que casi todos nos contagiamos hace unas décadas, y una brutal declaración de intenciones, en la que esa Europa soñada por tantas generaciones de españoles demuestra hasta que punto ha sido “raptada” por el ultraliberalismo económico, rendida a los “encantos” de los bancos y absolutamente impasible ante las penurias por las que atraviesan sus ciudadanos.

La epístola de Bruselas recibida en Madrid es más propia del Consejo de Administración de una multinacional, que de una institución a la que se le supone una altura de miras, en la que la ciudadanía debería estar siempre en el primer lugar de sus preocupaciones.

Una Europa que dice por escrito que “España está obligada a hacer honor a los compromisos contraídos para la puesta en marcha del Memorándum de Entendimiento de Ayuda a la Banca y a evitar cualquier impedimento que impida que culmine el proceso de reforma financiera”.

Pues si, como dice Bruselas, “España debería hacer honor a los compromisos contraídos”, pero antes de con los bancos, con sus ciudadanos, a quienes en la Constitución en vigor garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, pilares todos ellos en gravísimo riesgo, precisamente por las insaciables exigencias europeas para mayor gloria de la cuenta de resultados del Bundesbank.

Una comunidad con casi 1.100.000 parados -un 37% de su población- y con más de un 66% de menores de 25 años sin trabajo y lo que es peor, con escasas esperanzas de conseguirlo, no puede asistir impasible a una deriva comunitaria, en la que cada decisión es un nuevo clavo sobre su ataúd.

Que la máxima preocupación de la Comisión Europea para con Andalucía sea la estabilidad de la banca, en lugar de la supervivencia de más de un millón de sus ciudadanos, lo dice todo. No hemos escuchado a Bruselas manifestar su preocupación por el recorte en las becas para los alumnos andaluces, tampoco sobre el limbo en que se pierden las prestaciones de la ley de dependencia, mucho menos sobre los impedimentos puestos por el Gobierno para impedir las subastas de medicamentos que abaratarían sustancialmente la factura farmacéutica. Nada, absolutamente nada, hemos escuchado desde Europa que pueda ser reconocible por la ciudadanía, como un gesto para mejorar su futuro.

La otrora denostada como “Europa de los mercaderes”, incrementa día a día y decisión a decisión su fama de aliada incondicional del capital. Mala cosa para el futuro de millones de ciudadanos, repartidos en 27 países y que entre el 22 y 25 de mayo del año que viene pueden lanzar un mensaje demoledor para el futuro de esa Europa implacable e insensible para con sus problemas y complaciente hasta la náusea con quienes la mayoría de europeos identifican como causantes de sus males.

Con su vergonzante epístola sobre el decreto andaluz, la Unión Europea, lanza un aviso a quienes pretendan salirse del redil; y lo que es peor, un mensaje a sus ciudadanos de que, en Bruselas, solo hay oídos para cantos financieros. Con esa carta, la Unión Europea ha pasado a mejor vida.