La Guardia Civil identifica a dos personas pero no impide el izado de la bandera republicana en Ayamonte

Dos vecinos de Ayamonte (Huelva) han sido identificados esta mañana por la Guardia Civil tras colocar la bandera republicana en un balcón del Ayuntamiento, cumpliendo así un acuerdo plenario, pero en contra de un auto judicial que prohibía que la bandera se colocase.

Los dos identificados son el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Juan José Santana, y el de Recuperemos Ayamonte, Manuel Arenas, que han ubicado la bandera en un balcón municipal.

Santana ha dicho a eldiario.es/andalucia que “aunque parezca lo contrario”, las personas que han participado en el acto “hemos cumplido con el auto, porque el juez prohíbe que la bandera sea izada u ondee, y lo que hemos hecho ha sido ponerla en la barandilla del balcón, no en un mástil”.

A la Plaza de la Laguna de Ayamonte, donde se encuentra el Ayuntamiento, se ha desplazado una discreta presencia de las fuerzas del orden, resumida en una pareja de la Guardia Civil, “que nos ha identificado tras indicarnos que ellos solo estaban allí para controlar lo que pasaba, y de una forma educada nos han pedido nuestros datos personales”.

“Suponemos que nos denunciarán, pero no hemos hecho nada ilegal”, ha argumentado el portavoz de IU, arropado por la cúpula de su partido a nivel provincial, o el portavoz de su partido en el vecino pueblo de Lepe, Javier Valderas, entre otros cargos.

No han acudido, ha dicho, miembros del PSOE local, “aunque sí los chavales de Juventudes Socialistas, que sí nos han apoyado, igual que la dirección de mi partido”.

Cuando la bandera llevaba colocada poco más de 5 horas, ha sido retirada por orden de la titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Huelva. Sus promotores han vuelto a reiterarse en que su acción es legal, pero la bandera se ha retirado.

Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es/andalucia señalan que en España son muy pocos los precedentes de denuncias a personas por colocar banderas republicanas, ya que la mayoría de delitos o faltas similares se han producido por ultraje a la actual enseña nacional, no por enarbolar o colgar la republicana.

Uno de los precedentes más llamativos ocurrió en 2006, cuando Jaume d´Urgell, en el transcurso de una manifestación en Madrid para reivindicar el abaratamiento del coste de la vivienda y protestar por la elevada tasa de precariedad laboral, escaló la fachada del edificio de los Juzgados del Contencioso-Administrativo, quitó la bandera española y colocó una republicana. Fue condenado a pagar una multa de seis euros diarios durante siete meses, 1.260 euros.