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La justicia suspende el decreto que permite al Ayuntamiento de Zaragoza no contratar a empresas condenadas por operar en paraísos fiscales

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero.

Óscar F. Civieta

Zaragoza —

El Tribuna Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspende de manera cautelar, a solicitud de la Abogacía del Estado, el decreto del Ayuntamiento de Zaragoza que, entre otras cosas, permitía al Consistorio “no conceder adjudicaciones o rescindir contratos a empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales”.

También este jueves, según informa EFE, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha confirmado que la Delegación del Gobierno ha llevado finalmente a los tribunales el decreto. 

La propia delegación instó al Ejecutivo municipal a retirar el decreto aduciendo que “vulnera el derecho a la libre competencia”. El equipo de gobierno no accedió a la petición, incluso presentó un informe que contradecía al Gobierno central sobre la supuesta ilegalidad de la medida tomada. 

Cubero ha criticado la “judicialización de la política municipal por parte de la Delegación del Gobierno, ya que este es el sexto o séptimo recurso que ha presentado contra acciones de su Concejalía en lo que va de legislatura”: ha llevado también a los tribunales medidas como la remunicipalización del 010 e, incluso, una reserva de tres plazas para personas con discapacidad dentro de una oferta de empleo público.

El concejal ha denunciado la “intencionalidad política en la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy, que recurre porque quiere que las empresas sigan haciendo negocios, en ocasiones fraudulentos, a través de tramas de corrupción”. A su juicio, “los populares temen que se intente poner frenos a los paraísos fiscales porque las empresas beneficiadas están muy relacionadas con el PP y con sus innumerables tramas de corrupción”.

“Discursos demagógicos y lecciones de filosofía política trasnochada”

La respuesta desde Delegación del Gobierno no se ha hecho esperar. Aseguran que están “para velar por el cumplimiento de la Ley, no para hacer discursos demagógicos ni dar lecciones de filosofía política trasnochada”.

Si el número de recursos crece, “el señor consejero debería plantearse que algo está haciendo mal. Lo que debería preocuparle es la resolución de los Tribunales cuando estos le dicen que sus actuaciones son contrarias a derecho”, dicen.

El número de recursos que interpone la Delegación del Gobierno, explican, “es directamente proporcional a la falta de respeto a la ley por parte del actual Gobierno municipal”.

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