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Laura Cornejo

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Castilla y León revisará el protocolo contra el maltrato infantil tras el caso de la niña asesinada en Valladolid

El caso de la pequeña de cuatro años que murió asesinada en Valladolid a pesar de que un pediatra alertó 22 días antes de lesiones por posibles malos tratos, ha hecho que la Junta de Castilla y León se plantee revisar el Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil en Ámbito Familiar. "Tenemos un protocolo que no se activó y habrá que estudiar el refuerzo de la comunicación y la coordinación entre todos los implicados", ha reconocido el gerente de Servicios Sociales de la Consejería de Familia, Carlos Raúl de Pablos. 

"Hemos hecho campañas importantes desde que el protocolo se puso en marcha en 2007, pero puede ser que haya un porcentaje de profesionales sanitarios y de otros ámbitos que no lo conozcan", comentó de Pablos. El gerente admitió que algo falló en el caso de la pequeña Sara. Tal y como adelantó eldiario.es, el protocolo no se activó, a pesar de que el caso se detectó correctamente en un hospital privado y, a consecuencia de ello los servicios sociales conocieron el caso 10 días más tarde, cuando la Fiscalía de Menores se lo remitió. Era desde el propio hospital desde dónde se debía informar de manera inmediata.

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El caso de la niña asesinada en Valladolid se dilató por no activarse el protocolo oficial contra el maltrato infantil

El caso del abuso y presunto asesinato de la pequeña de cuatro años muerta hace una semana en Valladolid se alargó de manera fatal en el tiempo porque no se activó el protocolo oficial contra el maltrato a menores, según han confirmado  fuentes del caso. El documento obliga a avisar por escrito y por triplicado en cuanto se detectan indicios de un posible caso. 

El Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil y en Ámbito Familiar del Ministerio de Sanidad   "tiene por objeto la mejoría de la coordinación interinstitucional para obtener una respuesta rápida y eficaz". Para la pequeña de la capital castellanoleonesa no hubo tal respuesta. 

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El caso de maltrato de la niña asesinada en Valladolid estuvo 10 días parado y llegó al juzgado el día en que murió

El atestado policial en el que se relataba el presunto caso en de maltrato sobre una niña de 4 años que finalmente falleció por una paliza y una agresión sexual en Valladolid, no llegó hasta el juzgado que debía investigar los hechos hasta el mismo día de su muerte. Por eso no hubo investigación judicial de los hechos hasta entonces.

El Decanato de Valladolid ha puesto este lunes fechas a la situación, adelantada por  eldiario.es: el 14 de julio, dos días después de que un médico diese la voz de alarma y la Policía tomase declaración a la madre de la niña, el caso llegó al juzgado de Violencia sobre la Mujer, para que se investigase si la madre había sufrido maltrato psicológico por parte del padre de la menor.

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Ningún juzgado estaba investigando los malos tratos a la niña asesinada en Valladolid

Ningún juzgado estaba investigando los malos tratos que sufría la pequeña de cuatro años que murió el pasado jueves en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de sufrir una agresión sexual y una paliza y que fueron denunciados 22 días antes. La niña ingresó prácticamente muerta y horas después tanto su madre como su nueva pareja fueron detenidos como presuntos responsables de los hechos. Del caso se hizo cargo el juzgado de Instrucción número 6, que estaba de guardia. Si otro juzgado estuviese trabajando en la causa, el juzgado de guardia se habría tenido que inhibir casi de inmediato, pero no fue así. El atestado policial instruido el día 12 de julio, estaba perdido, según indicaron fuentes judiciales a eldiario.es.

El protocolo por malos tratos contra la menor se había activado el 11 de julio, cuando un pediatra que la examinaba por morderse los labios hasta sangrar, detectó falta de higiene y hematomas compatibles con una agresión. Sin embargo, cuando la madre prestó declaración ante la Policía, explicó que su hija era muy movida y que solía pelearse con su hermana de 12 años. Además de eso, se presentó a sí misma como una víctima de violencia de género al relatar a los agentes que su expareja y padre de la pequeña, la maltrataba psicológicamente.

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La Asociación Clara Campoamor, sobre la muerte de la niña de Valladolid: "La gestión ha sido un desastre, vamos a por todos"

La cronología del caso de la pequeña de cuatro años que murió después de una paliza y una agresión sexual, y por el que su madre y su pareja han ingresado en prisión, será básica para depurar responsabilidades de todos los agentes que participaron en el protocolo de malos tratos. La Asociación Clara Campoamor se personará este lunes como acusación popular. Su presidenta, Blanca Estrella Ruiz Ungo, calificó la gestión del caso como "un desastre".

Tal y como adelantó eldiario.es, el pediatra de un hospital privado de Valladolid activó el protocolo de malos tratos el pasado 11 de julio, después de que la madre llevase a la pequeña al centro porque se mordía los labios hasta hacerse heridas. Cuando el médico examinó a la niña detectó hematomas en brazos y piernas y una deficiente higiene.

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La lentitud del sistema impidió parar la agresión sexual, el maltrato y la muerte de una niña de cuatro años en Valladolid

Nadie pudo rescatar a María (nombre ficticio) del infierno que vivió en su casa. La pequeña, de cuatro años, murió el pasado miércoles en el Hospital Clínico de Valladolid, reventada a golpes y con severos signos de agresión sexual. La madre y la pareja de ésta han sido detenidos. Había ingresado 24 horas antes, en parada cardiorrespiratoria tras una llamada al 112 de la nueva pareja de su madre. Las alarmas habían saltado mucho antes. El 11 de julio un pediatra de un hospital privado atendió a María.

La llevaron al centro sanitario porque "se mordía insistentemente los labios". El facultativo la examinó en profundidad y se encontró con una niña sucia, con una deficiente higiene afectaba también a su salud bucal, pero que además presentaba hematomas en brazos y piernas.

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Castilla y León carga contra Zapatero, el exministro Soria, el Gobierno e Iberdrola por el cierre de Garoña

"Error histórico", "pésima gestión", "capricho ideológico". El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez ha dado una rueda de prensa sobre el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) en la que no ha ahorrado un sólo reproche a quienes considera responsables: desde el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al exministro José Manuel Soria, e incluso a Iberdrola. Su comparecencia se ha producido poco después de que finalizase la del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciando que la reapertura de Garoña no se va a producir.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que hoy estaba trabajando en su despacho, no ha comparecido para valorar la decisión del Gobierno nacional y ha dejado la rueda de prensa en manos del vicepresidente.

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Guía sobre el caso Perla Negra: las estrechas relaciones de la Consejería de Economía con una constructora y los 27 investigados

Año 2005. La Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León quiere unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo edificio. Tras varios intentos fallidos en Valladolid, el entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, decide que alquilará un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación, amañado, el precio, inflado, y la constructora, ya con condenas firmes sobre sus dirigentes por facturas falsas y delitos fiscales en otro caso, conforman una causa en instrucción desde 2013 y que mantiene imputada a la cúpula de la Consejería y a una decena de empresarios hasta sumar 27 investigados

Perla Negra es el nombre con el que se conoce popularmente al edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía. El diseño, del estudio de arquitectos Lamela, se caracteriza por las cristaleras negras que conforman las fachadas. Prácticamente desde el inicio del proyecto hubo sospechas sobre su legalidad, por eso, atendiendo a esas sospechas y al color,  se le empezó a llamar como el barco pirata de la película protagonizada por Johnny Depp.

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El exalcalde de Valladolid vuelve al banquillo por prevaricación y falsedad documental

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez. El juzgado de Instrucción número 4 ha decretado la apertura de juicio oral contra él y contra dos de sus concejales (uno de ellos lo sigue siendo en el nuevo Ayuntamiento) por el caso de la comfort letter, denunciado por el nuevo alcalde socialista, Óscar Puente.

León de la Riva ya fue condenado en 2015, poco después de las elecciones municipales, por desobeciencia judicial, ya que se negó reiteradamente a cumplir una sentencia que le obligaba a demoler varios áticos del edificio donde él tiene su residencia. La condena le inhabilitó para cargo público durante 13 meses.

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Guía para conocer la Trama Eólica, el caso con 21 imputados en Castilla y León

En 2015, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques. En ese mismo año, una inspección de la Agencia Tributaria a algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades destapaba la Trama Eólica. El sistema para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a las eléctricas y a una serie de empresarios locales.

Según los informes de la Agencia Tributaria, tomados en consideración por la Fiscalía Anticorrupción, y las declaraciones de distintos testigos e imputados en la causa aún en instrucción, en Castilla y León se autorizaron parques eólicos a las eléctricas que formaron una sociedad mixta con empresarios locales. Así, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. Para ello, en la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Hasta el momento, el fiscal del caso calcula unos 80 millones de euros en mordidas (las cantidades que pagaron Endesa e Iberdrola a los empresarios)

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