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Guatemala: mujeres contra la criminalización de la protesta

Activistas guatemaltecas rompen el silencio y denuncian en Europa la matanza, desaparición y represión de cientos de miles de indígenas por reivindicar sus derechos

Representantes de los movimientos sociales en el país centroamericano, estas mujeres señalan a las fuerzas de seguridad del Estado y al presidente del país, Otto Pérez Molina, como responsables de estos delitos

Guatemala, aseguran, practica además el 'etnocidio estadístico', es decir, el exterminio de los indígenas por vía estadística: el Estado reduce sistemáticamente su número en los datos oficiales

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Natalia Atz y Paula del Cid, activistas guatemaltecas, en una de sus conferencias. (Entrepobles)

Natalia Atz y Paula del Cid, activistas guatemaltecas, en una de sus conferencias. (Entrepobles)

Paula Irene del Cid, Natalia Azt y Lorena Cabnal son mujeres, activistas y dos de ellas, indígenas, una combinación arriesgada cuando a la descripción se añade un cuarto elemento: las tres son guatemaltecas. El país centroamericano es hoy en día un territorio peligroso para todos los que, a través de los movimientos sociales, luchan por los derechos de los pueblos indígenas, mayoritarios entre la población de Guatemala.

“Desde el año pasado, asistimos a persecuciones penales, a órdenes de captura, a secuestros y a asesinatos por parte de las fuerzas estatales cuando la gente se manifiesta para reivindicar sus derechos, porque sus vidas se están viendo afectadas”, cuenta Natalia Azt, coordinadora general de Ceiba, una asociación que promueve y acompaña a grupos de base comunitaria en aspectos técnicos, políticos, sociales y ambientales. “Es una situación nueva, casi de guerra, para la que no estábamos preparados y que nos obligó a plantearnos qué hacer y por dónde comenzar”, abunda Paula Irene del Cid, psicóloga, feminista y fundadora de la asociación La Cuerda.

Y lo que decidieron fue “romper el cerco mediático” y denunciar la realidad de su país más allá de sus fronteras. De momento, lo han hecho en el Parlamento Europeo y ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlament catalán. Y el mensaje ha sido claro: “Venimos a denunciar la criminalización de los actos de lucha y protesta, y la utilización del aparato del Estado contra la población que batalla por sus derechos”, expone Paula, la única que no es indígena.

Así expresado, su objetivo hace pensar en la criminalización que de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha hecho el Gobierno del PP tras sus acciones de escrache. “¿No me diga que acá le llaman fascismo al escrache? Para nosotras, el fascismo es no poder decir lo que pensás”, se extraña Paula, que conoce perfectamente a la PAH y a los indignados del 15M. 

“Nos sentimos muy identificadas con ellos porque mantenemos discursos de interpelación y propuesta muy similares”, afirma la fundadora de La Cuerda. “Además de denunciar, también pretendemos articular una solidaridad recíproca porque lo que pasa acá nos afecta allá también”, prosigue. “Ya no es la cuestión de la colonia; hablamos de las barbaridades que se cometen hoy día”.

Los abusos de las multinacionales españolas

Armadas de valor, estas mujeres ponen nombre y apellidos a los abusos que, desde hace años, cometen las multinacionales –españolas y de otras nacionalidades- en Guatemala, el segundo país, tras Bolivia, con mayor número de población indígena. Arrasan bosques y reservas naturales; botan a los indígenas de sus tierras; implantan cultivos, como la palma africana, que no son endémicos…

“Existe una componenda directa entre el partido del presidente del país [Otto Pérez Molina] y las transnacionales que financiaron su campaña”, afirma Lorena Cabnal. “Él, que es un exmilitar, está utilizando una estrategia militar par captar recursos extranjeros: aumenta el presupuesto en seguridad para atraer a las empresas de fuera, que ahorita dominan el país”, explica Cabnal, integrante de la asociación de mujeres indígenas xinkas, Amismaxaj.

De las vastas extensiones de palma africana y de caña de azúcar se obtiene el etanol que las multinacionales venden en Europa y América del Norte como combustible ecológico.  “Pero no es para nada ecológico porque acaba con el agua de las familias y provoca problemas de salud a la gente que está en contacto con los pesticidas”, denuncia Natalia Azt. “Eso, por no hablar de las ‘carreteras del comercio’ y de las infraestructuras que se están construyendo teniendo en cuenta sólo las necesidades de las transnacionales y no las de la gente”, abunda.

En este punto, Paula del Cid remite a Europa y al lazo de unión los movimientos sociales que se están generando. “No podemos regresar al modelo de bienestar europeo que nos vendieron como ideal, porque ese modelo de desarrollo no es sostenible”, afirma la fundadora de La Cuerda. “Necesitaríamos cuatro planetas Tierra para sostenerlo y eso no es posible”, ilustra. “Necesitamos nuevas formas de organización”.

En esa búsqueda, andan también metidas estas mujeres, aun a riesgo de poner su vida en juego. Antes de abandonar Guatemala, no fueron pocos los que les preguntaron si eran conscientes de las posibles consecuencias que su gira, apoyada por la ONG catalana Entrepobles, podía tener. Según denuncian, se cuentan por millares los guatemaltecos –básicamente indígenas- que, tras luchar por sus derechos, han sido víctimas de violencia sexual, de desapariciones o de asesinatos.

La violencia sexual, un arma de represión contra las mujeres

“Como mujeres, nacemos con el miedo a la violencia sexual instalado en el cuerpo”, admite Paula del Cid. “Pero sabemos que eso es una estrategia de represión y de terror que funcionó durante la guerra”.  “Y cuando vemos que se utiliza, no podemos caer en la parálisis. Tampoco podemos dejar de sentir miedo, pero tenemos que ver qué podemos hacer”, prosigue. “También como mujeres, por la violencia doméstica, sabemos que hay que romper el silencio. Así que no nos paralizamos sino que seguimos adelante y hablamos”, añade. 

Hablar y promover consultas comunitarias, denuncian estas tres mujeres risueñas y chaparritas, mantiene preso a Rubén Herrera, integrante de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango y uno de los protagonistas de la resistencia a proyectos como los de la multinacional española Hidro Santa Cruz (Hidralia SA). Hablar, aseguran, también ha dejado sin fondos a sus organizaciones. “La derecha europea, incluida la española, también hizo su gira para que nos ahogaran económicamente”, revelan.

Callar, contraponen, ha permitido el racismo estructural contra los indígenas, víctimas también de un “etnocidio estadístico” –“Nos exterminan hasta por vía estadística”-, y unas cifras escalofriantes: 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 250.000 desplazados internos.

Pero, acostumbradas a convivir con el horror y la injusticia, estas mujeres, con sonrisa y energía contagiosas, prosiguen con su misión: acercar la dramática realidad de los indígenas guatemaltecos a quien la quiera escuchar.

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