Lunes, 9h de la mañana en Salamanca, hora del desahucio de Isa. Lunes, 9.08h en Barcelona, desahucio de Najat. Lunes, 9.16h en Madrid, desahucio de Sara. Cada 8 minutos se ejecuta un desahucio y una familia se queda en la calle. Para que quede más claro, al terminar este artículo, una familia habrá perdido su hogar. Más de medio millón de familias han sido desahuciadas en la última década. El gobierno del PP ha jurado lealtad y pleitesía a la banca. No solo le ha regalado ingentes cantidades de dinero público, sino que ha velado porque sigan acumulando vivienda vacía, mientras desahucian y especulan con vidas en juego.
Llegó un momento en que el gobierno del PP ya no podía ignorar el problema frente a la presión social, y difundieron reformas como el fondo social de viviendas y la moratoria. Lo que no contaron eran las fuertes restricciones para que las familias se acogieran a estos mecanismos. Hoy son medidas que no llegan ni al 1% de las familias afectadas. Así podríamos resumir las políticas del PP, como los gestos del 1%. Y como respuesta desde la ciudadanía surgió la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, cancelar las deudas de por vida, regular los precios del alquiler, movilizar pisos vacíos de la banca y garantizar el agua, la luz y el gas. Medidas para llegar al 100% de las familias afectadas.
Con esta iniciativa se solicitó a todos los grupos parlamentarios que se posicionarán: o estaban con la vulneración de derechos que perpetra el PP, o con la ciudadanía. Con esto, se les interpeló a mostrar su apoyo presentándose en el futuro día en que registren el texto de la Ley Vivienda PAH en el Congreso. Se plantea de manera abierta y plural, dando la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de realizar propuestas y participar de un registro colectivo, iniciando así un debate democrático alrededor de un tema que continúa siendo vital para las familias. Y aquí es donde entra el PSOE, el único grupo parlamentario grande que todavía no se ha posicionado.
Existen voces dentro del PSOE de Murcia, Valladolid, Castilla y León, Cantabria e incluso del gobierno autonómico valenciano que reclaman públicamente que el partido socialista apoye la legislación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso. Incluso el propio Pedro Sánchez, durante las primarias, prometió que si llegaba a liderar el partido socialista apoyaría la legislación de este texto de ley. Y en el afán de generar un texto de consenso, se llegó a integrar propuestas que el PSOE reclamaba, como la creación de un censo de viviendas en manos de los grandes propietarios, para aplicar sanciones sobre los pisos que estuvieran injustificadamente vacíos.
Sin embargo, el PSOE al completo todavía no tiene una postura oficial. Ante esta situación se ha fijado una reunión con el grupo parlamentario socialista el 22 de noviembre en Madrid, para que, de manera definitiva, transmitan si estarán presentes o no en el registro del texto. A este respecto, el PSOE ha llevado al Congreso una Propuesta No de Ley sobre mecanismos contra el sobreendeudamiento, que ni siquiera nombra la dación en pago retroactiva. Un tipo de fórmula que al ser “no de ley”, no genera ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que el PSOE se dedique a llevar al Congreso declaraciones de intenciones, mientras no recoge propuestas de las familias afectadas que sí cambiarían las leyes existentes.
En este tiempo que el PSOE malgasta, a las familias las continúan desahuciando. Un silencio de 8 minutos es cómplice de que otra familia se quede en la calle. El partido socialista tiene que hacer un ejercicio de coherencia, escuchar las voces de las familias afectadas y los posicionamientos internos de su propio partido a favor de la Ley Vivienda PAH. Ahora tiene la oportunidad histórica de defender medidas para el 100% de las familias afectadas y ponerse al lado de los derechos humanos. Medidas que se muestran aún más necesarias ante el último varapalo que ha recibido el Derecho a la Vivienda, con el veto de PP y Ciudadanos en la Asamblea Regional de Madrid al trámite de una ILP autonómica que recogía medidas para solventar la emergencia habitacional.
Cada una de las demandas de la Ley Vivienda PAH, han sido conseguidas previamente por las familias que han acudido a las asambleas de la Plataforma. Es sólo cuestión de voluntad política legislar un marco de protección para todas las familias y las próximas generaciones en todos los rincones del Estado. El 22 de noviembre, las familias quieren saber hacia dónde apuntará la voluntad política del PSOE.
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