Recuperemos el derecho a la vivienda que nos han robado los grandes especuladores
Esta es la historia de cómo los grandes especuladores llegaron a nuestras ciudades. Parte de sus inicios los encontramos en 2012, cuando el PP otorgó un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Fondos dedicados al alquiler, que, gracias a este nuevo régimen, no pagarían impuestos. De este modo, las Socimis se volvieron una de las herramientas preferidas de bancos y fondos buitre para especular con el alquiler. Por si fuera poco, el PP en 2013 modificaría la ley de los alquileres desvinculando los precios del IPC en las renovaciones de los contratos.
En resumidas cuentas, el PP modificó las leyes a medida de los grandes especuladores, que a partir de entonces podían comprar viviendas y subir los precios de manera desorbitada a las familias. Y se podía hacer, incluso, sin pagar impuestos. En otras palabras: el PP regaló el control de los precios del alquiler a los grandes especuladores inmobiliarios.
No es el mercado amigo, es el gobierno del PP que pretende regalar tu hogar a cuatro especuladores que tienen nombre. Como Blackstone, el peor fondo buitre del mundo. Que ya en 2013, durante el mandato de Ana Botella, que era alcaldesa por el PP, compró 1.860 viviendas públicas en Madrid. Tras esta compra, Blackstone no tardo en subir los precios, y desde entonces desahucia a familias que residen en viviendas anteriormente públicas. Hablamos de un entramado que funciona a través de una Socimi llamada Fidere.
Más tarde en 2015, realizaría la compra de 40.000 hipotecas en riesgo de impago que pertenecían a CatalunyaCaixa. Un banco, que, recordemos, fue rescatado con 12.000 millones de dinero público que jamás han sido devueltos. Pronto Blackstone terminó todo tipo de negociación con familias vulnerables que habían tratado de conseguir una dación en pago y un alquiler social. Y comenzó a desahuciarlas para crearse su propio parque de alquiler. Además, para evadir impuestos y sacar el máximo beneficio utilizó otras dos Socimis: Albirana, que acumula hasta 5.000 viviendas provenientes de familias desahuciadas. Y Anticipa, que acumula más de 12.000 hipotecas en riesgo de impago.
Las reformas del PP también atrajeron a otros especuladores. Hace tiempo que nombres como Norvet, Elix, MK Premium o Vauras Investment protagonizan casos de expulsión de vecinas: compran bloques enteros, se niegan a renovar contratos de alquiler, suben los precios de manera desorbitada e incluso practican el acoso inmobiliario. Cuando logran expulsar a los residentes de toda la vida, reforman los pisos y los sacan al mercado como viviendas de lujo. Para cuando termina el ciclo, los precios de la vivienda en la zona se han hinchado. Lo que provoca que también suban los precios del barrio, y de la ciudad. Cada una de estas compras es un tsunami contra el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Una oleada llamada gentrificación: que es otra manera de nombrar la expulsión de vecinas de sus barrios y ciudades de toda la vida por no poder hacer frente a los precios de la vivienda.
Sin embargo, esta historia la sigue escribiendo la ciudadanía, que es más digna que el gobierno, y se ha organizado para vencer a la actuación de la mafia inmobiliaria. Tenemos ejemplos como el bloque Leiva 37 de Barcelona que fue comprado por el fondo buitre Vauras Investment. Gracias a la presión social de las vecinas, el Ayuntamiento cancelo esta compra e incluso adquirió el edificio para que pasará a ser de propiedad pública. También han surgido Sindicatos de Inquilinos, que reclaman la regulación del alquiler a partir de una premisa con mucho sentido común que viene a decir que “si regulamos los carburantes, si regulamos los medicamentos, regulemos los alquileres”.
También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha demostrado que la ciudadanía puede vencer. Coordinándose con colectivos internacionales de todo el mundo, participó en acciones simultaneas en Madrid, Nueva York, Londres, Berlín y Tokyo contra Blackstone. Y como resultado, lograron abrir vías de negociación para resolver casos de familias afectadas. También ha plantado cara a la inmobiliaria Norvet, organizando a las vecinas del bloque Aragó 477, que estaban en riesgo de expulsión. Y ha terminado realojando a varias familias en emergencia en pisos que Norvet mantenía vacíos en el bloque de Aragó 477.
Y ahora en 2018, la PAH incluso registra una ley en el Congreso, que contiene medidas para revertir las causas estructurales que han provocado la llegada de la mafia inmobiliaria. Hay tres medidas básicas en este sentido. Primero, una moratoria que paralice los desahucios de primera y única vivienda de familias vulnerables. Segundo, otorgar a la Administración la capacidad de realojar a familias en emergencia en pisos de la banca que se encuentren injustificadamente vacíos. Tercero, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia que marquen un precio adecuado a las viviendas en alquiler según sus características y la capacidad adquisitiva de la población. Demandas que en su conjunto no sólo protegerían a las familias en riesgo de desahucio, sino que permitiría a toda la población acceder a una vivienda sin caer en la precariedad. Porque este es un problema de todas, para el que hay soluciones.
Si se aprueba la Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso, conseguiremos nuevas herramientas para continuar protegiendo el Derecho a la Vivienda en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras calles. Pero ahora que la ley está registrada, el gobierno del PP, junto con el apoyo de Ciudadanos, tiene hasta mediados de marzo para interponer un veto. Y este veto implicaría que esta ley que necesitamos todas ni siquiera pudiera debatirse en el Congreso. Recordemos ante todo que es una obligación política del gobierno permitir debates que protejan nuestros derechos más básicos. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de recuperar el control democrático y ciudadano del derecho a la vivienda. El control sobre nuestro futuro. Y ser las ciudadanas las que consigamos escribir el final de esta historia.
