En 2003, cuando el largo mandato de Jordi Pujol tocaba a su fin y ya estaba claro que no se presentaría a la reelección, desde la oposición Pasqual Maragall impulsó una ley de expresidentes pensada en Pujol y sobre todo motivada por el recuerdo de su antecesor, Josep Tarradellas. No se dijo explícitamente, pero en el fondo se trataba de que nunca más una persona que había servido a Catalunya desde su máxima institución tuviera que pasar las penurias económicas que sufrió Tarradellas desde que dejó la presidencia en 1980 hasta su muerte ocho años después (y aún más su viuda, Antonia Macià, que vivió hasta 2001). Nunca más un ex presidente de la Generalitat debería implorar favores para sobrevivir. La ley garantizaba oficina, secretaria, chófer y retribución vitalicia para que nunca más un ex presidente, o la viuda de un ex presidente, tuviera que pedir caridad.
Naturalmente, Maragall no podía saber que esta preocupación ya estaba presente desde muchos años antes entre los integrantes de la familia Pujol Ferrusola. Y que ellos mismos ya se habían ocupado de resolver el problema, acumulando unos ahorrillos en el extranjero por lo que pudiera pasar. Para ellos, para los hijos y para los nietos. El primogénito, Jordi Pujol junior, había sido el encargado de velar por que en el futuro a ningún descendiente del hombre que había sacrificado su vida por Catalunya no le faltara de nada.
Esta no es, obviamente, la explicación oficial sobre el dinero de Andorra, porque además de autoinculpatoria sería aún más indigesta para los devotos del mito Pujol, pero es tan verosímil como la oficial, que hasta ahora, un año y medio después de la confesión de Jordi Pujol (confesión forzada por las circunstancias, no por mala conciencia, no se olvide), sigue siendo lo que el juez De la Mata calificó de “simple relato” sin ningún documento que la avale. Este miércoles, el ex presidente catalán ha mantenido la versión de que el dinero encontrado en Andorra fue un legado de su padre a sus hijos. Y de ahí no se mueve, lo cual no puede ser considerado una sorpresa tras varias comparecencias en el Parlamento y los juzgados sobre el mismo asunto. Es una estrategia de defensa elemental: a quien le toca encontrar las pruebas que demuestren el delito es al acusador.
En realidad, ha habido muy pocas variantes respecto a la confesión del 25 de julio de 2014. La primera la introdujo pocos días después, cuando sus asesores se dieron cuenta de que no podían seguir hablando de herencia porque esto implicaba que una parte de ese dinero le correspondía a la hermana de Pujol, en concepto de legítima (el 25% de la herencia según el derecho civil catalán), por lo que tuvieron que correr a por el diccionario de sinónimos. Desde entonces el dinero de Andorra es un legado (en catalán se refieren a “llegat” o “deixa”, cuya única traducción al castellano es legado). A parte de esto, Pujol se ha limitado a revelar los nombres de los presuntos administradores de su fortuna (el amigo de la familia Delfí Mateu Sayos y su primo Joaquim Pujol Figa), dos personas fallecidas que por lo tanto no pueden corroborar (ni desmentir) su versión.
En la hermana sigue estando la clave. O más que en la hermana, en su marido, Francesc Cabana Vancells, un hombre austero y erudito, que trabajó muchos años con la familia Pujol en Banca Catalana pero nunca ocupó ningún cargo en la Generalitat. Prefirió dedicarse a investigar y escribir sobre la historia de la economía catalana. A Cabana le ha pasado un poco como a Tarradellas: al llegar a la edad dorada le queda muy poca cosa para ir tirando. Hacienda le abrió una inspección (posiblemente le tocó la lotería por proximidad) y le encontró unas irregularidades muy menores (se deducía como inversión de trabajo la compra de libros de viejo, de los que no tenía factura), como explicó él mismo en un artículo en el Avui. Para pagar la multa no le quedó más remedio que vender toda su biblioteca y material histórico que había ido acumulando a lo largo de los años, que le compró la Generalitat de Artur Mas, como años atrás la Generalitat de Pujol le había comprado material de archivo a Tarradellas, para echarle una mano.
No hay que perder de vista a Cabana, y en especial su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Pujol, que tuvo lugar hace un año, el 16 de febrero de 2015. En ese momento se planteaban tres hipótesis sobre la procedencia del dinero de Andorra: 1) que efectivamente fuera un dinero legado por el abuelo Florenci Pujol a una parte de sus nietos (los que tenían un padre dedicado a la política) y a la madre de éstos; 2) que salieran de Banca Catalana, bien en forma de acciones a nombre de una fundación opaca o de la comisión por la compra a precio de saldo de la entidad financiera por parte del Banco de Vizcaya; y 3) que salieran de comisiones ilegales perpetradas durante el mandato de Pujol, es decir, del tres o del tanto por ciento que fuera.
Cabana dijo que ni él ni su esposa sabían nada del dinero de Andorra, que “ni se lo olían” (y puso como ejemplo que su cuñado no le echó una mano con el tema de la inspección de Hacienda), insistiendo una y otra vez que no tenía ni idea de dónde podía salir ese dinero. Fue la pregunta que más le hicieron los diputados y tenía la respuesta preparada. ¿Cree usted que este dinero era de su suegro, Florenci Pujol? “No nos consta”, respondía Cabana, hablando en plural para dejar claro que lo hacía en nombre también de su mujer. Pero a la vez vino a decir que era imposible que su suegro tuviera esa cantidad de dinero (¡140 millones de pesetas de los años setenta!), que se había ganado bien la vida en la Bolsa pero que lo había puesto prácticamente todo en Banca Catalana.
Casi al final de la comparecencia, y preguntado sobre si había conversado con Pujol sobre el asunto, Cabana comenta sobre su cuñado que “yo ya le he dicho todo lo que le tenía que decir y él no me ha dicho nada de lo que me tiene que decir, y esto es así”. Ni a él ni a nadie. Pero descartadas las opciones 1 y 2 por una de las pocas personas que sigue sintiendo un fuerte aprecio personal por Pujol, sólo queda la 3. Otra cosa es que la investigación judicial pueda demostrarlo.
Posdata: tarde o temprano la ley de ex presidentes deberá ser revisada, ya que: 1) la persona para la que fue concebida ha acabado teniendo que renunciar a los privilegios que le otorgaba, y 2) al paso que vamos, la Generalitat tendrá que comprar un edificio de oficinas para albergar a tanto ex presidente.
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