“Con esta declaración le estamos preguntando a Junts pel Sí si van en serio”

Benet Salellas (Girona, 1977) es un conocido abogado de los movimientos antirrepresivos catalanes y, desde el 27 de septiembre, diputado de la CUP. Él es el encargado de negociar la parte de la “desconexión legal” con Junts Pel Sí, unas conversaciones que este lunes se han plasmado en la “declaración de inicio del proceso constituyente” que ambas formaciones han registrado en el Parlament y que pasará por el pleno antes del 9 de noviembre, fecha límite para la primera sesión de investidura. Para Salellas, la aprobación de esta declaración “abre un escenario de ruptura” –palabra que no aparece en todo el texto– y viene a preguntar a Junts Pel Sí si van en serio en su apuesta independentista.

En la declaración se indican tres leyes que deberán registrarse el próximo mes: la de Proceso Constituyente, la de Seguridad Social y la de Hacienda. Empezando por la primera, ¿qué es una ley de proceso constituyente?

Es la ley que marca las reglas del juego del proceso de desconexión, de ahora hasta la desconexión efectiva de la legalidad española y de cómo hacemos la Constitución. Hay mucho campo aquí. ¿Modelo irlandés, modelo islandés, modelo latinoamericano? Nosotros tenemos ganas de hacer una cosa muy diferente de las constituciones de Europa Occidental. Se ha de discutir.

¿Esa ley también marca cuando empezará el Proceso Constituyente?

No, creemos que hay que hacer unas elecciones, unas constituyentes, para comenzar el proceso constituyente. Esta ley debe servir para hacerlas. En esta legislatura regularemos cómo hacemos el proceso constituyente, porque tenemos claro que hay que superar la LOREG, superar también leyes de extranjería que generan apartheid jurídico. También una ley electoral nueva.

Respecto a las leyes de Seguridad Social y Hacienda, hablamos de una desobediencia que iría más allá de lo institucional, porque por ejemplo se necesitarían funcionarios. ¿Cómo piensan hacerlo?

La idea es que se pongan a funcionar tras la proclamación de la República catalana. El punto de ruptura no se produce hasta el final de esta legislatura. Desde el plano jurídico, todo esto tiene mucho que ver con la teorización de la propia desobediencia. La declaración que hemos hecho pone el acento sobre la desobediencia institucional, pero tenemos claro que la sociedad civil tendrá que empujar en algunos momentos con desobediencia civil.

Hablan de “desconexión democrática” en vez de ruptura. ¿No es comprarle el marco a Junts pel Sí?

Sí, hay parte del programa de Junts pel Sí aquí. Hay un debate terminológico que tiene que ver con tradiciones políticas diferentes. Como estamos en un momento de mucha voluntad de entendiemiento, vamos intercalando la terminología. Pero nosotros hablamos de ruptura. Sobre todo por el debate de la Transición del 78 entre reforma y ruptura, en el que nosotros queremos decir hoy que no queremos reforma sino ruptura. ¿Qué significa? Crear una legalidad nueva y que no se derive de una legalidad anterior, puesto que para nosotros carece de legitimidad. También crear nuevas instituciones. Pero en el texto también hemos introducido un redactado donde se interpela directamente a la gente de Catalunya Si que es Pot para que se sume a este proceso. Pensamos que, como estamos hablando de apertura de proceso constituyente y de República catalana, ellos deben formar parte, sin ellos esto no tendría todo el recorrido potencial que podría tener.

¿Para comenzar a elaborar estas leyes hacía falta una declaración solemne?

Con esta declaración, que se materializará antes del 9 de noviembre, estamos proponiendo ya un escenario de ruptura, le estamos preguntando a Junts pel Sí, ¿vais en serio o no vais en serio? Si no va en serio, para hacer “processisme” nosotros no participaremos. Nos parece que el redactado va bastante en la dirección que nos satisface a nosotros. Tiene dos partes, la apertura de un escenario de ruptura, clarísimo, y el mandato al Govern para llevar a cabo microrupturas en diferentes ámbitos.

¿Qué es eso de las “microrrupturas”, de las que también hablaron en la conferencia política?

Bueno, le llamamos “micro” pero eso no quiere decir que sean pequeñas. Para nosotros es una manera de generar legitimidad a la vez que haces el proceso que queremos hacer. Estas rupturas tienen sentido sobre todo respecto a derechos fundamentales. Estamos diciendo que donde los derechos fundamentales sean atacados por las instituciones del Estado, nosotros rompamos la legalidad para generar una nueva que proteja esos derechos. Nosotros lo construimos así, pero Junts pel Sí tiene otro discurso, que es el de obedecer solo el mandato legal del Parlament de Catalunya.

Yendo a lo concreto: decreto de pobreza energética. La CUP ha dicho que se ha de desobedecer al Constitucional y se ha de aplicar. Pero las eléctricas no reconocerán otra legalidad que la española, ¿qué herramientas coercitivas tiene la Generalitat para garantizar su cumplimiento?

Si nosotros queremos aplicar todo esto, que es tan transformador, usando los instrumentos de la autonomía, los números no salen. Por esta razón hemos de construir un sistema social y un sistema recaudatorio, hemos de regular cuáles serán los mecanismos para aquellos que no la cumplen. Por ejemplo, ahora la Generalitat no tiene capacidad para ejecutar sus propias sanciones, ha de acudir a la Agencia Tributaria española para poderlas ejecutar. Pues hay que cambiarla. Hay que dotar a la Generalitat de herramientas para poder llevar a cabo sus propios embargos y la ejecución de sus decisiones. Esto es un gesto de superación de la propia legalidad autonómica.

Hace unos meses, el exdiputado Quim Arrufat explicaba que una DUI es poco más que un llamamiento a la comunidad internacional para que se implique. ¿Esta declaración también apela a la comunidad internacional?

Sí, hay un llamamiento a la que comunidad internacional se implique, sin duda. Y que tome parte para enfrentar el embate que vendrá por parte del Estado. La única cosa que se nos propone desde el otro lado es un embate por todas las vías para frenar cualquier propuesta por esta vía, y por tanto sí es una llamada internacional. Ahora, yo siempre había vinculado DUI con proclamación de la independencia, y no estamos en este escenario, el día siguiente de aprobar esta declaración seguiremos funcionando con la legalidad española.

En el esquema de negociación que han propuesto, primero actuaciones, después pacto de Govern…

No, no, no hemos dicho en ningún caso que vayamos a firmar un pacto de gobierno. Somos demasiado diferentes para llegar a un acuerdo de gobierno y no aspiramos a ello. Nosotros hemos hablado de pactar la forma en la que tiramos adelante el proceso independentista, cómo hacemos el proceso constituyente, y el tema del plan de choque. Y después estamos diciendo que nosotros queremos condicionar quién será el president de este Govern, y pasaremos a la oposición, porque tenemos programas políticos totalmente diferentes.

Le preguntaba que, en el esquema de negociación donde priman las acciones, ¿la comparecencia de Mas delante del juez le parece un paso razonable pensando en una próxima desconexión legal?

La CUP tiene diferentes frentes abiertos, por una lado estamos en una lucha con Junts pel Sí, pero no olvidamos que al otro lado está el Estado español, que nos siega la hierba bajo los pies. Además en algunas cosas el Estado español retroalimenta aspectos contra los que luchamos en el otro frente. La declaración judicial de Mas en aquella semana es una retroalimentación de la figura de Mas, seguro. Pero, ¿cuál es el escenario más rupturista? No lo tengo claro. Quizá más rupturista que no acudir ante el juez es acudir y hacer una justificación política del 9 de noviembre. Que de alguna manera lo hizo, pero la estrategia de defensa no es esa. Y hay otro aspecto, que es defender un acto con tan incontestable legitimidad democrática de la mano de los abogados que defienden la corrupción. Rodearse de las togas de oro de Barcelona, que es quien suele defender a Convergència en los casos de la corrupción, es un flaco favor al procés.

Cuando esto llega en medio de los registros a las sedes de Convergència por el caso del 3%, muchos se preguntan si una desconexión de la legalidad significaría también una paralización de los casos en los juzgados.

No tiene sentido. El Código Penal de Catalunya debe ser mucho más restrictivo que el español. Y esto es un concepto básico del Derecho penal, la gente podrá optar entre el Código Penal vigente o el antiguo. Es muy hipócrita que alguien se agarre a la legislación española en materia de corrupción, porque es muy difícil que se adopte una ley penal más blanda con la corrupción que la que tenemos. La ley actual es tan miserable que cualquier profesional del Derecho que hemos intentado tirar adelante casos de corrupción se nos escapan entre las manos, porque no está pensada para castigar a los culpables, solo persigue a los pobres y débiles, y deja salir a los ricos por la puerta de atrás. Este cambio legislativo es una exigencia de la CUP en la nueva República catalana, deberá tenerlo sí o sí.

Dicen voces cercanas a Convergència que para desobedecer una inabilitación del Constitucional contra Mas debería ser president. ¿Qué opina?

[Ríe] Primero yo creo que de una perspectiva jurídica es muy difícil que esto vaya a más, creo que quedará en una absolución. Pero si se llegase a dar esta impugnación, cronológicamente este escenario será como mínimo en 2016. Nosotros no podemos vincular nuestro proceso a un futurible que afecta a una persona. Ahora te citaría a Espriu, “un home i un poble”, pero sobamos tanto las citas que no lo haré. Lo que nosotros no compartimos en este relato es que la figura de Mas tenga que tener el protagonismo que ha tenido hasta ahora. Lo cierto es que Artur Mas ya no suma gente al procés. Pero tampoco vamos a contribuir a la estrategia del Estado de enterrar a Mas. Hemos de buscar soluciones.

¿Por ejemplo?

Que Mas no sea president pero tenga una posición institucional destacada. Que ya veremos cuál es.