Mas acude a la cita con Rajoy con su partido tambaleado por el escándalo de Pujol
Desde que el pasado diciembre Mas anunciara un acuerdo entre CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP sobre los términos de la consulta se han sucedido siete meses de desencuentros, declaraciones cruzadas y vacíos llamamientos al diálogo entre el presidente de la Generalitat y el del Gobierno de España. Finalmente este miércoles ambos mandatarios mantendrán una reunión en Moncloa para tratar sobre el proceso soberanista, en medio de una fuerte tormenta política en Catalunya por la confesión del expresident Pujol, que cometió fraude fiscal al mantener oculta una cuenta millonaria durante 34 años.
El momento de la reunión no podría ser más nefasto para Mas. No solo por el escándalo del dinero negro de Jordi Pujol, que ha hecho temblar los cimientos de CDC hasta el punto de que el nuevo coordinador general de la formación, Josep Rull, anunciara su deseo de refundar Convergència. CiU está además muy debilitada tanto en lo electoral como por los escándalos de corrupción, y la capacidad de Mas es cuestionada a medida que se acerca la fecha de la consulta. En este escenario, el president acude a la reunión con poco que ganar, mientras que Rajoy encara el encuentro sin nada que perder.
Para la Generalitat, la entrevista entre presidentes significa el enésimo intento de entendimiento con el Estado, una cita que esperan que apuntale la imagen que CiU ha intentado trasladar en Catalunya, que el Gobierno español es intransigente e inmovilista con la cuestión catalana mientras que el Govern intenta negociar. Sin embargo, lo cierto es que Artur Mas acude a Moncloa con las manos atadas y sin capacidad real de negociar el punto en el que ambos ejecutivos chocan desde hace meses: la celebración de una consulta sobre la independencia.
El president está condicionado por la mayoría parlamentaria en Catalunya, para la que la consulta es una condición irrenunciable. Cada vez que Mas ha vacilado y ha amagado con cambiar la consulta por alguna suerte de elecciones en clave plebiscitaria, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones, los grupos con los que suscribió el pacto para el 9-N le han recordado que el acuerdo es para una consulta y para nada más.
Una mejor financiación, insuficiente
Sobre las propuestas que llevará a Madrid, Mas deslizó algunas durante la sesión de control de la semana pasada. Además de que el ejecutivo permita la consulta, Mas pedirá que Rajoy respete las decisiones del Parlament, concrete un nuevo modelo de financiación autonómica y que cumpla las leyes de Estabilidad Presupuestaria y Dependencia. El de la financión es uno de los compromisos que Mas intentará arrancar de Rajoy. Si bien este punto no contentará a sus socios de ERC, a quienes necesita para gobernar, una ostensible mejora de la financiación sí puede ser un argumento que esgrimir ante las bases de CiU para justificar que la consulta programada para el 9-N no se celebre.
Mientras Mas se juega mucho en el encuentro, para Rajoy la cita no supone un gran reto. El Ejecutivo se mantiene firme en que la consulta es ilegal y que no puede producirse, una posición que el lunes consensuó en la primera reunión de Pedro Sánchez como lider del PSOE. La imposibilidad constitucional de la consulta es el argumento que Rajoy ha esgrimido siempre y que es compartida con el PSOE, aunque los socialistas son partidarios de una reforma de la Ley Fundamental. El Gobierno del PP, en cambio, rechazo a la salida de Sánchez la posibilidad de reformar la Constitución aduciendo que “no se dan las condiciones políticas necesarias”.
En lo que sí puede avanzar Rajoy es en la mejora de la financiación. Tras la publicación de las balanzas fiscales varias comunidades autónomas han criticado el sistema actual. La revisión del modelo de financiación es un tema pendiente para el Ejecutivo español, que siempre lo ha condicionado a un acuerdo multilateral entre las CCAA y el Estado. Abrir un proceso de negociación sobre el nuevo modelo dilataría los tiempos y pondría a Mas en la tesitura de entrar en la recta final hacia la consulta a la vez que negocia el dinero que recibe Catalunya del Estado, lo que haría pivotar el debate en torno a la financiación y no sobre la soberanía.
