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Castilla-La Mancha decidirá en dos semanas si autoriza minería de tierras raras en Ciudad Real

Campo de Valdepeñas / D.O. Valdepeñas

Alicia Avilés Pozo

Se aproxima la fecha en que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidirá finalmente si continúan o no los tres proyectos de la empresa minera Quantum, aun en fase administrativa, para la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real). El Consejo de Gobierno ha abordado esta cuestión y ha tomado la decisión de adoptar una decisión definitiva en dos semanas, después de que se produzcan otras dos reuniones del máximo órgano ejecutivo.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha detallado que durante la reunión se ha analizado el expediente completo de la empresa para instalar tres minas de tierras raras en el Campo de Montiel, teniendo en cuenta los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Ministerio de Agricultura.

Así, se ha dado la instrucción de que en 15 días haya una posición definitiva sobre esta cuestión. “En dos semanas, se decidirá si hay o no proyectos de tierras raras en el Campo de Montiel”, ha remarcado.

Preguntado por si también se está analizando el informe del Defensor del Pueblo presentado por la Plataforma Sí a la Tierra Viva en el que se pide el archivo de este proyecto, Martínez Arroyo ha dicho que estas “sugerencias” se están abordando, pero también ha añadido que no es posible archivar el procedimiento porque “aún no ha comenzado, estamos en fase previa”, y está pendiente el documento de alcance ambiental que está elaborando la Consejería de Medio Ambiente.

El informe del Defensor del Pueblo, según defiende la Plataforma, “cierra la puerta” a este proyecto. En el mismo se detalla que los informes emitidos por los organismos de cuenca, como el de la CHG, tienen “carácter vinculante” y considera que la falta de disponibilidad de recursos hídricos es un hecho que “no puede obviarse por la Administración de Minas, la cual no puede pretender continuar con la tramitación de los procedimientos como si fuera posible su realización sin ni siquiera vislumbrar la solución del problema de la falta de agua”.

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