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PSOE y Podemos sacan adelante su Ley para blindar los servicios básicos municipales

PSOE asegura que la medida básicamente pretende otorgar seguridad jurídica a los Ayuntamientos, a los que ha calificado como colaboradores "imprescindibles" en el desarrollo de la Comunidad Autónoma

El PP ha acusado a ambos grupos parlamentarios de presentar un texto insuficiente y de no querer contar con la opinión del Consejo Consultivo o los mismos Gobiernos municipales

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EFE

Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido la proposición de Ley de Medidas para la Garantía y Continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos, una medida presentada en conjunto por los grupos parlmentarios PSOE y Podemos, cuyos votos la han sacado adelante a pesar de las diversas acusaciones del Partido Popular. Francisco Cañizares, portavoz 'popular', ha acusado a ambos grupos de presentar una medida que no cuenta con los aportes de los mismos Ayuntamientos o de querer "evitar" instancias, como los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades o el Consejo Consultivo.

Cañizares, ha señalado que la ley se ha tramitado en un procedimiento que "abusa" de los procedimientos parlamentarios, algo que ha calificado como "insoportable". La propuesta, señala, debería venir con una memoria económica, un informe del Consejo Consultivo y la participación de los Ayuntamientos. Además, el portavoz 'popular' ¡ha señalado que "no es necesaria la urgencia" de la tramitación, ya que se puede hacer de manera ordinaria y ha criticado que la propuesta se queda "corta" y que, incluso, "va en contra de los Ayuntamientos". "Quieren evitar que los Ayuntamientos opinen sobre esto", aseguró. 

José García Molina defendió la postura de Podemos, señalando que se trata de una legislación "justa y necesaria", ya que se han puesto "en riesgo" la consolidación de los servicios básicos. "La buena calidad democrática se ve justamente en estos servicios", aseguró el parlamentario. "Cuestionar la cercanía de los Ayuntamientos es un indicador clarísimo de la calidad de la democracia", afirmo García Molina, quien señaló que la medida propuesta por ambos grupos no es más que un punto de partida para el blindaje de los servicios básicos de los municipios. 

En este sentido, García Molina señaló tres ejes en los que deben ir los servicios públicos municipales: un nuevo marco de ordenanza municipal, la garantía de la autonomía, la eficiencia y el control democrático de los Ayuntamientos y, finalmente, consolidar el ámbito local como un elemento central de la democracia. "Esperamos que el Gobierno que salga elegido [en las elecciones generales] nos permita ir mas allá de lo que se vota aquí", concluyó el diputado regional. 

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Blanca Fernández, defendió la medida en cuanto considera que garantiza la seguridad jurídica de los Ayuntamientos y que pretende también dar equilibrio presupuestario a los Gobiernos locales. Además, la socialista remarcó que, contando Castilla-La Mancha, sólo hay tres Comunidades Autónomas que no han legislado regionalmente los servicios básicos de los Ayuntamientos, que se verían "encorsetados" con la Ley de Racionalización Municipal y pidió el apoyo del PP "en un momento de urgencia". Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, ha intervenido para asegurar que se está trabajando en una legislación desde el Gobierno regional, y que parte de los "desaguisados" que está arreglando están relacionados con la falta de ley castellano-manchega en esta materia. 

La Ley propuesta por el PSOE y Podemos busca principalmente combatir el cambio de régimen jurídico que supondrá la normativa estatal que ahora entra en vigor y clarificar las competencias municipales para “evitar duplicidades” con las de otras administraciones. Parte del hecho de que aunque la nueva Ley de Administración Local reduce el mínimo competencial de los municipios, no prohíbe sin embargo a los gobiernos autonómicos atribuir otras competencias a las entidades locales. El texto recoge explícitamente que las entidades locales de la región seguirán ejerciendo las competencias atribuidas por las leyes, que la comunidad autónoma podrá delegar en las mismas con el acompañamiento de la dotación presupuestaria suficiente, y que se elaborarán informes de inexistencia de duplicidades.

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