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STE denuncia un caso de presunto acoso sexual a una profesora en su centro educativo

Según el sindicato, la docente de un colegio conquense recibió trato denigrante de un compañero hasta el punto de provocar su incapacidad temporal

Afirma que el inspector instructor archivó el caso en marzo “por no existir elementos de prueba documental”

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EFE

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha, ha querido denunciar, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género, un caso de presunto acoso sexual en un centro educativo de la provincia de Cuenca, cuyo nombre no han querido detallar para proteger a la denunciante. Se trata de una profesora que afirma haber sufrido desde el mes de febrero numerosos comentarios y correos electrónicos por parte de un compañero de trabajo que constituyen acoso sexual.

Los hechos, han explicado desde el sindicato, tuvieron lugar el pasado mes de febrero y la víctima, ante la “imposibilidad de poder seguir con su labor docente en unas condiciones dignas”, puso una denuncia al Servicio de Inspección Educativa de esta provincia, ya que estaba “sufriendo reiteradas conductas denigrantes de otro profesor hacia su persona”. Entre ellas, comentarios sobre el atuendo de la víctima o sus piernas, peticiones para que le diera un beso, sostener que tenían una supuesta relación, buscaba encontrarse con ella “bajo cualquier excusa profesional y no profesional”, le enviaba correos electrónicos con claras intenciones sentimentales en período vacacional, y llegó a reconocer que le realizaba “miradas libidinosas y comentarios sobre su vestuario”.

El inspector instructor del caso emitió un informe, con fecha de 7 de marzo, en el que proponía el archivo de las actuaciones por no existir “elementos de prueba documental y/o testifical que puedan apoyar los hechos denunciados”, que, según él, “si bien parecen verosímiles, no son demostrables en virtud del principio de presunción de inocencia, y por tanto no hay evidencias de acoso”. Por ello, al denunciado no se le ha abierto expediente disciplinario alguno, a pesar de que “argumenta y reconoce en sus declaraciones y en reiteradas ocasiones que su modo de proceder es debido a que es un hombre”.

Archivado el expediente por el Servicio de Inspección Educativa, se procedió a presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Educación, cuya respuesta, añade STE, ha sido la desestimación del mismo alegando que la acosada no tiene legitimidad para pedir la apertura de tal expediente disciplinario.

Es por ello que la víctima, ante esta “inacción en un caso de acoso tan grave”, se ha visto obligada a presentar una demanda vía administrativa y otra vía penal para poder ser tenida en consideración. Alega el “daño personal y moral” que le ha provocado la actitud de su acosador, al haber estado en incapacidad temporal “por el estrés y la tensión". También apunta “daño laboral” ya que para huir de la situación de acoso que estaba recibiendo, solicitó destinos en el Concurso de Traslados a más distancia, con lo que ello supone en “pérdida de méritos por antigüedad” y encontrarse en la actualidad en un destino provisional con la inestabilidad laboral que ello conlleva.

Contra las actuaciones de la Administración

Desde el sindicato han denunciado la forma de actuar de la Dirección Provincial de Educación de Cuenca, del Servicio de Inspección Educativa de dicha provincia y en última instancia de la Consejería de Educación, en torno a este caso. “Consideramos denigrante para nuestra dignidad como personas que las mujeres en pleno siglo XXI tengan que acudir a los tribunales para poder demostrar que han sido víctimas de un acoso en su centro de trabajo. Con el agravante que conlleva que este centro de trabajo es un centro educativo, donde se trasmiten valores al alumnado”, ha afirmado Matilde Castilla.

La asesoría jurídica de STE defiende que es obligatorio la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario para determinar totalmente los hechos y si de los mismos hay o no sanción disciplinaria, además del cese inmediato de las conductas. “De los hechos acreditados no hay duda de que el acusado llevó a cabo comportamientos verbales de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la víctima, que han atentado contra su intimidad, habiendo creado un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo”, añaden.

Alegan por último que la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha comparecido ante la prensa para analizar la labor que se está llevando a cabo, y “se vanagloria” de que es el ámbito educativo donde se ha de incidir. “También anunció que se renovará un convenio propio de la Junta con empresas que se declaren libres de violencia de género. Esperemos que se apliquen sus propias leyes y todos los centros educativos se puedan declarar libres de violencia de género y no tengan ninguna persona que vuelva a padecer lo que esta maestra”, concluye.

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