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Nuevo varapalo judicial a las intenciones del Gobierno de Rajoy con el ATC

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima el recurso del Gobierno de Rajoy que intenta frenar la ampliación de la Laguna del Hito, condicionante en contra de la instalación del silo nuclear

Pese a su decisión, el Alto Tribunal de la región deja abierta la puerta al recurso ante el Supremo y la Junta cree que se "avala" su política ambiental

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ATC

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Administración General del Estado contra el auto de este tribunal por el que se denegaba la solicitud de medida cautelar para suspender el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del pasado mes de julio por el que se inicia el procedimiento para ampliar el espacio protegido Red Natura 2000 'Laguna de El Hito'.

Dicha ampliación afecta a la construcción del proyectado Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca). Según ha informado el TSJCM, la resolución dictada no es firme y cabe interponer contra la misma Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

El pasado 22 de diciembre el Gobierno de la nación presentó un recurso contencioso-administrativo en el TSJCM contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Emiliano García-Page por el que decidió ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito, situada a unos kilómetros del futuro emplazamiento del silo.

La Sala expresa que su anterior auto que recurrió el Ejecutivo central "ya partía de la consideración de que no se habría justificado que existiera una necesidad inminente, en relación con la cuestión relativa a la seguridad nuclear". Por tanto, añade que como no se justifica "una situación de urgencia o afectación inminente a la seguridad nuclear", los posibles perjuicios que alega el Gobierno de Mariano Rajoy "deben quedar circunscritos al ámbito económico", por lo que la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM pondera los intereses económicos frente a los ambientales en este asunto.

La Sala afirma que si aprobase las medidas cautelares que pide el Ejecutivo central "exigiría que la nulidad de la actuación administrativa recurrida se apreciara de manera evidente, de un simple vistazo, sin necesidad de realizar un análisis pormenorizado de la cuestión de fondo, pues éste quedaría reservado para la decisión que hubiera de adoptarse en el procedimiento principal a través de sentencia".

Pese a todo ello, el alto tribunal castellano-manchego concluye señalando que el procedimiento principal, al margen de la denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal.

La Junta cree que la decisión "avala" su política medioambiental

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha valorado la decisión judicial recordando que es el "segundo portazo que la justicia da al Gobierno en funciones del PP". Ve "muy positiva" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que, en su opinión, "vuelve a avalar la política medioambiental del Gobierno regional", como "ya ocurrió cuando el Ejecutivo central solicitó la adopción de medidas cautelares ante el inicio de este procedimiento encaminado a proteger los valores medioambientes y paisajísticos del entorno de Villar de Cañas".

 "La decisión de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM, ha abundado el portavoz, refrenda las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para que los intereses medioambientales estén por encima de cualquier otro tipo de intereses"; intereses, ha puntualizado, que en este caso "no son todos radioactivos".

Nacho Hernando ha reiterado la apuesta del Ejecutivo de Emiliano García-Page por "un crecimiento sostenible que respete el medioambiente" y por aquellas inversiones que supongan "una verdadera redistribución de la riqueza" en Castilla-La Mancha.

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