¡Cállese y tome mi dinero!

¡Buenas noticias! El Gobierno ha comunicado que cuando mejore la economía y el Estado comience a recaudar más, si la presión fiscal supera el rango del 38% o 39% del PIB, ¡el Partido Popular bajará los impuestos! Lo peor de la crisis ha pasado (un momento, ¿no decían lo mismo en 2014, y en 2013, y… en 2009?) y vamos a tener más dinero para… eh… pagar las prestaciones sanitarias que ya no nos cubre el sistema público… la educación, la luz y los medicamentos más caros… ¿y si resultara que la noticia no es tan buena?

En 2003, Zapatero pronunció una frase que nunca seré capaz de olvidar: “Bajar impuestos es de izquierdas”. Un año después ganó las elecciones. Heredó del PP una burbuja inmobiliaria que inflaba artificialmente tanto la actividad económica como los ingresos tributarios del Estado. El PSOE usó esos excedentes para reducir el déficit e introducir numerosas rebajas fiscales, muchas de ellas regresivas, como “devolver” 400 euros a cada contribuyente del IRPF o suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio. No se supo o no se quiso ver que se estaban aprobando beneficios fiscales confiando en unos ingresos que eran extraordinarios y se esfumaron al estallar la burbuja.

Con la crisis, la recaudación bajó drásticamente. Según Eurostat, el desplome de la recaudación (calculada como un porcentaje del PIB) fue de 6,4 puntos porcentuales entre 2007 y 2009, la caída más pronunciada en toda la Unión Europea. Fue especialmente pronunciada en el Impuesto sobre Sociedades, en IVA (que grava la venta de vivienda nueva) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que grava la venta de vivienda de segunda mano y las escrituras notariales de compraventa y de préstamo hipotecario). En este último impuesto, por ejemplo, la recaudación se redujo más de la mitad entre 2007 y 2009, cayendo de 17.399 millones a 8.483 millones; y continuó bajando en 2013, hasta 5.688 millones.

Necesitamos que el sistema tributario sea sostenible para financiar los servicios públicos sin depender de los mercados financieros. Los Estados se han acostumbrado a financiar gastos corrientes, como las nóminas, a través de deuda pública, incluso en condiciones económicamente favorables. Ello ha creado una relación de dependencia respecto de los mercados financieros que puede condicionar los procesos democráticos de toma de decisiones. El Manifiesto de economistas aterrados ha descrito la financiación mediante deuda pública (especialmente cuando se combina con bajadas de impuestos) como un sistema de “redistribución al revés”, desde las clases populares hacia las clases acomodadas. Se acude al endeudamiento en lugar de hacer que paguen más impuestos quienes más tienen; luego se recortan servicios básicos para pagar la deuda a bancos, entidades de seguros y fondos de inversión. En el caso español, además, parte de la deuda pública se genera por la asunción de deudas privadas: el rescate bancario es un ejemplo.

Si las cuentas públicas deben cuadrar (por exigencia de la Unión Europea) y es contraproducente endeudarnos en demasía; y si (por exigencia de la Constitución) el Estado tiene que garantizar una serie de bienes y servicios públicos, como el derecho a la educación, la sanidad o la protección social, se necesita un sistema impositivo fuerte. No permitamos que otros se apropien de términos como estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera para asociarlos a un Estado mínimo que solo está interesado en la protección de los privilegios económicos. Precisamos de un Estado sostenible para tener la seguridad de que nuestras necesidades materiales estarán cubiertas en el futuro.

Por eso, cuando alguien nos prometa bajar los impuestos (y en 2015, entre elecciones municipales, autonómicas y generales, lo escucharemos muchas veces) tenemos que hacer dos preguntas: “¿a costa de qué?” y “¿bajar los impuestos a quién?”.

Efectivamente: bajar impuestos, ¿a costa de qué? ¿Quién quiere 25 euros más en su nómina por la rebaja del IRPF si luego no tiene una guardería gratuita de calidad, si tiene que pagar parte de las prestaciones sanitarias y si las tasas universitarias suben sin parar? ¿Quién quiere que supriman el Impuesto sobre Sucesiones para cuando deje su casa a sus descendientes si mañana perderá esa vivienda porque no puede afrontar su hipoteca? Pagamos impuestos porque existe un acuerdo, un “pacto fiscal”, según el cual el Estado garantizará una serie de derechos, cuyo coste sufragaremos colectivamente. Si el Estado no cumple su parte, el pacto fiscal comienza a romperse y resulta más difícil justificar la necesidad de pagar tributos.

El pacto fiscal también se pone en riesgo cuando no todas las personas pagan su parte. Por eso, cuando alguien prometa bajar los impuestos, también debemos preguntar: ¿bajárselos a quién? Lo importante no es, como ha dicho el Gobierno, que la presión fiscal media supere el 38 o el 39%. ¿Conoces el viejo chiste que dice que según la estadística, si yo me como dos pollos asados y tú ninguno, nos hemos comido, de media, un pollo cada uno? “Muy divertido”, me responderás, “pero yo sigo teniendo hambre”. Por la misma razón, más importante que la carga fiscal media es la distribución de dicha carga. ¿A quién se están bajando los impuestos? Ese debería ser el debate, pero suele estar en la letra pequeña. Y en esa letra pequeña se mueven como pez en el agua las grandes empresas, que presionan e influyen para que las nuevas reglas se adapten a sus intereses.

Por último, no se trata (solo) de bajar o subir impuestos ni de modificar cómo se distribuyen entre la población; se trata también de quién paga lo que debe y quién no. Se trata de si la Administración tiene medios suficientes para combatir la ingeniería fiscal y el fraude y si se le deja hacer su trabajo. En muchos Estados europeos, el Gobierno ha promovido acuerdos de la Administración con grandes empresas donde se trataba a estas con guante de seda. El caso más sonado es el conocido como Lux Leaks, donde estaría implicado el propio Juncker; pero los acuerdos entre Irlanda y Apple y entre Países Bajos y Starbucks están siendo analizados por la Comisión Europea, cuyo análisis preliminar ha concluido que se ha aplicado la normativa tributaria de manera excesivamente favorable, proporcionando ventajas fiscales contrarias al Derecho de la Unión. En Gran Bretaña, el Parlamento investigó los acuerdos de la Administración tributaria con empresas como Google o –de nuevo– Amazon o Starbucks. En España, el cese de una inspectora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes a finales de 2013 se consideró relacionado con la sanción impuesta a Cemex por esa misma inspectora y produjo una cadena de dimisiones. Tras un episodio similar en 2015, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha llegado a solicitar una auditoría interna de la Agencia Tributaria para comprobar si las inspecciones de grandes fortunas y empresas se están resolviendo con “imparcialidad y objetividad”.

Vuelvo al inicio: no quiero que me bajen los impuestos. Quiero que el Estado tenga recursos suficientes para garantizar todos los derechos básicos sin entrar en la relación de dominación que la emisión de deuda pública provoca. Quiero que cada contribuyente pague lo que le corresponda, según los principios constitucionales de igualdad y progresividad. Para ello, es necesario reconstruir el pacto fiscal a partir de un proceso constituyente. Un proceso constituyente que garantice los derechos sociales y los convierta en derechos fundamentales; y que asegure que los servicios públicos se financian a través de impuestos justos y progresivos, gestionados con eficacia e imparcialidad. Quiero un Estado al que gritar, ¡cállese y tome mi dinero! Y gástelo bien.