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El Gobierno valenciano multará a los bancos que no cedan sus casas vacías a desahuciados

La Conselleria de Vivienda prepara una ley para obligar a las entidades a ceder sus inmuebles en alquiler social.

La responsable de este departamento, María José Salvador, denuncia que el PP ha dejado una deuda de 7,5 millones de euros con varios ayuntamientos por impago del IBI.

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La consellera de Vivienda, María José Salvador, en el centro de la imagen.

La consellera de Vivienda, María José Salvador, en el centro de la imagen.

Las entidades bancarias con presencia en la Comunitat Valenciana no podrán tener un stock de viviendas deshabitadas.

Así lo establecerá la nueva Ley de Función Social de la Vivienda, cuyo anteproyecto se presentará dentro de un mes, según ha avanzado este martes la consellera de Vivienda, María José Salvador (PSPV).

La responsable de este departamento ha explicado que aquellas casas que sean propiedad de los bancos y que no se hayan logrado vender o alquilar en un plazo determinado de años, deberán ser cedidas a una bolsa que gestionará la Generalitat y que se destinarán a familias desahuciadas o en situaciones extremas mediante un alquiler social adecuado a sus posibilidades.

Salvador ha comentado que de esta forma el nuevo Consell del tripartito (PSPV, Compromís y València en Comú) que preside Ximo Puig quiere garantizar el derecho universal a una vivienda digna en cumplimiento con el pacto del Botánico.

De hecho, la nueva normativa prevé importantes sanciones para aquellas entidades bancarias que se nieguen a ceder las viviendas que cumplan con los parámetros que impondrá la ley. Otras comunidades como Catalunya, Andalucía y País Vasco ya aplican normativas similares.

Al respecto, Salvador ha recordado que la mayoría de los bancos han recibido un rescate "de 71.000 euros de dinero público", por lo que las administraciones deben recibir alguna contrapestación.

Además, ha denunciado la falta de colaboración en una reunión que mantuvo hace días con representantes de 11 entidades: "Les pedimos que nos facilitaran un interlocutor para tratar temas de vivienda, que nos cedieran pisos vacíos para casos de urgencia y que no hicieran ningún desahucio hasta que se apruebe esta ley, pero solo Caja Mar, Banco Popular y Caixa Ontinyent han aceptado"

El 45% de las viviendas de la Generalitat, vacías

La titular del departamento de vivienda ha criticado la gestión realizada en los últimos años por el PP. En este sentido, ha denunciado que se han econtrado una deuda de 7,5 millones de euros con diferentes ayuntamientos de la Comunitat que corresponden a impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los diferentes pisos de propiedad de la Generalitat.

Salvador ha anunciado que el año que viene abonarán 1,5 millones para no seguir incrementando esta deuda y que realizarán un plan de pagos para ponerse al día con todos los municipios afectados. Castellón, Elche, Paterna y Alicante copan la mayor parte de la deuda.

Además, la consellera ha denunciado que el 45% de las 1.040 viviendas propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), están vacías

La mayoría de ellas, unas 330, están en venta. Para darles salida, Salvador ha anunciado que bajarán los precios y les cambiarán el régimen para poderlas poner el alquiler y en alquiler con opción a compra.

La morosidad en viviendas sociales se eleva al 40%

Por último, ha afeado que de las 14.000 viviendas sociales que tiene la Generalitat en régimen de alquiler, 689 están deshabitadas y sin uso por su estado casi ruinoso. Según Salvador, el PP aprobó una partida de 8 millones de euros para arreglarlas este año, de los que solo han gastado 400.000 euros.

La consellera se ha comprometido a rehabilitarlas y ponerlas a disposición de personas necesitadas en 2016 mediante una partida aprobada de 6,5 millones de euros.

En cuanto a los actuales inquilinos de vivienda social, un 40% de las familias no pueden hacer frente a los pagos de las mensualidades, por lo que desde Vivienda han puesto en marcha una campaña informativa sobre las bonificaciones de hasta el 90% a las que pueden acogerse.

Salvador ha insistido en que no harán desahucios en las viviendas públicas y que harán un seguimiento de cada familia para asegurarse de que realmente no tienen recursos y ha recordado que en la etapa del PP se hicieron en torno a 1.000 desahucios por impago en viviendas de la Generalitat.

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