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ENTREVISTA | Pedro Horrach, exfiscal anticorrupción

“La doctrina Botín fue un invento absurdo del Supremo que dio las riendas de un proceso penal a un pseudosindicato”

Pedro Horrach pasó de héroe a villano por una decisión jurídica, defender la no imputación de la infanta y su posterior procesamiento. El Fiscal Anticorrupción estrella de las Islas Baleares es ahora abogado. Considera que por mucho dinero que se gaste en la lucha contra la corrupción no será suficiente si no se implementan las medidas preventivas. “Las penas por corrupción no son altas”, asegura.

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El fiscal Anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach.

El fiscal Anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach. Jesús Císcar / València

Hemos pasado una crisis económica brutal, ha habido numerosos cambios de gobierno y se han judicializado varios centenares de casos de corrupción. ¿Ha descendido la corrupción?

Lo que ha descendido es el gasto público. La corrupción se produce básicamente cuando hay mucha contratación pública. En este sentido, claro que ha descendido. También ha influido que desde hace años hay una persecución judicial y de la Fiscalía Anticorrupción a este tipo de casos y que los medios de comunicación hayan asumido la batalla contra la corrupción como una de las primeras enseñas ha ayudado a una concienciación mayor sobre la lacra que supone. Los recursos públicos son escasos y no se pueden malgastar y beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos.

¿Los cambios democráticos, la leyes de transparencia y el incremento del número de partidos gobernando generan unos mayores controles y un descenso de los casos de corrupción?

Lo único que dificulta la corrupción es la existencia de controles preventivos dentro de la administración a la hora de realizar un procedimiento de contratación. Segundo, la concienciación social. Corrupción siempre habrá, pero su existencia dependerá de que sigamos evolucionando como sociedad. Existe una concienciación cada vez mayor de que los recursos son escasos. El hecho de que se destinen más o menos medios a la lucha contra la corrupción creo que es accesorio. Se debe atacar desde un inicio e impedir que exista. Y eso se consigue con controles preventivos.

Pasa como con los incendios, es mejor y más barato prevenir que apagarlos.

Así es. Los casos de corrupción que puedes seguir actualmente se remontan a seis, siete u ocho años atrás. Es decir, que aparecen cuando ha pasado ya un tiempo importante. De qué sirve cuando ha pasado un tiempo, hay que prevenirlos, no combatirlos cuando han pasado cinco años. La falta de medios de la administración de justicia es endémica. El coste cero para luchas contra la corrupción es activar los controles preventivos que ya están en la administración. El problema es que no se activan. Ya se pueden aprobar todas las leyes que quieran y cambiar la ley de contratos del sector público, si no se activa la fiscalización previa todo lo demás no sirve de nada.

¿Qué le diría a la mayoría social que piensa que el dinero robado en la corrupción no se devuelve?

Es un frustración para todos. Es frustrante ver que el dinero no se recupera. Es verdad que se intenta, que se pone esfuerzo en ello pero es muy difícil localizar el dinero, sobre todo cuando la investigación empieza cinco años después de que se haya producido el acto corrupto. El dinero ya ha volado.

Entonces, ¿comparte esa afirmación de que el dinero robado por los corruptos no se devuelve?

Claro que es cierta. Ya ha desaparecido. Si tuviéramos mecanismos para actuar cuando se produce el acto corrupto tendríamos más facilidad para recuperar lo sustraído de las actas públicas.

También hay malestar en la sociedad porque las penas a las que se enfrentan los corruptos no son elevadas, ni ejemplarizantes, como sí pasa en ocasiones con el roba-gallinas.

Se producen en la sociedad y en los medios de comunicación dos afirmaciones contradictorias. Que el roba-gallinas va a prisión y el ladrón de guante blanco no, y otra que las penas sobre los corruptos son excesivamente altas, en algunos casos superiores a las penas que se puedan imponer por un asesinato.

¿Son altas las penas para los delitos de corrupción?

No son altas. Hay un delito muy clásico en las investigaciones de corrupción que es el de prevaricación -tomar una decisión injusta para beneficiar a alguien- y está castigada en España con una pena que no implica prisión, solo inhabilitación. Pero la prevaricación es la base de cualquier conducta corrupta. Para mi es el tipo delictivo que debería tener mayor pena, incluso que la propia malversación de caudales públicos. No toda prevaricación implica corrupción pero si toda corrupción implica forzosamente prevaricación. El problema también es la dificultad en la investigación. No es lo mismo que alguien haya forzado una casa y encuentren las huellas dactilares y que después encuentres al ladrón paseando por la calle con el reloj que ha robado en la vivienda, que una investigación de corrupción que tiene una complejidad mayor por el gran número de personas al que afecta. Muchas causas se deben dividir en piezas separadas debido a su volumen y complejidad.

Esa dificultad en los procesos termina con que a muchos presuntos corruptos no se les condena por los delitos típicos y se les acaba sentenciando solo por delitos contra la Hacienda pública. Es el caso del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra quien, pese a no poder demostrar de dónde había obtenido más de tres millones de euros, solo pudo ser condenado por no haberlos declarado. ¿Es el delito más fácil de probar?

Así es, porque depende de parámetros objetivos y en los otros casos partes de indicios.

El fiscal Anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, durante la entrevista.

El fiscal Anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, durante la entrevista.

Por eso fiscales y jueces se apoyan en estos delitos al fisco.

Efectivamente, porque para nosotros tienen parámetros objetivos que hacen que la investigación sea relativamente más sencilla y dependemos de la Agencia Tributaria. Son los funcionarios de Hacienda los que concluyen que ha habido delito fiscal. El resto de delitos pueden tener una gran discusión jurídica, porque cuando no encuentras el dinero o el cohecho, que tiene la foto fija, el resto de delitos como la falsedad y otros son mucho más complejos.

Ha pasado de ser el azote de los corruptos en las Islas Baleares a ser abogado. ¿Defendería a un acusado por corrupción?

Sí, ¿por qué no? El ejercicio del derecho de defensa es tan legítimo como el derecho a la acusación.

¿Por qué ha hecho este cambio?

Porque mis últimos diez años en la fiscalía fueron muy intensos. Fueron más de cincuenta operaciones vinculadas a casos de corrupción, la mayoría de los cuales acabaron en causas complejas con piezas separadas. La intensidad fue mucha y necesitaba un cambio. Y debido al tema Nóos, que tuvo un impacto mediático nacional y donde sentí mucha presión mediática porque me convertí en el malo de la película durante mucho tiempo, necesitaba un cambio de ciclo. Sin más.

En la instrucción del Caso Nóos pasó de ser una especie de héroe nacional cuando inició su investigación contra Iñaki Urdangarin a ser un villano cuando defendió que no había pruebas para imputar y procesar a la infanta Cristina. ¿Cómo se encaja este cambio radical en la opinión pública y publicada?

Para mi todo era un poco absurdo y difícil de asimilar inicialmente. Me cansé de repetir ante todos los medios de comunicación, que no seguía ninguna orden y que solo seguí mi criterio profesional. Pero eso no vendía, ni sigue vendiendo mediáticamente. Aún existe algún libro que sigue instigando pseudoconspiraciones de un intento de beneficiar a la Casa Real. La causa del Palma Arena que derivó en la pieza 25 que derivó en el caso Nóos la inició la Fiscalía Anticorrupción, concretamente yo. La inicié con mis escasos medios y la seguí con mis escasos medios. Para que ahora venga cualquier persona a poner en entredicho mi rectitud profesional.

Reitero. Pasó del cielo al infierno en semanas.

Se me criticó cuando decidí no seguir la imputación de la infanta impulsada por un juez de instrucción y con el exclusivo apoyo del pseudosindicato Manos Limpias. El juez de instrucción, por sí solo, podía imputar, lo que no podía hacer era sentar en el banquillo a nadie. Fue por un sindicato que presuntamente se ha visto lo que es.

La doctrina Botín.

El texto de la ley está muy claro. La doctrina Botín es un invento absurdo del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo no está para legislar, sino exclusivamente para cumplir la ley. Y el texto dice lo que dice y es que si el fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento de la causa el juez instructor debe acordarlo. Otra cosa son inventos que hizo el Tribunal Supremo para quién sabe qué finalidades. Y así nos ha ido. Igual que la doctrina Parot. ¿Y ahora quién se come el marrón? Y todo esto, que provoca que un pseudosindicato tenga las riendas de un proceso penal. Hasta aquí podíamos llegar!

¿Defiende la imparcialidad total y absoluta de la Fiscalía Anticorrupción?

Cada fiscal ha defendido lo que ha considerado oportuno. Los criterios han sido defendidos a nivel de fiscal jefe de Anticorrupción y fiscal general del Estado. Y si hubieran tenido un criterio diferente al nuestro en este caso o en otros lo hubieran pedido por escrito y nosotros lo hubiéramos acatado o no. No hay más.

Entendió que no había lugar a imputar a la infanta porque desconocía los hechos. ¿Fue una mujer florero?

No ha habido ni un solo juez en España que haya imputado a un socio de una sociedad por un delito fiscal. Ni uno. Simplemente porque no se cumple el tipo penal. Simplemente es la primera vez en España que se sienta a una señora en el banquillo por el hecho de ser socia no administradora de una sociedad. La sentencia fue absolutoria. En una hoja. ¿Y a quién condenaron en costas por temeridad? Si la actuación de Manos Limpias fue temeraria, no lo fue también la imputación de Castro. Porque eran los mismos hechos. Hoy sigo siendo el villano pero la sentencia fue absolutoria y el pseudosindicato fue temerario. ¿No lo fue también sentarla en el banquillo? Si no hay nada más, porque no había nada más que mera decoración mediática y facturas de Harry Potter imputadas a una sociedad, por qué hicieron lo que hicieron el juez de instrucción y el tribunal. A ver si alguien se lo pregunta.

Por sus palabras se desprende que el cruce dialéctico-juríco entre el juez Castro y usted fue real y molesto pese a que antes habían trabajado juntos durante muchos años empapelando a corruptos.

Lo único que me molestó y de ahí mi reacción airada es que en una resolución judicial, el juez puso en duda la imparcialidad de la Agencia Tributaria. Explícitamente, cuando eran funcionarios en auxilio judicial y cuando los sometió públicamente al degüello nacional. A tres funcionarios de Hacienda, de forma totalmente gratuita. Luego se demostró lo que se demostró. Pero acusar explícitamente a tres funcionarios de realizar una peritación parcial para salvar a la Infanta provocó la cadena de escritos posterior. La primera reacción fue esta porque lo consideré injusto, arbitrario y gratuito.

Usted acusó igualmente a los altos cargos valencianos y baleares pero en la sentencia final los primeros quedaron absueltos y los segundos condenados. ¿Cómo ve esta parte del fallo judicial?

Con frustración profesional. Acato la sentencia pero considero que hay un juicio erróneo sobre la naturaleza jurídica de la empresa pública de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en relación a lo que fue la fundación Illesport en Palma de Mallorca. De hecho, no entendemos esta diferencia de trato porque ambas administraciones se debían regir por la ley de contratos públicos. Esto ha provocado unas condenas y otras absoluciones.

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