Los ciudadanos ya pueden consultar los movimientos bancarios de la Generalitat
Los ciudadanos ya podrán consultar el saldo de las cuentas de la Generalitat y sus movimientos bancarios como si fuera su cuenta corriente personal. A partir de este miércoles se activa en el portal de transparencia (gvaoberta.gva.es) el apartado de cuentas públicas, de libre acceso y con posibilidad de descarga siguiendo lo aprobado en la Ley de Cuentas Abiertas.
Las universidades y las empresas públicas tienen de plazo hasta mayo para poner esta información en el apartado de transparencia. En esta web, el Gobierno tiene la obligación de mostrar todos los movimientos bancarios, destinatario y concepto de las transferencias que realice desde enero de 2017. Es decir, cómo se mueve el dinero público.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha comparecido este miércoles en les Corts para anunciar la puesta en marcha de este servicio. El “striptease contable”, como ha bromeado el conseller es “una vacuna democrática contra la corrupción”. Actualmente solo la Comunidad Valenciana y Extremadura tienen aprobada una ley de cuentas abiertas. El texto valenciano va un paso más allá y que publica los movimientos bancarios además de los saldos. Las cifras se actualizarán trimestralmente con explicación mensual al detalle. La ley fue una de las primeras iniciativas parlamentarias presentadas por Podemosm aprobada en les Corts en abril del año pasado. La formación morada quería que el Consell elaborara una herrramienta telemática con la que los ciudadanos pudieran acceder a las partidas de ingresos y gastos del Gobierno y logró el apoyo de todos los partidos salvo el PP.
En su día se dijo que esta medida tendría un “coste cero” para la administración. Hoy el conseller de Hacienda ha explicado que el informe en el que se basa el sistema, encargado a Govertis Advisor Services ha sido 15.900 euros (más IVA) y que los servicios de la Generalitat han invertido más de 1000 horas para tener listo el portal. “En una administración post corrupta esto supone una inversión. Luchar contra la opacidad es garantía para eliminar la corrupción”, ha señalado el conseller. La empresa se encargó de hacer un informe para establecer qué datos podrían publicarse y cuáles no, de acuerdo a la legislación europea y estatal sobre protección de datos. Este informe concluye que no se pueden publicar los datos de las personas físicas (tendrán que estar anonimizados), sí de las empresas y, en el caso de los autónomos, se publicarán mientras no sean datos sensibles y aquellos que tengan relación a la finalidad económica profesional.
La ley ha tardado casi un año en entrar en vigor por la falta de medios digitales, reconocen desde la Administración. En 2015, solo un 12% de los procedimientos administrativos podían consultarse en formato electrónico y esto le ha producido más de un dolor de cabeza en las consellerias de Hacienda y Transparencia.
