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Palma quiere reforzar la inspección y poner más multas a los pisos turísticos prohibidos

El Govern de Baleares tiene una normativa desde 2012 que prohíbe los alojamientos turísticos en bloques de viviendas

La comunidad autónoma prepara una nueva ley para actualizar la normativa vigente

El consistorio quiere que haya más inspecciones, que dependen de la comunidad, para que se cumpla la normativa vigente

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EFE

El Ayuntamiento de Palma quiere que haya más inspecciones de alojamientos turísticos. Antoni Noguera, el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Vivienda y Urbanismo del consistorio, durante la presentación de su plan sobre medidas para "garantizar el acceso a una vivienda digna", advirtió de que "este verano los alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares seguirán prohibidas, como hasta ahora, pero con más inspecciones y multas", según recoge la nota de prensa del acto. 

La comunidad cuenta con una normativa que regula la vivienda turística desde 2012 y en esta ley se prohíbe la existencia de apartamentos turísticos en lo que califica como viviendas "plurifamiliares", es decir, bloques de pisos. Solo podría haber viviendas turísticas legales en casas aisladas. El Gobierno de la comunidad autónoma está en proceso de desarrollar una nueva ley que actualice esa norma.

Por el momento, en el artículo 52 de la normativa vigente se establece que "las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítulo tienen que responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada", por lo que deja fuera los bloques y los adosados. "En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes que se encuentran en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal, quedando en consecuencia prohibida la comercialización de estancias turísticas en este tipo de viviendas", dice esta normativa.

La ley establece además un régimen de sanciones que van desde la leve, tipificada con 4.000 euros de multa, hasta las muy graves, que pueden ascender a los 400.000 euros. "Como sanciones accesorias podrán imponerse la suspensión temporal del ejercicio de actividad de la empresa o del ejercicio profesional, la revocación de la habilitación otorgada por la administración turística o la pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística o la clausura temporal o definitiva del establecimiento", añade la normativa.

Sin embargo, a pesar de que exista la normativa si no se realizan inspecciones y se abren expedientes sancionadores el fenómeno persistirá. Fuentes del consistorio señalan que el Ayuntamiento no tiene potestad para llevar a cabo estas inspecciones y que tiene que ser la comunidad la que las realice.

A esto se suma que las competencias en este sentido recaen en las comunidades autónomas y no en los ayuntamientos, por lo que el consistorio no tiene capacidad de prohibir o cambiar las normas.

El Ayuntamiento de la capital de la isla considera que el fenómeno turístico y el alto número de alojamientos turísticos han hecho que en los últimos tiempos se haya disparado el precio de la vivienda en la ciudad y se haya producido la "despoblación" de residentes de algunos barrios de Palma.

Debate sobre el turismo sostenible

En este sentido, Illes Baleares vive un fenómeno similar al de Catalunya o la Comunidad Valenciana. En ambas comunidades, se están  llevando a cabo expedientes sancionadores para las viviendas que no cumplen con la normativa y no cuentan con la licencia turística correspondiente. En algunos casos, los expedientes alcanzan a las propias plataformas que los anuncian por considerar que estas deben comprobar que sus anuncios cumplen con la normativa. Un punto sobre el que discrepan las plataformas que consideran que la ley no les obliga a hacer una vigilancia activa sobre las viviendas que se publican.

Este debate se enmarca en un contexto de récords turísticos que se concentran sobre todo en determinadas zonas en la época estival y que algunos puntos están generando conflictos con los vecinos de las zonas más afectadas.

Ayuntamientos y comunidades están buscando fórmulas para tratar de solucionar los problemas de convivencia generados y combinar el acceso a la vivienda con unas economías que se basan en el sector servicios, en muchos casos derivado del turismo.

En el caso de Palma, Noguera señaló que el precio de la vivienda se sitúa en el cuarto lugar de las ciudades españolas. Por delante de la capital balear, solo se encuentran Madrid, Barcelona y Bilbao, según los datos que mostró.

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