El Parlamento holandés pide aclaraciones a Dijsselbloem en la ley sobre la que influyeron los bancos

El Parlamento de Holanda pidió hoy aclaraciones al ministro de Finanzas, el laborista Jeroen Dijsselbloem, por la supuesta influencia ejercida por el grupo bancario neerlandés ING en la elaboración de una ley que proporcionará millonarias deducciones a los bancos.

El diario holandés NRC ha publicado hoy que los parlamentarios quieren que Dijsselbloem explique esa presunta participación de ING, un grupo bancario que según ese medio “habría elaborado parte de los elementos esenciales de la ley” sobre deducciones concedidas a entidades sobre los bonos convertibles convergentes conocidos como “CoCos”.

Varios responsables políticos de la oposición y de los partidos que gobiernan en coalición han pedido la comparecencia de Dijsselbloem para explicar lo ocurrido, entre ellos el diputado Henk Nijboer, también laborista, como el ministro de Finanzas.

“Los políticos deben escribir las leyes, no los bancos”, dijo Nijboer al la cadena neerlandesa NOS, mientras que la diputada liberal Aukje de Vries indicó a NRC que si bien consultar con la comunidad empresarial “es importante, la ley debe de ser escrita por el ministerio”.

Por su parte, Dijsselbloem ha afirmado que representantes del ING fueron consultados durante el proceso legislativo, al igual que otros bancos, según la cadena pública neerlandesa NOS.

Varios parlamentarios han dirigido hoy mismo una carta a Dijsselbloem requiriéndole que proporcione más información en un plazo de 24 horas, y en base a su respuestas, se organizará un debate en la cámara, precisó NRC.

Según un documento interno del ministerio holandés de Finanzas al que ese medio tuvo acceso, el sector bancario había abogado desde 2011 en favor de legislación que permitiera deducciones sobre ese tipo de bonos, un cabildeo que finalmente, dice NRC, tuvo éxito en 2014.

Asimismo indica que “casi todas las enmiendas propuestas por ING se incluyeron en el texto legal y su explicación”.

La deducción, que está en vigor desde 2014, permite a los bancos ahorrarse unos 350 millones de euros al año y que ésta “no pueda considerarse una ayuda de Estado ilegal”, apuntó un portavoz del ministerio de Finanzas a NOS.

El grupo bancario ING publicó hoy sus resultados trimestrales, que muestran que tuvo un resultado neto consolidado de 4.192 millones de euros hasta septiembre, es decir, el equivalente a multiplicar por 56 los 75 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.