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Wallapop y Airbnb: las nuevas tecnologías se convierten en las mejores aliadas de Hacienda

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escanea el código QR del proyecto de Presupuestos de 2017

Marina Estévez Torreblanca

  • Paralelamente se ha conocido una respuesta de la dirección general de tributos que deja claro que quien compra a través de Wallapop o eBay tiene que pagar un 4%

El desarrollo de internet y las nuevas tecnologías ha servido en determinados casos para escapar de controles políticos y económicos. Plataformas como Airbnb, Wallapop, Vibbo o eBay llegaron para dotar de mayor libertad a vendedores y compradores a la hora de hacer negocios o desarrollar la llamada economía colaborativa, y eso a veces ha implicado aprovechar zonas de sombra para evitar cumplir determinadas obligaciones fiscales. Hace ya años que la Agencia Tributaria trata de “iluminar” estas áreas de fraude, en sus propias palabras. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha dejado claro este jueves: “gracias a las nuevas tecnologías, hoy el Estado es capaz de llegar a un nivel de control que nunca antes habíamos tenido. Es un formidable avance, traducido en fiabilidad y seguridad para todos”.

En unas jornadas organizadas por el Colegio de Economistas, el ministro ha ido más allá de la mera lucha contra el fraude y ha glosado también el papel de las nuevas tecnologías para apaciguar crisis como la catalana. El control de las cuentas de la Generalitat desde que se decidió la intervención se efectúa a través de una plataforma ad hoc que impide realizar pago alguno sin el beneplácito del gobierno central. “Valoremos el funcionamiento eficaz de nuestro Estado cuando se producen crisis tan serias y graves y cómo estamos volviendo a la normalidad gracias a la capacidad de control del estado moderno y gracias a la utilización de esas tecnologías”, ha afirmado el ministro.

Una capacidad de control que el ministro ha elogiado el mismo día en que se ha hecho pública una respuesta de la Dirección General de Tributos que confirma que las transacciones entre particulares a través de plataformas como Wallapop o Vibbo deben tributar al 4%. “No hay ninguna novedad” al respecto, ha dicho Montoro, ya que “lo que se está haciendo es interpretar la legislación vigente que siempre ha previsto esta opción” y “el comercio 'online' no puede ser diferente de lo que han sido las transacciones comerciales normales”. Esto es: El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, un tributo autonómico cuya recaudación corresponde a las comunidades autónomas, y grava las transmisiones entre particulares de bienes. Es el que se paga cuando se adquiere, por ejemplo, una vivienda o un coche de segunda mano, con la particularidad de que el sujeto pasivo, es decir, quien debe pagar el impuesto, es el contribuyente que adquiere el bien, no quien lo vende.

Caso distinto es que el objeto de segunda mano hubiera ganado valor (plusvalía), en cuyo caso también el vendedor debe declarar, en este caso en IRPF (el tipo oscila entre el 19% y el 23% en función de la ganancia).

¿Cómo puede controlar Hacienda estas transacciones?

De momento, Hacienda no está pidiendo información concreta a las plataformas de compraventa de objetos usados, entre otras cosas porque se trata de tributos autonómicos y no le correspondería el cobro del ITP. Pero sí que vigilan “desde fuera” lo que ocurre en internet. De hecho, en el Plan de Control Tributario de este año la Agencia Tributaria advirtió de que la economía digital está entre sus prioridades.

El método que usa Hacienda es, puntualmente, pedir información a estas empresas, como a cualquier otra, para determinadas investigaciones. La manera en la que rastrean posibles fraudes y miden el riesgo tributario es la técnica que usan las empresas para determinar en qué páginas web o blogs deben insertar sus anuncios. Para ello se analizan una serie de palabras clave o vínculos.

Además, en estos momentos, el Ministerio de Hacienda trabaja en un decreto con el que busca mejorar el control de la pata fiscal del boom de los alojamientos turísticos y anular el posible fraude fiscal. “Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas plataformas colaborativas, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, se puede  leer en el decreto que prepara el Ministerio, y que se encuentra en el Consejo de Estado en estos momentos. 

El éxito del “gran hermano” del IVA

Montoro también se ha felicitado por el éxito de la implantación del Suministro Integrado de Información (SII), que ofrece datos prácticamente a tiempo real de las transacciones de grandes empresas. Pese a las resistencias iniciales, casi 50.000 empresas las 54.000 empresas que facturan por encima de seis millones de euros en España “ya lo tienen implantado, lo que mejora los controles sobre el tráfico mercantil”, ha insistido Montoro.

Han tenido que sustituir los clásicos “libros de IVA” por una plataforma a través de la cual en un máximo de ocho días, cuatro desde enero de 2018, deben enviar todas sus facturas emitidas y recibidas (desde su contabilización). 

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