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Cantabria elimina el copago de su Ley ELA y garantiza que la subvención sea compatible con otras ayudas

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y  la directora del ICASS, Carmen Arce, en una Conferencia Sectorial

Elsa Cabria

26 de junio de 2026 14:14 h

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Del primer borrador al penúltimo, el paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tenía que asumir un copago para percibir las nuevas ayudas de la adaptación cántabra de la Ley estatal, siendo de un 10% en su penúltima versión. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha eliminado finalmente la participación económica del paciente en la prestación mensual de hasta 9.859 euros, planteada para personas con el grado más elevado de dependencia (III+), que también pasa a ser reconocido, previa evaluación. Además, la ayuda es compatible con otras prestaciones, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Hasta ahora, el documento había estado envuelto en polémica —igual que en otras comunidades autónomas—por plantear la opción de copago para estos pacientes, que en los borradores se planteaba como “participación”. En el texto publicado no figura la palabra ni un porcentaje referido.

“Esta cantidad permitirá a los afectados pagar de forma integral el servicio de sus cuidadores profesionales”, han explicado desde la asociación que representa a los 52 pacientes de ELA de Cantabria (CanELA). La orden ha sido aplaudida por la agrupación por incluir sus alegaciones.

Antes de esta normativa, Cantabria ya reconocía el grado I de dependencia a las personas diagnosticadas con esta enfermedad y también la discapacidad igual o superior al 33% a las personas diagnosticadas de ELA con la dependencia reconocida en cualquiera de sus grados.

Ahora, las personas que tengan una traqueotomía (o necesidad de ayuda respiratoria más de 16 horas), padezcan inmovilidad y no puedan comer por sí mismos serán reconocidos con el grado III+. Según las estimaciones del gobierno autonómico, entre 14 y 18 de los pacientes con ELA de Cantabria podrían beneficiarse de este nuevo grado. La Orden ISO/8/2026 establece la creación del Grado III+ de dependencia extrema. Es decir, Cantabria adapta “toda su normativa” para incorporar el nuevo grado de gran dependencia, que incluye a personas con ELA “y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible”, explican desde CanELA sobre una ley, conocida como Ley ELA, pero que abarca más enfermedades. Este reconocimiento permite a los pacientes acceder a prestaciones económicas superiores y a servicios de asistencia domiciliaria más intensivos.

El texto define que la cuantía se obtiene multiplicando el número de horas de servicio que se reconozcan a la persona por un coste de 20 euros por hora, que se traducirá en un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.859 euros al mes, con atención domiciliaria que oscile entre 160 y 720 horas.

Ahora esta ayuda incorpora la compatibilidad con otras prestaciones, como el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal (SEPAP), que se utiliza para servicios de fisioterapia y logopedia, y la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que es una ayuda de unos 400 euros para cuidadores familiares.

Según aclaran desde CanELA la ayuda no se suspenderá durante los ingresos hospitalarios y es compatible con el complemento de gran invalidez, “de tal manera que no se restará como sucede en otras comunidades”.

La normativa agiliza los plazos burocráticos: el plazo máximo de la administración para resolver el reconocimiento de dependencia y de asignación de prestaciones se limita ahora a un máximo de tres meses. Pasado ese tiempo, el derecho a las prestaciones se genera automáticamente, aunque no haya una resolución expresa. “Hay menos burocracia, hay plazos más rápidos, hay un modelo específico para financiar los cuidados que necesitan las personas con mayor nivel de dependencia

En CanELA valoran el consenso alcanzado tras meses de negociaciones con la consejería de Servicios Sociales y con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, pero reconocen que el reto ahora será “que se aplique con rapidez lo que ya se ha aprobado”.

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