El presidente de la organización profesional agraria APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha reclamado hoy “la deportación automática” de los inmigrantes que delincan reiteradamente en el robo de productos agrícolas, una actividad que ha supuesto este año unas pérdidas de unos 500.000 euros.
Así lo ha dicho a Metidieri, que ha exigido la puesta en marcha de forma inmediata de medidas concretas y eficaces para resolver la oleada de robos en el campo.
Ha anunciado que el próximo día 20 APAG Extremadura ASAJA celebrará una manifestación en Mérida, entre la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y la Presidencia de la Junta, para conseguir actuaciones contra esas acciones.
Según Metidieri, a ese acto de protesta ya se han sumado ASAJA de Cáceres, la organización agraria La Unión y la Federación extremeña de Caza.
Sin embargo el presidente de la organización profesional agraria ASAJA Cáceres, Ángel García Blanco, ha dicho posteriormente que no asistirán a esa manifestación. En una nota ha señalado que ellos no han confirmado “en ningún momento” la asistencia a esa manifestación y que su entidad “no piensa asistir a la misma”.
Mientras esté abierto el cauce de negociación con la Delegación del Gobierno y con la Junta, ha subrayado, no participarán “en ningún acto de protesta”.
Sigue igual
Juan Metidieri, por su parte, ha explicado que, a pesar de las últimas reuniones con responsables de la Junta para que se controle esta situación, “no se ha hecho nada” en la inspección de los centros de recepción de estos productos robados, sobre todo la aceituna.
Señala que se han robado aproximadamente un millón de kilogramos, de ellos unos 549.000 de aceituna sin contabilizar las sustracciones no denunciadas, y que esto supone unas pérdidas de unos 500.000 euros al margen de los daños que se ocasionan en los árboles.
Ante esto, Metidiari ha pedido al Gobierno central “el endurecimiento” del Códico Penal para que estos robos sean impedidos.
En concreto, ha reclamado que los inmigrantes que sobre todo, a su juicio, protagonizan estos hechos, sean “deportados automáticamente” a sus países de origen cuando sean reincidentes.
Además, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Extremadura que haya suficientes efectivos policiales para contener este tipo de actos delictivos.
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