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EXTREMADURA

Extremadura encabeza una propuesta para modificar la normativa que afecta a la dehesa

Cambiar la definición de pastos permanentes, que está provocando multas de Bruselas

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La Junta de Extremadura ha presentado una propuesta de modificación de la normativa europea y nacional sobre la Dehesa en la Política Agraria Común durante la celebración el pasado lunes de la Conferencia sectorial celebrada en Madrid. Informará de la misma a la Asamblea de Extremadura y el Parlamento Europeo para que pueda ser considerada en el ámbito de la aprobación del Reglamento Omnibus, y para dar a conocer esta problemática en las negociaciones que se abran sobre la PAC más allá del 2020.

La propuesta ha sido elaborada con la colaboración de la Universidad de Extremadura, el Centro de Investigación, Ciencia y Tecnología de Extremadura (CICYTEX) y otras entidades y asociaciones interesadas en la conservación de la dehesa.

Se centra en la modificación de la definición de pastos permanentes, la incorporación de medidas que hagan más flexible la aplicación regional de los derechos de pago básico y la compatibilidad de las medidas de desarrollo rural y los pagos directos en los sistemas agroforestales. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de reconocer como prácticas ambientales las acciones de conservación y mantenimiento que deben ejercerse en este ecosistema.

España viene siendo sancionada como consecuencia de las deficiencias detectadas en las misiones de la Comisión desde abril de 2009, efectuadas en el ámbito de las ayudas directas. Estas misiones han supuesto que la Comisión Europea imponga correcciones financieras a tanto alzadas en relación con la admisibilidad de los pastos permanentes con arbolado y/o arbustos en España.

La aplicación de las sucesivas reformas de la PAC está poniendo en peligro según la Junta la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental.

La dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral de gran valor ecológico que, advierte el Gobierno extremeño, debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria al objeto de preservar sus características medioambientales, que integran de forma inseparable, el mantenimiento de la actividad ganadera, con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.

 

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