La defensa para que el cava pueda seguir creciendo, dos votaciones unánimes en el Parlamento regional
La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves sendas propuestas para que el cava extremeño pueda seguir incrementando su producción, en contra del límite propuesto por el sector catalán que controla en un 95% el consejo regulador del cava y se basa para ello en el informe de una universidad de aquella comunidad.
El PP presentaba en el Parlamento regional una propuesta para pedir a la Junta que siga defendiendo al sector, mientras que el PSOE sometía a consideración otra solicitando al Gobierno central, que debe decidir sobre la propuesta del consejo del cava, que tome una resolución justa y que no frene el “buen hacer” de los viticultores y bodegueros extremeños.
Ambas han sido aprobadas por unanimidad (en una de ellas ha habido un voto en contra, pero por error) de los cuatro partidos –PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos- en sendos debate en los que ha salido a colación la presencia de Rajoy en Cataluña en un acto con el presidente de Freixenet.
El fondo de las dos iniciativas sobre el cava, del PSOE y del PP, es el mismo, ya que están en contra de las pretensiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de limitar las plantaciones durante los años 2018, 2019 y 2020; si bien la última noticia es que sería solo un año.
Decisión aplazada
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debía adoptar una decisión este viernes 15 de diciembre, pero la ha pospuesto al próximo mes de enero.
La del PP, debatida primero, ha sido una propuesta de impulso para instar al Ejecutivo extremeño a que negocie con el central una posición común de rechazo a la petición del Consejo Regulador.
La socialista era una propuesta de pronunciamiento dirigida al Gobierno de España para que exprese su rechazo a esa solicitud.
Los cuatro partidos han coincidido en que una limitación podría perjudicar el crecimiento sostenido que está teniendo el sector en Extremadura, que podría cerrar el año con más de seis millones de botellas en el mercado.
El PSOE, Podemos y Ciudadanos han considerado que la decisión se ha convertido en “política” al dejarla para después de las elecciones catalanas.
