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Los buenos gestores

El Gobierno del PP quiere imponer su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas

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A las autonomías con problemas de financiación –casi todas– el Gobierno les deja la opción de las lentejas. O las tomas o las dejas. O firmas un convenio con la industria farmacéutica que discrimina a los genéricos, o te quedas fuera de las ayudas financieras que reparte Cristóbal Montoro para la Sanidad, como si el dinero fuese suyo y no de todos.

La información que ayer publicamos en eldiario.es sobre cómo el Ministerio de Hacienda niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las grandes farmacéuticas es un escándalo gravísimo. No solo porque pueda generar sobrecostes innecesarios a todos los españoles –los genéricos son igual de eficaces y más baratos–. También por la forma antidemocrática con la que el Gobierno del PP impone su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas.

Las autonomías y ayuntamientos son administraciones igual de dignas y democráticas que el Ejecutivo central; no son gobiernos de segunda, supeditados al Consejo de Ministros de Rajoy. No vivimos en un Estado centralizado donde solo haya una autoridad y el reparto de competencias en España deja bastante claro de qué se ocupa cada una. Por eso no es tolerable que el Gobierno central invada las funciones de las demás para exclusivo beneficio de su partido, en contra de los intereses de los propios ciudadanos. Es lo que hace con los genéricos y este convenio con las farmacéuticas de obligado cumplimiento para las autonomías, cuando la sanidad está transferida. Es lo mismo que ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid y la intervención de sus presupuestos.

Es un enorme abuso que un Gobierno incapaz de cumplir sus compromisos de déficit, que se salta su propia ley de gasto, intervenga las cuentas de un Ayuntamiento con superávit. Es el mismo PP que antes arruinó el consistorio madrileño. Es el mismo PP que aplica un rasero distinto con otros ayuntamientos igualmente endeudados –el de Jaén–, pero donde los suyos gobiernan. Y es el mismo PP que utiliza el Gobierno de todos para atacar a sus rivales políticos.

Con la intervención de Madrid, el Gobierno quiere bloquear las inversiones que el Ayuntamiento tenía previstas para los dos últimos años del mandato de Manuela Carmena, como la peatonalización parcial de la Gran Vía. Es una decisión meramente política que busca asfixiar al primer ayuntamiento de España, el más simbólico, no vaya a ser que la izquierda haga una buena gestión que les deje en evidencia. En palabras de la concejal del PSOE Erica Rodríguez: “Montoro busca desestabilizar al Ayuntamiento de Madrid porque hace una política distinta”. 

En una impúdica respuesta parlamentaria, la semana pasada, el Gobierno justificó que esté apretando a las administraciones locales –que tienen superávit– porque ese dinero es necesario para corregir el déficit. El déficit del propio Gobierno central.

Es la misma excusa que pone Montoro cuando añade letra pequeña a los fondos autonómicos: te doy el dinero pero yo te diré cómo lo empleas. Como si el Gobierno fuese el padre responsable que le da la paga semanal a sus hijos, pero les ordena que no se lo gasten todo en golosinas.

Pero, ¿quién es aquí el gestor responsable? Sin duda, no Cristóbal Montoro, el responsable de una amnistía fiscal inconstitucional que nos ha costado carísima; autor de esa famosa frase de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" para justificar que el PP no apoyase al Gobierno de Zapatero en una votación donde se jugaba la intervención del país.

Tampoco es precisamente responsable el Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó una rebaja de impuestos en año electoral; el mismo Gobierno que ha anunciado otra rebaja similar para cuando toque votar de nuevo.

Son los buenos gestores… de lo suyo.

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