Serafín Castellano, actual número dos del PP valenciano, tuvo suerte. Vivió los peores días de su carrera política en febrero de 2009, cuando varios medios de comunicación destaparon su presunto trato de favor a la empresa de dos amigos suyos. El asunto abrió informativos nacionales y ocupó páginas enteras de diarios. Pero el calvario sólo le duró dos semanas, el tiempo que pasó hasta que, el seis de marzo de ese mismo año, se conoció el caso Gürtel. La magnitud de este escándalo eclipsó cualquier otra irregularidad de los conservadores valencianos. En un gobierno en el que el propio president -Francisco Camps- estaba imputado, el conseller presuntamente nepotista pasó inadvertido durante años.
Así fue hasta que el pasado mes de mayo su nombre volvió a primera fila de la política valenciana. El nuevo president, Alberto Fabra, lo nombró secretario general del partido en el País Valencià, el cargo más importante después del suyo. El ascenso de Castellano trajo a la memoria de la oposición aquel viejo escándalo que quedó sin resolver, porque todas las peticiones de información o documentación de los partidos de izquierda hicieron en aquel momento quedaron sin contestar. Así las cosas, tanto Esquerra Unida como Compromís han vuelto a la carga y han presentado en los últimos meses varias preguntas orales y solicitudes de documentación a la Mesa de las Cortes Valencianas, que es, a su vez, la encargada de pedir los documentos al Gobierno valenciano. Las dos formaciones se han encontrado con un alud de negativas. Ayer, EUPV anunció que recurrirá la última de ellas.
“A mí no me va a amedrentar nadie”
El asunto se remonta al mes de febrero de 2009. Castellano, conseller de Gobernación -cargo que conserva-, se vio obligado a dar explicaciones sobre el presunto trato de favor a la sociedad Construcciones Taroncher, después de que varios medios de comunicación informaran sobre el asunto. La empresa es propiedad de un amigo con el que acostumbra a jugar a la pilota valenciana, deporte del que es destacado practicante. Además, las esposas de ambos hombres compartían en aquel momento la propiedad de una finca.
Castellano se prodigó en adjudicaciones a la empresa de sus amigos. Él mismo reconoció en una rueda de prensa ofrecida el 17 de febrero de 2009 que había otorgado más de 391.000 euros en variados contratos públicos a Taroncher desde el año 1999. En esos diez años, Castellano fue conseller de Justicia y Sanidad. A esa cantidad hay que sumar, además, 171.034 euros en contratos menores solo en su última etapa al frente de Gobernación.
En aquella comparecencia, Castellano respondió con considerable chulería a las preguntas de los periodistas sobre la conveniencia de su dimisión: “A mí no me va a amedrentar nadie”, dijo. El argumento principal que utilizó para defenderse es que las adjudicaciones fueron “legales”. A la pregunta de si también era ético, además de legal, conceder contratos públicos sistemáticamente a sus amigos, contestó que para él “lo ético es cumplir la legalidad”. Además, dijo, los varios cientos de miles de euros conseguidos por Taroncher eran una cantidad mínima si se comparaban con los miles de millones que él había adjudicado durante su carrera política.
Opacidad para proteger al secretario general
Tres años y medio después, el ascenso orgánico de Castellano ha provocado que los partidos de la oposición reclamen con fuerza renovada aclaraciones sobre el asunto. Pero las Cortes Valencianas, dominadas por la mayoría absoluta del PP, blindan cualquier información al respecto. Desde el pasado mes de mayo, tanto Compromís como Esquerra Unida han pedido con insistencia los expedientes completos de las adjudicaciones a la constructora, así como el desglose de los contratos menores. Las peticiones se suman a las que ambos partidos, además del PSOE, hicieron en las semanas posteriores a la rueda de prensa del conseller.
Sin embargo, lo único que han conseguido es que la cámara repitiera el catálogo de fórmulas con las que deniega la información comprometida. Así, les Corts aseguran en sus respuestas a los diputados que los contratos solicitados ya han sido auditados por la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas autonómico). O que ya han sido publicados en el boletín oficial. La realidad, sin embargo, es que la Sindicatura solo revisa contratos escogidos al azar. Y que en el boletín sólo aparecen los datos básicos de los contratos, pero no toda la información sobre la adjudicación, incluidos los rivales con los que hubo de enfrentarse, las diferentes ofertas presentadas, o en qué manera concreta se realizó la publicidad de la adjudicación, de modo que pudiera garantizarse la libre concurrencia.
Entretanto, la promesa de transparencia que Castellano hizo en aquella rueda de prensa de 2009 envejece en las hemerotecas. El caso, además, es un incumplimiento más de la declaración de principios que hizo Alberto Fabra a su llegada al poder: transparencia y regeneración política. El president prometió luchar contra la corrupción, pero a la hora de elegir a su número dos recurre a un hombre que consideró que la ética amparaba la concesión de variados contratos públicos a su compañero de juego en el trinquet, la cancha en la que se juega a pilota valenciana. Tal vez Fabra apreció el hecho de que Castellano no está imputado en ningún proceso judicial. Este es un valor en alza en un partido que conserva a ocho diputados autonómicos que, por su condición de imputados o implicados en casos de presuntas irregularidades, alternan su escaño con la visita frecuente a los juzgados.
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