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GALICIA

La Justicia anula el concurso eólico de Feijóo y obliga a reiniciarlo

La política eólica del gobierno gallego recibe un nuevo palo judicial con la anulación en el Tribunal Superior gallego del concurso que sustituyó al del bipartito, decisión en la que el Supremo apreció "desviación de poder".

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Vista de un parque de energía eólica

El PP y el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, basaron en la supuesta ilegalidad de las adjudicaciones eólicas del bipartito (PSdeG y BNG) la dura campaña de las autonómicas 2009. El pasado año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró legal el concurso e ilegal la anulación que el Gobierno del PP hizo del reparto de megavatios, una ilegalidad ratificada después por el Supremo. Dos años después, el Gobierno gallego resolvía un nuevo concurso que ahora acaba de ser tumbado por el Tribunal Superior al estimar la demanda en contra de las valoraciones de las ofertas presentadas por Capital Energy, una de las candidatas que se quedó fuera .

Tal y como adelantó Faro de Vigo, la sentencia tumba la resolución de los 2.325 megavatios y obliga a la Xunta a volver al inicio, al tener que valorar de nuevo las ofertas. Un nuevo palo judicial a la política que en el sector eólico ha desarrollado el PP desde que recuperó el poder en Galicia. El TSXG declaró legal el concurso que Feijóo consideraba ilegal, el Supremo confirmó la "desviación de poder" que cometida por la Administración con su anulación y el Superior acaba de declarar ilegal el concurso que el Ejecutivo resolvió para sustituir el impulsado por el bipartito, definido por Feijóo como un "cambalache eólico" era necesario corregir con un concurso "legal y transparente", el mismo que que ahora es echado abajo por la justicia.

La sentencia del TSXG implica revisar los plan industriales presentados por las compañías para un concurso que contaba con movilizar 6.000 millones de euros en inversiones y crear 12.000 puestos de trabajo, según cifras de la Xunta. No obstante, los promotores descartaron sus proyectos tras el fin de las primas a las renovables -decidido por el Gobierno central- y acentuaron una problemática que venía ya de la inseguridad jurídica creada por la anulación del concurso anterior y las posteriores demandas, recursos y reclamaciones de derechos por parte de las empresas. La instalación de megavatios es nula y Galicia ha perdido el 80% del empleo en el sector en tan sólo diez años.

Las valoraciones, en tela de juicio

El fallo judicial llega después de que Capital Energy -que entonces se presentó a la subasta de la mano de Amancio Ortega- acudiera a los tribunales por la revisión de su proyecto. La compañía con sede en Madrid confirma a eldiario.es la notificación de la sentencia pero advierte de que no hará declaraciones hasta que analice con detalle el texto. Ratificaría que las valoraciones de las propuestas "no se ajustan a derecho", tras una denuncia en la que se personaron doce compañías más.

Los criterios de valoración de la Xunta habían sido discutidos desde un inicio y varios informes de la comisión de valoración habían indicado más tarde que muchas de las propuestas tenían errores y que se valoraron positivamente proyectos de inversión que no suponían la creación de empleo. El TSXG comparte la "disconformidad" por la forma de puntuar y falla el deber de la Xunta de "retroacción de las actuaciones a la fase de valoración de la oferta".

La Xunta recurrirá

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha asegurado que esta sentencia supone "una situación que es contradictoria con otras resoluciones del TSXG que validaron el concurso". "Con estas resoluciones acudiremos al Tribunal Supremo para que se pueda aclarar esa situación en casación. Esta es una sentencia más; de 21 hay 17 que validan la legalidad", ha dicho tras adelantar el recurso que presentará la Xunta.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten de la consecuencia política para el Gobierno por la estrategia llevada a cabo en el sector, pero aputan a la escasa influencia posterior tras un concurso cuyas adjudicaciones "se han quedado en nada ante la negativa de las empresas a instalar los megavatios concedidos". De los 2.325 adjudicados, ni uno solo ha sido puesto en marcha a causa de la crisis económica, la inseguridad jurídica y la demora provocada en los proyectos tras la anulación del concurso anterior al ahora tumbado.

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