Wert une a alumnos, padres, madres y profesorado en contra de su reforma educativa
Padres, madres, estudiantes, profesorado... protestan esta semana contra la nueva reforma de la enseñanza que el Partido Popular pretende llevar a cabo y que cuenta con escaso apoyo entre la comunidad educativa. Para acabar de empeorar la situación el ministro Wert le echó más gasolina a este fuego con sus declaraciones sobre la necesidad de “españolizar” a los niños catalanes o con sus desaforadas críticas a las movilizaciones convocadas.
Porque esta va a ser una semana de protestas en la enseñanza. Los alumnos y alumnas ya comenzaron este martes. El Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 72 horas, de martes a jueves, que viene a continuar las movilizaciones iniciadas la pasada semana. La huelga tendrá sus jornada clave este miércoles, cuando están convocadas manifestaciones que cuentan también con el apoyo de la Liga Estudantil Galega y Galiza Nova. Las manifestaciones comenzarán a las doce del mediodía en Ferrol (Edificio de la Xunta), A Coruña (Plaza da Palloza), Santiago (Plaza do Toural), Vigo (Plaza América) y Lugo (Avenida Ramón Ferreiro).
El jueves serán los padres y madres los y las protagonistas. Después de años en los que el peso de las movilizaciones por la enseñanza haya recaido en estudiantes y maestros, las familias asumen su parte de responsabilidad y las asociaciones de padres y madres han realizado un llamamiento a no llevar a los hijos y hijas a clase este día. La iniciativa parte de CEAPA y fue ratificada por la CONFAPA (Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos). La entidad considera que “la gravísima situación actual demanda una respuesta contundente del alumnado y sus familias” y denuncia “un ataque sin precedentes a los derechos del alumnado y de las familias, con salvajes recortes en la educación pública”. CONFAPA llama a “dejar vacíos todos los centros educativos para defender los derechos de nuestros niños y nuestras niñas”.
Las asociaciones de padres y madres demandan “el cese fulminante del Ministro Wert y de todo su equipo” y la retirada “inmediata” del “inaceptable” anteproyecto de reforma de la LOE. También piden “la paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la enseñanza pública” y la “apertura, con un nuevo equipo ministerial, de un proceso real de diálogo con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa”.
“Una reforma ideológica”
También se ha manifestado con rotundidad en contra de la reforma la Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia. Denuncia que el proyecto “supone un retroceso a un modelo escolar trasnochado que promueve la segregación social y niega el principio de igualdad de oportunidades en la enseñanza obligatoria”. E lo acusa de no ser “una reforma propiamente educativa sino ideológica, que pretende cambiar el actual paradigma y acabar con todos los avances conseguidos en los últimos treinta años en el ámbito educativo”.
La Plataforma alerta de que el sistema educativo se transforma “en una carrera de obstáculos para el alumnado que desde edades muy tempranas comienza a ser etiquetado y clasificado siendo dirigido por itinerarios que tienen muy poca o casi ninguna posibilidad de marcha atrás, lo que va a facilitar la expulsión del sistema educativo del alumnado mas desfavorecido y con mayores dificultades”. De igual manera advierte de que la reforma constituye “un gran retroceso histórico en el desarrollo de la Formación Profesional que generará una involución en el proceso de reconocimiento social de estas enseñanzas y, por tanto, una depreciación en todas sus etapas”.
El comunicado de la Plataforma también califica la reforma de “sexista” al dar “amparo legal a los conciertos para los centros que segregan el alumnado por sexos a pesar de las recientes sentencias del Tribunal Supremo en sentido contrario”. Y alerta de su carácter “privatizador” por abrir las puertas a los conciertos en la Formación Profesional Básica y las enseñanzas postobligatorias. También la considera “centralizadora” al recortar “las competencias de las comunidades autónomas, para evitar en palabras del propio ministro la aparición de contenidos de carácter identitario”. La Plataforma concluye que “lo mas estremecedor” es su carácter “mercantilista y anti-educativo” que “antepone a las necesidades del mercado el hecho de educar a ciudadanos, tratando al alumnado como mera mercancía”.
En consecuencia pide que este anteproyecto de ley sea sometido a un debate democrático “serio y riguroso”, que debe contar con la participación de los profesionales de la enseñanza y de toda la comunidad educativa.
La reforma pretende “legitimar con carácter estructural una política de recortes inicialmente coyuntural”
Nova Escola Galega enmarca esta nueva reforma educativa en un contexto sociopolítico “marcado desde el comienzo de la legislatura por un ataque constante a la educación pública en la búsqueda de su desprestigio social, cuestionando la profesionalidad del profesorado, el grado de implicación de las familias en la educación de sus hijos y hijas, incidiendo en el enfrentamiento entre colectivos, o acercando soluciones alegales a los problemas que formulan la drástica reducción de algunas medidas de protección social”. Asimismo denuncia que “bajo la coartada de la crisis, de manera unilateral y sin la mínima negociación, con la dudosa cobertura legal del decreto de medidas urgentes, se han alterado las condiciones laborales y del ejercicio de la docencia para el conjunto del profesorado”.
Dentro de este análisis del contexto NEG también destaca “el aumento progresivo de la financiación pública a la red privada” -un 30% en los últimos cinco años, según datos del INE- y “la obligada referencia al proyecto presupuestario presentado para el 2013, confirmando que en los dos últimos años las partidas para educación han descendido en un 31%”. NEG concluye que esta reforma pretende “legitimar con carácter estructural una política de recortes inicialmente coyuntural”. El colectivo denuncia que Wert y el gobierno del Partido Popular “pretenden dar por sentado, para que así lo acepte la opinión pública, que la educación es un ”gasto“ que hace falta reducir en la presente coyuntura económica mediante un simple ejercicio contable, y no una ”inversión“ irrenunciable”.
Para NEG “destaca poderosamente el planteamiento de la medida de la calidad del sistema: en función del ”output“ (resultados de los estudiantes) y no del ”input“ (niveles de inversión, número de profesores, de centros etc)”. En opinión de Nova Escola Galega esto “sitúa en el punto de mira exclusivamente los resultados de los estudiantes y promueve por la vía de las sucesivas evaluaciones la clasificación de los centros educativos, obligados a competir en un heterogéneo y desigual marco de condiciones”.
NEG concluye que esta reforma “difícilmente” logrará reducir el fracaso escolar y el abandono temprano. Y añade: “si acaso rebajarán las estadísticas al reconducir algunos ”efectivos“ hacia la formación profesional básica y reducirán el porcentaje de alumnado que acceda a estudios universitarios. Se acentuarán las diferencias entre centros, y no precisamente por la relevancia de sus proyectos innovadores, sino por ver sancionadas con esta ley estrategias de captación”.
