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GALICIA

La familia de Franco solo pagará hasta 6.000 euros por impedir visitas al Pazo de Meirás

La Xunta confirma que tiene en marcha un expediente por incumplimiento del régimen de visitas, señalado como infracción leve en la ley de patrimonio cultural de Galicia

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Interior de una de las estancias del Pazo de Meirás

Interior de una de las estancias del Pazo de Meirás Xunta

Continuar la tendencia familiar a pasar por encima del marco legal vigente seguirá saliendo barato a la familia de Francisco Franco. Los herederos del dictador siguen disfrutando del Pazo de Meirás como residencia privada  casi 80 años después de su incautación e ignoran recurrentemente los escasos deberes que impone su condición de bien de interés cultural (BIC), fundamentalmente en lo referido a la obligación de abrirlo al público un mínimo de cuatro días al mes. Pocos después de que una delegación del Parlamento de Galicia haya constatado en el histórico edificio que, cuando se producen, las visitas al público "omiten" el relato histórico ligado a la dictadura, la Xunta acaba de confirmar que la sanción a la que se enfrentan los Franco por obstaculizar la apertura tendrá un impacto irrelevante en su saneada economía: un máximo de 6.000 euros.

Al hilo de las trabas más recientes a las visitas, el pasado febrero, PSdeG y BNG formularon sendas preguntas al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con respecto a su "valoración" sobre el cumplimiento de la ley en Meirás, así como sobre las medidas que tiene previstas para garantizar, al menos, el acceso del público en los términos que marca la normativa. La respuesta a ambos cuestionamentos llegó la pasada semana a la Cámara y en ella la Dirección General de Patrimonio Cultural explica que, tras recibir "tres denuncias con carácter formal" y "algunas otras por medios de público y notorio conocimiento", ya "realizó gestiones previas para acreditar los hechos denunciados".

Dentro de esas "diligencias previas", detalla la Consellería, la Xunta se ha dirigido a la familia del dictador -"a la propiedad del inmueble"- para "comunicar" la "posible comisión de una infracción administrativa en materia de patrimonio cultural". "Tanto la reiteración del incumplimiento como el alcance de la sanción serán las que se determinen de la necesaria tramitación de un expediente en aplicación de la legislación vigente tanto en materia de patrimonio cultural como del régimen jurídico de las administraciones públicas", evidencia.

Propaganda franquista sobre la incautación del Pazo de Meirás (1938)

Propaganda franquista sobre la incautación del Pazo de Meirás (1938)

Aunque la Xunta constata que el expediente todavía no está cerrado, sí dice "poder informar" a PSdeG y BNG de que la sanción a los herederos del dictador sería la contemplada para las infracciones señaladas en el artículo 129 de la ley de patrimonio del pasado 2016, en la que se encaja como infraccion leve "el incumplimiento del deber de facilitar la visita pública (...) a las zonas que se determinen de forma específica en los bienes de interés cultural". Atendiendo a ese texto legal las infracciones leves implican una multa de 300 a 6.000 euros, por lo que esa sería la cuantía máxima de la multa a los Franco por cerrar Meirás mientras, por ejemplo, presumen de la propiedad espoliada en la prensa del corazón.

A juicio del Gobierno gallego es nesceario tener en cuenta que "esta sanción es una novedad de la actual ley, ya que ni en la estatal ni en la anterior ley gallega estaba contemplada". En rigor esta afirmación es cierta, pero no lo es menos que la anterior ley de patrimonio, impulsada por el Gobierno de Manuel Fraga en 1995, ya dejaba margen a la sanción para "los propietarios, poseedores y demás titulares de bienes declarados de interés cultural" que no "faciliten la visita pública a estos en las condiciones que se determinen" y que "en todo caso, será gratuita durante cuatro días al mes". Aquella norma consideraba una infracción leve "el incumplimiento de cualquier obligación de carácter formal contenida en esta ley", lo que abría la puerta a aplicar un régimen sancionador más riguroso. No en vano, las infracciones leves estaban multadas con hasta 10 millones de pesetas, esto es, unos 60.000 euros.

Con todo, tanto las multas previstas en la anterior ley como en la vigente no supondrían, de llegar a aplicarse, un especial quebranto económico en las finanzas de la familia de Franco. No en vano, diversas investigaciones cifran en unos 400 millones de euros los fondos acumulados por el general golpista y estudios ya publicados en este siglo como el desgranado en el libro Los Franco, S.A., del periodista Mariano Sánchez, apuntan a un patrimonio que, entre el entramado empresarial de la familia y otras propiedades, entre ellas el propio Pazo de Meirás, rondaría los 500 millones de euros.

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