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DIRECTO Hacia el 21D

La corrupción deja a Chile sin ministros

La presidenta Michelle Bachelet, acosada por el caso de tráfico de influencias que protagonizó su hijo, ha pedido la renuncia a todo su Gabinete

Bachelet ha perdido 9 puntos de apoyo popular, según el último barómetro, y el 52% de los chilenos desaprueba su gestión

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La presidenta Michelle Bachelet ha pedido la renuncia a todos los miembros de su gabinete.

El 6 de febrero la presidenta Michelle Bachelet estaba de vacaciones en el Lago Caburgua, en la zona chilena de La Araucanía. Allí la lectura de la prensa le reservaba, según su propia versión, una dura sorpresa: la revelación de que su hijo (y miembro de su Ejecutivo) había utilizado su influencia para que la empresa de su esposa obtuviera un millonario crédito de la banca pública. Estallaba el 'caso Caval'. Y con él, aunque en cámara lenta, el Gobierno de Chile. Bachelet ha acabado por pedir la renuncia a todos sus ministros.

Es un intento desesperado de tomar las riendas de una situación que ha debilitado su credibilidad y ha minado su apoyo popular, que ha caído nueve puntos en apenas unos meses. La mandataria ha anunciado que se tomará 72 horas de reflexión para decidir si algunos de los miembros de su gabinete se quedan o da por tierra con el equipo que formó al asumir la presidencia hace poco más de un año.

"Obviamente, ha sido muy duro todo el caso que involucró a mi hijo y a mi nuera, por dos razones: por un lado, por el caso mismo y, por otro lado, porque la gente no me creyó y eso ha sido muy duro para mí", ha afirmado la presidenta este miércoles en el chileno Canal 13.

Efectivamente, los chilenos no creen en la versión de Bachelet de que no sabía nada de las gestiones de su hijo, Sebastián Dávalos. Apenas un 26% respaldaba su versión, según la encuesta de Plaza Pública Cadem realizada en febrero. Pero el deterioro ha ido in crescendo: otra encuesta de Cerc-Mori publicada hace unas semanas rebaja ese porcentaje al 10%.

Pérdida de apoyo

"Los casos Penta y Caval tienen un fuerte impacto sobre la credibilidad de la presidenta", apunta la directora de Cerc-Mori, Marta Lagos. De hecho, uno de los cambios fundamentales que recoge este barómetro es la importancia que cobra la corrupción en las preocupaciones de los chilenos, entre las que históricamente no ha tenido ninguna relevancia. En la pregunta abierta sobre los tres problemas prioritarios la corrupción salta del 4% al 26% entre enero y marzo.

El barómetro muestra también que la aprobación de gobierno cae nueve puntos, del 46 al 37%, en ese mismo periodo. Y aumentan 10 puntos, del 42 al 52%, los que desaprueban la gestión de Bachelet.

"La corrupción está presente en toda sociedad. Lo bueno es que en Chile la corrupción ha quedado expuesta, se ha hecho pública y la gente está en shock: eso va a facilitar una respuesta más efectiva", ha asegurado Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Pobreza a BBC Mundo. Y algo de eso se ve reflejado en el estudio de Mori, que destaca que la desconfianza en la presidenta se extiende a todas las esferas de poder. "Esta es una crisis de las élites mucho mas que de las instituciones. El vacío de liderazgo se produce por la pérdida de confianza en jueces, políticos, obispos…", apunta Lagos.

Medidas contra el nepotismo

Después de semanas con escasas apariciones públicas, Bachelet anunció hace unos días un paquete de medidas anticorrupción. Sobre todo afectan a la financiación de la política –se eliminan las aportaciones anónimas y se prohíben las de las empresas–, porque el Estado financiará íntegramente los partidos, que deberán hacer un censo de afiliados y militantes. También apunta a la fiscalización de las cuentas de las formaciones políticas y reduce el gasto en campañas.

"Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños", aseguró la presidenta. Aunque no aclaró con qué celeridad se tomará esa decisión ni qué pruebas o instancia judicial requerirá.

También anunció medidas "contra el nepotismo". Por ejemplo, la imposibilidad de presentarse a puestos en un distrito o comuna donde gobierne un familiar, y la eliminación de la reelección indefinida: se permitirá una legislatura para los alcaldes, concejales y senadores, y dos para diputados. Otra de las iniciativas incrementa las incompatibilidades e impone fuertes restricciones a las 'puertas giratorias'. Por ejemplo, impidiendo cualquier tipo de relación de exfuncionarios públicos con las empresas que hayan tenido bajo su control durante su gestión. Además, propuso la creación de un registro de lobistas "para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público".

Más allá del intento de golpe de timón, este miércoles la presidenta ha entonado un particular mea culpa. Dijo que cuando se enteró del caso Caval no se dio cuenta de "la dimensión que estaba tomando el problema" porque estaba lejos, de vacaciones. De haber comprendido las implicaciones reales del caso, "me habría vuelto de inmediato a Santiago", ha asegurado Bachelet. "No hice las cosas a tiempo, no tuve la fuerza de haber criticado lo que tenía que haber criticado", se reprochó. Efectivamente, no calculó que ese relax vacacional la dejaría, tres meses después, tambaleando y sin gobierno. 

Los dos escándalos que acosan al gobierno chileno

'Caso Caval' o 'Nueragate'

La empresa Caval, propiedad en un 50% de Natalia Campagnon –esposa del hijo de la presidenta y en la que éste trabajó hasta que Bachelet asumió su segundo mandato– obtuvo el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo en las presidenciales, un préstamo del Banco de Chile por 6.500 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) para la adquisición de unos terrenos que unos meses más tarde vendió con una ganancia de casi 5 millones de dólares. A la reunión con el presidente del banco asistieron Campagnon y Dávalos, que tras el escándalo renunció a su trabajo en el Gobierno. Las acusaciones son por información privilegiada y tráfico de influencias.

Pentagate

El banco Penta ayudó a financiar a campaña del 203 del partido opositor, de derecha, Unión Democrática Independiente (UDI). Para eso el grupo empresarial emitió facturas falsas a nombre de la empresa SQM. Hay una decena de imputados, algunos con prisión preventiva.

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