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REGIÓN DE MURCIA

El juez respalda el registro efectuado en la constructora Villegas

Castillejos ha rechazado el recurso de Renato del Noce, por el cual el ingeniero italiano se oponía al registro que llevó a cabo la Guardia Civil en la sede de la empresa que rehabilitó el Casino de Murcia

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El juez David Castillejos, instructor del 'caso Umbra', ha rechazado el recurso presentado por el ingeniero italiano Renato de Noce, contrario al registro efectuado por la Guardia Civil en las oficinas de Construcciones Villegas, empresa que realizó la reforma del Casino de Murcia. En dicha actuación se perseguía encontrar pruebas de un supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de políticos locales a cuenta de las obras en el edificio histórico.

El titular del juzgado número 1 de Murcia ha recogido el informe del fiscal para la desestimación del recurso que pretendía dejar sin efecto el registro llevado a cabo a finales de 2014, y en el que recordemos que la Guardia Civil se incautó de documentación escrita y de los ordenadores de la empresa.

En el informe del fiscal del caso, Juan Pablo Lozano, se justifica la necesidad de la diligencia practicada sobre la base de “la  validez de la denuncia recibida al respecto”, haciendo una comparativa con “casos relacionados con la búsqueda del cadáver de la víctima”, y señalando que “en ocasiones se atiende a informaciones que pueden no ser exactas, pero que no por ello deben desatenderse si existen razones que acrediten su verosimilitud”.

El informe del fiscal Lozano tiene fecha de 17 de febrero del presente año, mientras que el auto del juez es de un día después y ha sido comunicado a las partes este mismo martes. A fecha de hoy se sigue a la espera de conocer el contenido y el alcance de la información del disco duro de los ordenadores de la constructora, retirados por la Guardia Civil, y de los datos que puedan recabarse de la documentación escrita que también retiró la Benemérita de las oficinas de la empresa.

Renato del Noce, imputado en el 'caso Umbra', fue el mediador entre el Real Casino de Murcia, el Ayuntamiento y un grupo de empresarios promotores de un convenio urbanístico en el norte de la ciudad, que está siendo investigado en el marco de esta causa de supuesta corrupción urbanística.

 

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