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Pernía y Lavín irán a juicio por apropiación indebida y administración desleal al frente del Racing

El juez Agüero también imputa a los agentes de jugadores Urquijo y Vergara por apropiación indebida

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AMPL Pernía y Lavín irán a juicio por apropiación indebida y administración desleal al frente del Racing

El Juzgado nº 2 de Santander ha concluido la instrucción de la querella de los exjugadores del Racing contra los expresidentes Francisco Pernía y Angel Lavín, con un auto en el que imputa a Pernía un delito de apropiación indebida y a ambos por administración desleal.

El juez Miguel Angel Agüero también imputa a los agentes de jugadores José Ignacio Urquijo y a Juan Vergara sendos delitos de apropiación indebida. Sin embargo, ordena el archivo del resto de los hechos denunciados por los exjugadores, que basaron su querella en un supuesto delito societario continuado.

El auto, contra el que cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial, decreta la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y da traslado al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Una vez resueltos los recursos contra el auto de procedimiento abreviado y presentados los escritos de acusación, el siguiente paso es que el juez dicte el auto de apertura de juicio oral, que también es recurrible, por lo que el proceso judicial se puede dilatar durante mucho tiempo aún.

La querella de los exjugadores se presentó en diciembre de 2012 y a la misma se sumaron posterioremente el Racing y la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas (AUPA).

ESCUELA DE FÚTBOL EN BRASIL

El juez ve indicios "más que suficientes" para imputar a Pernía, Urquijo y Vergara el delito de apropiación indebida en relación a la escuela de fútbol Racing Primavera en Brasil, un proyecto con el que "Pernía distrajo al menos 359.963 euros" del club.

De esa cantidad, Pernía abonó 317.000 euros a una empresa de Urquijo y Vergara "conociendo que los mismos no iban destinados al pago de trabajo o servicio alguno relacionado con la escuela". El juez recuerda que la única persona vinculada a esa empresa que prestó sus servicio en la escuela de fútbol fue Urquijo, pero éste expresamente reconoció que no se estipuló remuneración alguna a su favor más allá de un porcentaje del importe de la venta de los jugadores que pudieran salir de la escuela.

Agüero llama la atención sobre la envergadura del proyecto Racing Primavera, el "poco rigor" con el que se gestionó, "sin plan ni proyecto concreto de inversión, estudio de viabilidad, plan deportivo, y sin llevar a cabo un adecuado control en los gastos a través de una mínima contabilidad".

Por otro lado, el juez imputa a Pernía un delito de administración desleal por la compra, a cargo del Racing, de un Audi para uso exclusivo del presidente, en un momento en el que el club atravesaba ya por importante dificultades económicas (menos de un año después fue declarado en concurso de acreedores) y cuya necesidad "no venía justificada siquiera mínimamente" dado que existían coches a disposición del club a través de un convenio con un concesionario.

En otro orden de cosas, el juez instructor ve indicios de administración desleal en el contrato que Lavín hizo a Urquijo como director técnico deportivo, en unas condiciones laborales "muy favorables", y con la finalidad, según dice el auto, de "compensarle por las pérdidas económicas que le supuso el convenio de acreedores del Racing, por la quita que implicó para los créditos que dos empresas vinculadas a él tenían con el club.

ARCHIVO DEL RESTO DE PUNTOS DE LA QUERELLA

El juez ordena el sobreseimiento provisional y archivo del resto de hechos expuestos en la querella, que en el caso de Pernía tienen que ver con el fichaje de Tchité y Smolareck, los traspasos de Zigic y Garay, comisiones pagadas a empresas relacionadas con Eugenio Botas, o el préstamo de Inmoarrabi, en el que "las diligencias practicadas justifican debidamente el destino de las cantidades que se dicen desviadas".

En el caso de Lavín, el juez instructor señala que las diez actuaciones que se detallan en la querella se manifiesta que fueron realizadas sin acuerdo del Consejo de Administración. "Sin embargo, ni la falta del tal acuerdo del órgano de administración de la

empresa constituye de por sí delito alguno ni tales actos fueron realizados sin autorización del Consejo", añade el auto.

Así, señala que el despido de Unzué Labiano y el acuerdo

indemnizatorio, la contratación de jugadores y varios técnicos, la renovación de varios arrendamiento de vivienda, el contrato de arrendamiento de servicios, la contratación de dos empleados y la inclusión de Lavín en el Régimen de la Seguridad Social, todo ello en 2012, fueron realizados bien con el poder especial que le fue concedido por el Consejo de Administración bien como consejero delegado del mismo.

Asimismo, señala que la decisión de Lavín de asignarse un sueldo en el club "carece de relevancia alguna desde el punto de vista penal, como tampoco la tiene el hecho de que pudiera incumplir su

promesa de donar sus retribuciones a la Fundación Real

Racing Club de Santander".

Por último, el auto señala que la condición de administrador "de

facto" que la querella atribuía a Pernía Calvo tras su cese como

presidente y consejero delegado, "no ha quedado acreditada si quiera indiciariamente", por lo que el juez no ve "ningún criterio de conexión" que justifique que continúen tramitándose en el mismo procedimiento. Por ello, determina que una vez que el auto sea firme, se abra un procedimiento separado con los hechos que se imputan a Lavín.

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