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Rosell y Valentín Pich reclaman más cultura sobre concursos de acreedores y mejor legislación

El presidente de la CEOE, Juan Rosell y el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, consideran que en España existe "poca cultura del concurso de acreedores", ya que todavía las situaciones de insolvencia se perciben como un "estigma", además de disponer de una legislación que, aunque "moderna", todavía es "mejorable".

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Así lo destacaron en un acto para presentar una 'Guía de Actuación de la Empresa ante la Insolvencia', junto a su autor, el expresidente del Refor, Raimon Casanellas.

De esta manera, los presidentes de la CEOE y del CGE creen necesario introducir medidas que hagan más atractivas para las empresas las soluciones alternativas al concurso y el concurso en sí mismo, como la necesidad de limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos o dar una mayor facilidad a la venta de unidades productivas para mantener el tejido empresarial español.

De igual modo, Rosell indicó que, mientras que en Francia hubo más de 58.000 concursos en 2016, en España no llegaron a 5.000. Pich apuntó que esto puede deberse a que "en nuestro país hay empresas que se liquidan fuera de concurso, resistiéndose a ello por una posible pérdida de reputación".

Es por esto que Rosell hizo hincapié en la importancia de ofrecer a las empresas una legislación concursal "práctica", procurando que cuenten con toda la información posible.

La legislación debe ser "entendible y adecuada a la realidad, requiriendo además de un ecosistema complejo, así como la necesidad de una mayor cultura tanto social como empresarial respecto al concurso", indicó Pich.

En este sentido, y con la intención de trasladar a las empresas una idea clara de los mecanismos a aplicar en situaciones en las que un proyecto entra en dificultades para seguir adelante, la CEOE y el CGE han editado una guía con el fin de evitar la liquidación.

Su autor, Casanellas, explicó que los tres poblemas fundamentales en torno a la concursalidad tienen que ver con que "los acreedores se basan mucho en crédito hipotecario, existe una ley no pensada para pymes y se trata de un procedimiento largo y costoso".

Así, es de vital importancia que las empresas apliquen "detectores cualitativos y cuantitativos para saber si está en peligro o no, detectando la insolvencia de manera anticipada", indicó Casanellas.

Casanellas se refirió así a varios indicadores como la obtención de pérdidas repetitivas, bajas de personales directivos, impago de impuestos o seguros sociales, o la superación de límites de pólizas de crédito.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Una vez detectada la insolvencia, Casanellas apuntó que es necesario que se conozca claramente las soluciones alternativas al concurso de acreedores ya que una vez solicitado el procedimiento cuncursal se acrecentan costes como la pérdida de clientes y de imagen de mercado, o la desmotivación de los equipos directivos y de los trabajadores.

Las soluciones alternativas al concurso son, por un lado, los acuerdos de refinanciación que permiten evitar el concurso a empresas viables pero con problemas coyunturales de financiación y, por otro, los acuerdos extrajudiciales de pago mediante el que se puede llegar a un acuerdo con los acreedores o pedir la liberalización de las deudas una vez liquidados los bienes.

No obstante, si estas medidas no son suficientes, "el concurso podría ser la vía adecuada" para reflotar una empresa insolvente o liquidarla cesando su actividad de manera ordenada. Asimismo, es siempre fundamental un análisis de viabilidad, insistió Casanellas.

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