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El Parlamento pide mejoras en las ayudas a las madres autónomas

EUROPA PRESS

SANTANDER —

La iniciativa ha sido promovida inicialmente por el grupo Ciudadanos y posteriormente enriquecida con una enmienda transaccional consensuada por PP, PSOE y C's.

La propuesta de resolución insta al Gobierno de la Nación a bonificar la tasa de autónomos en su totalidad a las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad y las cuotas sociales del trabajador contratado para la sustitución.

También a reinstaurar las bonificaciones a las autónomas que se reincorporen después de la maternidad, derogadas en 2012; a eliminar la necesidad de cotizar cuando existe riesgo médicamente demostrado durante el embarazo; y a mejorar el sistema de prestaciones y ayudas tanto antes del parto, como durante la baja de maternidad, “en la medida de lo posible”; y elaborar un informe del impacto del cambio de régimen de las trabajadoras autónomas con sus posibles variantes.

Por otro lado, se insta al Gobierno regional a bonificar al 100% la cuota de contingencias comunes durante un año a las autónomas y socias de cooperativas que, habiendo cesado su actividad por maternidad y disfrutando del período de descanso correspondiente, vuelvan a incorporarse a la misma actividad en los dos años siguientes a la fecha del parto.

Podemos ha apoyado la iniciativa aunque la considera “insuficiente” y que “no subsana las carencias” que hay en este ámbito. El PRC también la ha apoyado y ha reconocido que queda “mucho trabajo y muchas medidas que adoptar” en esta materia.

Ambos partidos han criticado la “hipocresía” del PP, cuyo gobierno suprimió las bonificaciones a trabajadoras autónomas que se reincorporen después de la maternidad, a través del Real Decreto de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. “Se les ocurren las mejores ideas cuando están en la oposición”, ha dicho el PRC.

LANZADERAS DE EMPLEO

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con los votos en contra del PRC y PSOE y la abstención de Podemos, una proposición no de ley presentada por el PP que instaba a eliminar de la orden de ayudas para lanzaderas de empleo, el requisito de población mínima censada en el municipio, que impide la concurrencia de los ayuntamientos con menos de 7.500 habitantes, salvo en la comarca del Besaya donde el mínimo es de 5.000.

El PP ha pedido que se deje como criterio de valoración, pero no como requisito de acceso, de forma que las lanzaderas de empleo también puedan llegar al ámbito rural. Ciudadanos lo ha apoyado porque considera que ese requisito de acceso es “tan innecesario como injusto”.

Podemos entiende que la eliminación de ese requisito es “insuficiente”, porque “toda la convocatoria en sí está destinada a favorecer a los grandes municipios”. Por su parte, el PRC y el PSOE han destacado que ese mismo requisito se ha venido aplicando durante el Gobierno del PP, no sólo en 2012, primer año de la puesta en marcha de las lanzaderas de empleo, sino también en 2013 y 2014.

El PP ha argumentado que era una experiencia piloto, y que una vez superadas las fases iniciales, conviene eliminar algunas de las restricciones contempladas en pasados ejercicios.

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