A licitación un contrato de vigilancia de las condiciones ambientales de Altamira

Concretamente, el contrato que se ha sacado a la licitación también contempla el control y seguimiento del agua de infiltración y de las emisiones de gas radón en la cueva de arte rupestre.

El importe total asciende a más de 133.000 euros y el plazo de ejecución será de doce meses.

En 2012, el Patronato del Museo Altamira aprobó el inicio de un programa de investigación bianual de carácter multidisciplinar dedicado a la conservación preventiva de la cueva, para su preservación.

En este marco, el 12 de septiembre del año 2014 el Patronato de Altamira presentó sus resultados y aprobó la aplicación del Plan de Conservación Preventiva.

Se pretende hacer un seguimiento de las condiciones ambientales de la cueva, a través del control de las filtraciones de agua en el techo de polícromos y la evaluación del riesgo para la salud por exposición al gas radón, y un seguimiento de su biodeterioro medinate acciones de control de microorganismos patógenos y de su proliferación.

POLÉMICA.

A principios de marzo, se desató una polémica a raíz de que el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, con el respaldo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), remitiera una carta a la Unesco.

En ella, prehistoriadores e investigadores alertaban a dicho organismo del aumento de visitantes que estudia el Patronato y que, de llevarse a cabo, “favorecería el deterioro de las pinturas rupestres”, en riesgo por las filtraciones de agua y posibles desprendimientos.

Por ello, y al igual que hicieron hace un año cuando el Patronato decidió mantener de forma indefinida las visitas experimentales --cinco personas y un guía un día a la semana--, han abogado por mantener la cueva original cerrada al público hasta que se conozcan las causas de esos problemas.

Ante esta petición, el Gobierno de Cantabria aseguró que “nunca se pondrá en riesgo la cueva” de Altamira, y destacó que en que esa “discusión” tiene “cabida” en el Plan de Conservación ya que es “un documento en permanente evolución” y basado en las investigaciones científicas.

Según el Gobierno cántabro, esas investigaciones son, precisamente, las que determinarán y “dirán en qué medida se puede ampliar o no” el régimen de visitas experimentales.

Al respecto subrayó que “no se va a tomar ninguna decisión al margen del plan de conservación”, por lo que considera que es “plenamente compatible lo que dicen unos científicos y otros”.