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El PNV carga contra Mario Fernández y defiende a Villalabeitia

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, asegura que su partido nunca tuvo conocimiento de la contratación de Mikel Cabieces por parte de Kutxabank.

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El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha asegurado que su partido nunca tuvo conocimiento de la contratación del exdelegado del Gobierno central, Mikel Cabieces por parte de Kutxabank. De esta forma, el PNV trata de quitarse del foco de la polémica y centrarla únicamente en el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández. En declaraciones a Radio Euskadi, Egibar ha defendido la actuación del actual presidente, Gregorio Villalabeitia, y ha culpado a Fernández de cometer "una acción irregular". Hasta ahora, el PNV había optado por la cautela sobre el papel jugado por el expresidente.

"¿Quién es Kutxabank, o Mario Fernández, por si, ante si, para sentirse responsable de la suerte profesional, ligada también a cuestiones de seguridad, del delegado del Gobierno español en Euskadi?. Creo que nada tiene que ver ni Kutxabank, ni Mario Fernández", ha recalcado Egibar. "Entiendo que quienes han ido a pedir han cometido una injerencia política inadmisible desde el punto de vista de que ni Mario Fernández ni Kutxabank tienen la responsabilidad ni una obligación para ocupar a ninguna persona", ha insistido. "Fernández no ha actuado de mala fe, pero no comunicó su decisión al PNV. Es posible que supiera entonces y sepa ahora, evidentemente, que si llega a evacuar consulta al PNV la respuesta hubiera sido no".

Por ello, Egibar ha recalcado que para el PNV la actuación de Mario Fernández no ha sido correcta, sino "irregular". Frente a esa forma de proceder "irregular", el político nacionalista ha defendido la actuación del actual presidente del banco denunciando el caso, aunque "los efectos de publicidad puedan acarrear un deterioro de la imagen de Kutxabank".

La versión de Mario Fernández es que en 2012 "un líder del PP" le pidió que buscara "una salida profesional" al exdelegado en el País vasco del Gobierno socialista, como se había hecho con otras personas vinculadas con la lucha contra ETA. Para ello se firmó un contrato con un bufete de abogados.

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