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El ex alto cargo del PNV que cobró 210.000 euros no devuelve el dinero

La sociedad pública que le ha pagado tres años sin ir a trabajar esperará, tras haberle despedido, a que concluya la investigación de la Inspección de Trabajo para adoptar una decisión.

El PNV intentó evitar el despido en el consejo de administración de Ibarzaharra pero claudicó ante las presiones del Gobierno central, que tiene el 50% de la empresa.

Ibarzaharra se mantendrá jurídicamente como sociedad pero sin personal ni actividad, que recaerá en otra empresa pública, Abra Industrial.

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Juan Cruz Nieves, en un acto cuando era diputado foral de Urbanismo de Bizkaia.

Juan Cruz Nieves, en un acto cuando era diputado foral de Urbanismo de Bizkaia.

Al ex alto cargo del PNV despedido tras haber cobrado 210.000 euros sin ir a trabajar no le van a exigir devolver el dinero, al menos de momento. La empresa pública que le ha pagado una nómina los tres últimos años no ha adoptado ninguna decisión además del despido. Va a esperar al informe de la Inspección de Trabajo, que investiga el caso desde noviembre, para ver qué hace, según ha sabido eldiarionorte.es de fuentes próximas a la sociedad vizcaína Ibarzaharra.

Como ha informado este diario, el consejo de administración de la sociedad Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, ha acordado este jueves la rescisión del contrato de Juan Cruz Nieves, que se remonta a febrero de 2011. La decisión se ha adoptado diez días después de que el diarionorte.es desvelara que Nieves, quien fue diputado foral de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao), cobra al año casi 71.000 euros sin que haya realizado ninguna actividad (apenas ha acudido a media docena de reuniones en estos tres años y de manera obligada) por su puesto de adjunto a la gerencia. Esa alta remuneración la percibe pese a que desde 2012 está en edad de jubilación y por tanto podía haber abandonado el cargo. Pero la pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que percibe ahora Nieves.

La reunión del consejo de administración de Ibarzaharra estuvo precedida por la tensión entre el Gobierno central y las instituciones vascas (Gobierno vasco, la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Sestao, todas en manos del PNV), ya que se había acordado incluir en el orden del día el asunto del despido de Nieves. Pero el presidente, el alcalde de Sestao Josu Bergara –el encargado de decidir los asuntos que se tratan en los consejos- no lo incluyó inicialmente y tras las presiones de los consejeros de Sepides (el ente estatal que tiene el 50% del accionariado) tuvo que claudicar y aceptarlo como otro asunto de la reunión, según las fuentes consultadas. Bergara no ha querido comentar nada de lo tratado en el consejo, tras ser requerido por este diario.

La sociedad pública no adoptó más decisiones contra el ex alto cargo y “lo que ha pasado hacia atrás”, según los mismos medios en alusión al dinero cobrado sin acudir a trabajar, se decidirá en base al informe que realice la Inspección de Trabajo, que está a punto de culminar su investigación. Trabajo solo puede obligar al ex alto cargo a suprimir sus cotizaciones a la Seguridad Social en estos tres años e imponer una multa a Nieves y a la empresa. Lo que se haga con los 210.000 euros percibidos es potestad de la sociedad Ibarzaharra.

El despido de Nieves se unió al del actual gerente y el acuerdo adoptado supone que se mantiene jurídicamente la sociedad pública pero sin personal ni sede. La empresa tenía su oficina en el centro de Bilbao, aunque su actividad era la promoción de un suelo industrial en Sestao. La actividad recaerá ahora en otra sociedad del Gobierno central, Abra Industrial, que gestiona un polígono industrial ya implantado en Ortuella.

El Gobierno central, como aseguraron la semana pasada fuentes del PP, quería eliminar la estructura de la sociedad pública desde hace varios meses pero el problema es que, según los estatutos, las decisiones se tienen que tomar por unanimidad o por dos tercios de los accionistas, divididos al 50% entre el PNV y el PP. La resistencia de los peneuvistas a actuar contra su ex alto cargo ha evitado la toma de decisiones hasta ahora. “Tenía unos gastos de funcionamientos disparatados para la pobre actividad que realizaba”, señalan fuentes próximas a la empresa.

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