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La oposición recrimina al PP el cobro de 2,3 millones a Amvisa por una gestión antes gratuita

Natalia González de Uriarte

Vitoria-Gasteiz —

La maniobra del equipo del Gobierno de Javier Maroto que permite al Ayuntamiento detraerse un 10% de los ingresos de Aguas Municipales de Vitoria, Amvisa, no ha gustado nada a los grupos municipales. A los reproches de Bildu y del PSE- este último se percató la semana pasada de la operación de los populares- se suman las críticas del socio presupuestario del PP, el PNV. A través de su portavoz exigían “luz y taquígrafos” sobre una medida que, de hacerse efectiva, supondrá la entrada a arcas municipales de 2,3 millones de euros procedentes de los dividendos de Amvisa.

Como adelantó eldiarionorte.es el Partido Popular incorporó una nueva disposición en las ordenanzas fiscales del 2013 que le permiten cobrar a la sociedad pública esa cantidad por la gestión de las facturas del agua realizada desde el Ayuntamiento. Esas tareas las realizan desde que se creó Amvisa en 1960 pero sin cargo alguno para la sociedad de aguas.

Bildu y el PSE han advertido al equipo de Gobierno que no van a permitir poner en riesgo el futuro de la sociedad pública, “que precisamente no ha traído más que beneficios a Vitoria”, remarca el socialista Patxi Lazcoz. Afrontar este pago junto a otros gastos, podría llevar a la entidad a cerrar el ejercicio en negativo y abrir la puerta a su privatización, un extremo que no contempla el concejal de Hacienda. “Eso no va a pasar. Esa factura no va a llevar a la sociedad a pérdidas. Sus resultados de explotación son de 5,8 millones. Aunque les restemos 2,3 el resultado no es negativo”, asegura Manu Uriarte.

El destino de esta recaudación

El grupo abertzale y los socialistas advertían al titular de Hacienda que impondrán su mayoría en el consejo de administración de Amvisa para evitar poner en peligro a la sociedad pública. “Ustedes están intentando socavar la capacidad económica de la sociedad de aguas”, insistía Lazcoz. El socialista sostiene que los populares, al abrigo de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pretenden privatizar la sociedad. “Aquellos servicios que sean deficitarios durante dos años consecutivos pasarán a disolverse, que es el primer paso hacia la privatización a la que ustedes aspiran”, explica Lazcoz.

Ante la presión de los grupos, el titular de Hacienda ha anunciado que “conveniará” con el consejo de administración de la sociedad la cuantía del concepto a cobrar y el destino de lo recaudado. Manu Uriarte reconocía que las estrecheces económicas están detrás de esta decisión, que a su juicio, “en ningún caso van a suponer el quebranto de las cuentas de Amvisa”.

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