El Gobierno Foral insiste en que en la hepatitis pesan los criterios médicos pese a las críticas de los afectados

El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado, sobre el medicamento para la hepatitis C, que en la Comunidad foral “se puede asegurar con toda garantía que a todo el que precise el tratamiento por prescripción facultativa se le administra siempre de forma gratuita, a nadie se le niega por motivos económicos ni a nadie se le debe dar por motivos políticos o de otra índole”. Precisamente las dudas sobre este acceso son las que han motivado a diversos colectivos sociales, como Athena, la Comisión Ciudadana Antisida, Sare o la plataforma NATC, a encerrarse desde este martes en el hospital Virgen del Camino como medida de presión.

Representantes de estos colectivos confirman que, por el momento, se sigue estudiando la propuesta de terapia que este mismo martes les facilitó la consejera navarra de Salud, Marta Vera, tras una reunión. En ella, según las primeras impresiones, se facilitaría el acceso a los nuevos antivirales, pero los colectivos continúan estudiando el documento. Y el encierro, por el momento, también sigue adelante.

Por su parte, Sánchez de Muniáin ha requerido a las personas que se encuentran encerradas en el Complejo Hospitalario de Navarra que “lo abandonen cuanto antes”. “Un hospital no es sitio para hacer protestas de este tipo porque en un hospital todas las instalaciones se requieren para su finalidad”, ha señalado.

Y ha indicado que esta estrategia para los enfermos de hepatitis C en Navarra “se está aplicando, no es un procedimiento diferente al que se aborda en la estrategia de sanidad, sino que lo que se hace es adaptar los protocolos que deben operar en el territorio nacional a la realidad de la salud navarra”.

¿Hay directrices?

Ha señalado que en la Comunidad foral “este nuevo medicamento, desde el 30 de noviembre que se pudo aplicar, todos los pacientes que lo han requerido por prescripción facultativa lo han tenido”.

Preguntado si se ha dado “alguna directriz” a los médicos para no administrar el tratamiento, el consejero ha sido tajante al afirmar que se sigue “exclusivamente el criterio médico”. “A nadie se le niega por motivos económicos un medicamento prescrito ni a nadie se le da por criterios políticos”, ha sentenciado.