El Colegio de Abogados se moviliza contra los interrogatorios por policías encapuchados
El Colegio de Abogados de Madrid ha acordado un procedimiento como protesta por los interrogatorios a detenidos por parte de policías encapuchados y con el objetivo de garantizar el “derecho a la defensa”. El organismo recomienda a sus colegiados que se nieguen a prestar asistencia letrada a los detenidos en el caso de que los agentes encargados del interrogatorio “oculten sus rostros con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria”.
El acuerdo es un intento por evitar que estas prácticas policiales se mantengan. La Defensora del Pueblo rechazó en diciembre de 2012 estos hechos al asegurar que eran “desproporcionados” y contrarios al derecho a la defensa y a la asistencia letrada. Aun así, la policía, que en un principio dijo que se trataba de “hechos puntuales”, justificó este “procedimiento específico” que “se lleva practicando desde hace muchos años” y que “no está expresamente prohibido por ley”.
El texto aprobado por el órgano colegiado insta a los abogados a negarse a practicar la asistencia letrada a los arrestados si la policía va tapada. Ante la solicitud policial, el Colegio negará el envío de un letrado de oficio. Además, el juez de guardia recibirá una notificación del letrado.
Fuentes jurídicas han explicado a eldiario.es que la negativa de los abogados a prestar asistencia letrada a los detenidos obliga a los agentes a destaparse: “Si nos negamos a asistir a la declaración y el Colegio no manda abogado de oficio, la policía tiene un problema, ya que tiene un detenido al que debe interrogar con presencia de un abogado y, si no cede y no se quita la capucha, estará cometiendo detención ilegal”, han explicado esas fuentes.
Las medidas responden a una petición de la Asociación Libre de Abogados (ALA) tras las irregularidades ocurridas durante la detención de varios manifestantes en febrero de 2012 durante una protesta contra la reforma laboral. Según Legal Sol –la comisión legal del 15M–, los agentes presentes a la llegada de los abogados de los arrestados estaban encapuchados, sin identificar, y no respetaron “la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos con sus defensores, dejando la puerta entreabierta y situándose junto a la misma”.
Legal Sol y ALA remitieron sus quejas a la Defensora del Pueblo, que emitió una opinión contraria a esta práctica, y al Colegio de Abogados, cuya Junta Directiva aprobó en diciembre este protocolo que comunicará al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía “para su conocimiento y efectos”.
