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La Diputación de León paraliza los contratos investigados en la Operación Púnica

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La Diputación de León paraliza los contratos investigados en la Operación Púnica

La Diputación de León paraliza los contratos investigados en la Operación Púnica

El equipo de gobierno de la Diputación de León, del PP, ha paralizado los tres contratos por los que fue detenido y encarcelado la pasada semana el presidente de la institución, Marcos Martínez Barazón, en el marco de la Operación Púnica contra la corrupción.

El presidente en funciones de la Diputación, Lupicinio Rodrigo, se ha reunido hoy con los portavoces Luis Rodríguez Aller (PSOE), Lázaro García Bayón (UPL) y Matías Llorente (no adscrito), a los que ha informado de la documentación que la Policía Judicial solicitó el pasado 27 de octubre.

Como se había acordado en una reunión previa, se les han mostrado los informes elaborados desde los servicios de Intervención y Contratación y Patrimonio de la institución.

Desde el Servicio de Intervención se ha emitido un informe en el que se explica que la Policía Judicial no requirió ningún tipo de información ese día, según explica la institución.

Contratación y Patrimonio ha puesto de manifiesto que la Policía Judicial requirió copia de tres expedientes que le fueron solicitados a Martínez Barazón, que fue quien se los entregó.

Estos tres expedientes son los relativos al Contrato Administrativo Especial para la prestación del servicio del bar "El Rebeco" en la estación invernal de San Isidro para la temporada 2014/2015, cuyo importe de licitación era de 61.152,16 euros (IVA incluido).

También el Contrato Especial de Explotación del servicio de "Restaurante-Cafetería Salencias y Hostal Residencia Pico Agujas", en San Isidro, con un importe de licitación de 63.310,47 euros (IVA incluido).

Finalmente, el de los servicios de alquiler, diseño, decoración, montaje, desmontaje asistencia técnica y transporte de un expositor que representará al Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León en la Feria Internacional de Turismo Intur 2014, cuyo importe de licitación era de 38.000 euros.

El equipo de gobierno sostiene que de ninguna otra área o servicios de la Diputación de León, la Policía Judicial requirió, consultó o retiró documentación alguna.

De estos tres contratos, dos pertenecen propiamente a la institución provincial y el tercero al Consorcio de Turismo, del que también forman parte el Ayuntamiento de León y los diferentes Grupos de Acción Local de la provincia.

Respecto a los dos primeros, el equipo de gobierno procedió a paralizarlo el mismo 27 de octubre y ayer, el presidente en funciones dictó un decreto por el que se anularon definitivamente ambos expedientes.

El que se refiere a la prestación del servicio del bar "El Rebeco" y del restaurante-cafetería Salencias y Hostal Residencia "Pico Agujas", la Diputación tiene previsto iniciar un nuevo expediente de contratación mediante la fórmula de procedimiento abierto, a través de la que pueden participar todas las empresas que quieran.

Será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, a pesar de que la legislación no obliga a esta fórmula, por la cuantía de estos procedimientos.

También se ha informado de que, pese a los procedimientos eran negociados sin publicidad por este motivo, desde la Diputación ya se había invitado a trece y a once empresas, respectivamente, y que ninguna de ellas figura entre las que las que supuestamente están vinculadas a la Operación Púnica.

De la misma forma, el presidente del Consorcio Provincial de Turismo también ha anulado el procedimiento del tercer contrato, el relativo a los servicios para la asistencia a la Feria de Intur 2014.

Durante la reunión del Consorcio, que se celebrará el viernes a partir de las 13.00 horas y dado que no existe tiempo de poner en marcha un nuevo procedimiento, se estudiará la forma de poder asistir a ese certamen.

El equipo de gobierno de la Diputación también se ha comprometido a continuar analizando la información que se va conociendo a través de los medios de comunicación, ya que la institución provincial no tiene ningún tipo de comunicación formal por parte de la Audiencia Nacional de la existencia de procedimientos o imputaciones.

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