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IU Madrid prohíbe a sus militantes "opiniones o comentarios contrarios a las decisiones" del partido

El nuevo estatuto aprobado por la dirección regional del partido contempla la suspensión de militancia para quien exprese "opiniones, ideas o comentarios" que critiquen lo marcado por los órganos internos

La formación en Madrid endurece un reglamento anterior, copia la norma federal de IU y lo hace más parecido al de PSOE, aunque por debajo de la disciplina impuesta en el PP

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El coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez. / Europa Press

El coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez. / Europa Press

Los nuevos estatutos propuestos por Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid prohíben expresamente a sus militantes que hagan críticas en público a las decisiones del partido. La mayoría del 51% que gobierna la coalición en Madrid, encabezada por el coordinador general Eddy Sánchez, establece como "infracción grave" que cualquier militante haga una "manifestación pública, por cualquier medio de difusión, de opiniones, ideas o comentarios contrarios a las decisiones, acuerdos y resoluciones de los órganos de IUCM".

La sanción prevista en los estatutos para este tipo de conducta crítica es la suspensión como afiliado durante un período que puede ir desde un mes hasta un año. La reiteración en la crítica pública conllevaría una "infracción muy grave", castigada con una suspensión de militancia de hasta dos años o incluso la expulsión definitiva de IU.

Izquierda Unida a nivel federal ya incluye esta misma fórmula en sus estatutos desde hace años, de cuyo articulado se ha calcado ahora la reforma en Madrid. Las nuevas normas se han aprobado durante la Conferencia de Organización y Estatutos de Izquierda Unida de Madrid, celebrada el pasado mes de octubre y que fue impugnada por el sector crítico, representado por el 49% de los delegados. Como se ha publicado en eldiario.es, pese a que ambos bloques hacen continuos llamamientos a obviar las peleas internas y a centrarse en recuperar Madrid para la izquierda, la realidad es que las posturas  están cada vez más enconadas y  los agravios se acumulan.

La previsión de sanciones para quien no encaje con las decisiones de los aparatos es común a las formaciones políticas. De hecho, Izquierda Unida en Madrid ya tenía en los estatutos anteriores a este una referencia a la disidencia, aunque más velada, al considerar como infracción grave las "conductas contrarias a las resoluciones y acuerdos emanados de los órganos pertinentes, así como no respetar las decisiones democráticamente adoptadas" que tengan "repercusión externa".

Los nuevos estatutos, como los federales en este punto, son más explícitos hasta el punto de limitar la capacidad de los militantes para exponer su desacuerdo con lo que se decida en "los órganos competentes" por ejemplo a través de las redes sociales que muchos utilizan para generar debate en un momento de fuerte tensión interna. 

Estatutos IUCM

Un articulado como el del PSOE

Esa combinación de "ideas, opiniones o comentarios" contrarios a las decisiones del partido que recoge el nuevo redactado de IU-CM es exactamente la misma que ya constaba en el Reglamento del Afiliado del PSOE, también califica de falta grave "hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios" que sean "opuestos a la línea política del Partido", una formulación más ambigua que queda rematada en otro apartado: se recoge como sancionable " la falta de solidaridad manifestada públicamente en contra de las decisiones o actitudes adoptadas por los órganos competentes del Partido".

Y así lo regula el PP

Los estatutos del PP, que no son públicos y a los que ha tenido acceso eldiario.es, consideran infracción muy grave "toda manifestación o declaración" pública que "incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones" del partido. Y que también es una falta grave "propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido", con lo que un simple tuit o comentario en Facebook enlazando a una noticia negativa sobre el PP podría acarrear sanciones de suspensión de militancia si los órganos con competencia para sancionar se pusieran en marcha.

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