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Dimite el secretario de organización del PSC, investigado por presunta corrupción

El juez solicita la imputación de Daniel Fernández al Tribunal Supremo, al que debe ser remitido el caso porque es diputado

El alcalde de Sabadell y dos de sus tenientes de alcalde también están imputados

Los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción urbanística afectan a varios municipios del Vallés (Barcelona), entre otros, Sabadell y Montcada i Reixac

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El secretario de Organización del PSC dimitirá de sus cargos si se confirma su imputación

El secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández.

El secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, ha dimitido de sus cargos orgánicos tras conocer que el juez elevará su caso antre el Tribunal Supremo para que quede imputado por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, según han informado fuentes del partido. La implicación de Fernández en esta presunta trama quedaría demostrada por una conversación telefónica que mantuvo con la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, también imputada. Antes de saber si estaba imputado o no, Fernández ha explicado a los periodistas que ha mantenido muchas conversaciones telefónicas con María Elena Pérez, como con tantos otros alcaldes socialistas.

El número dos del PSC había convocado una rueda de prensa a las cinco de la tarde para explicar las medidas que el partido había tomado tras conocer la imputación de Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, en esta presunta trama de corrupción. Poco antes de comparecer ante los medios, agentes de los Mossos d'Esquadra le han dado un número de teléfono y le han pedido que llamara para ponerse en contacto con un "superior", según ha explicado él mismo. La rueda de prensa ha sido antes de realizar esa llamada, pero Fernández ya ha avanzado que de confirmarse su imputación, pondría su cargo a disposición del primer secretario y sería suspendido de sus responsabilidades orgánicas, tal y como fija la normativa del partido. Fernández ha cumplido con lo prometido tras llamar a los Mossos y conocer la imputación.

Daniel Fernández, una de las personas fuertes del PSC, es diputado en el Congreso. Cuando comparezca ante el juez y le informe de su condición de aforado, su caso será trasladado al Tribunal Supremo. Actualmente hay 26 personas imputadas por este presunto caso de corrupción urbanística y 12 detenidos.Importantes miembros de la dirección del PSC han sido imputados por el juez de la Operación Mercurio, que investiga delitos de corrupción en la comarca barcelonesa del Vallés. El secretario de Organización, Daniel Fernández, y el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (miembro de la Ejecutiva del PSC) figuran entre los imputados, así como la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez. También hay detenidos ocho empresarios y un exconcejal a raíz de una investigación iniciada en 2010.

Manuel Bustos ha admitido antes ante los periodistas que está “imputado por un presunto caso de corrupción urbanística". Después de que varios agentes de los Mossos de Esquadra, dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción de Catalunya, entraran en el Ayuntamiento de Sabadell para investigar el presunto caso de tráfico de influencias, el alcalde socialista ha confirmado públicamente su imputación, pero ha asegurado que es “inocente” y que, por lo tanto, no dimitirá.

Bustos ha afirmado que también están imputados en el caso la teniente de alcalde de Economía, Montserrat Capdevila, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Espacio Público, Joan Manau. En este sentido, ha dicho que “si alguno de mis colaboradores está implicado, por muy familiar que sea, le caerá encima todo el peso de la ley”. En total son 12 los detenidos y 26 los imputados, y los Mossos d'Esquadra han registrado 41 empresas y sociedades y quince domicilios, según una nota de la Fiscalia Anticorrupción. Entre los imputados también está el tío del alcalde, el constructor Melquíades Garrido.

Según el documento, los miembros de la trama exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, aunque la cantidad podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final".

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.

En rueda de prensa, Bustos ha concretado que está encausado por "omisión del deber de perseguir delitos". Ante las preguntas de los medios de comunicación, el alcalde ha insistido que no puede dar detalles del caso porque no los conoce, pero sí ha revelado que los agentes se han llevado de su despacho "fotocopias de decretos de la Diputación de Barcelona".

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