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Juzgan a Julián Muñoz por irregularidades en compra y alquiler de locales

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Juzgan a Julián Muñoz por irregularidades en compra y alquiler de locales

Juzgan a Julián Muñoz por irregularidades en compra y alquiler de locales

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz se enfrenta la próxima semana a una petición fiscal de cuatro años y seis meses de prisión por malversación de caudales y prevaricación administrativa tras las irregularidades detectadas en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo.

El juicio comienza mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y está previsto que en el banquillo de los acusados se sienten otras diez personas, la mayoría exediles del GIL y el que fuera secretario municipal.

El fiscal explica en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que los acusados tuvieron una actuación caracterizada por la "arbitrariedad y el abuso de poder" en el ejercicio de las funciones públicas.

Además, el ministerio público entiende que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control, desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.

Julián Muñoz en este procedimiento firmó en 1996, como alcalde accidental, un convenio de compra de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.

Años más tarde, en 2000, un hombre, también acusado en este procedimiento, solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento.

El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció "sin publicidad ni concurrencia", beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas mas beneficiosas.

Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas.

Esta causa surgió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella.

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