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PNV y PSE aseguran que la futura ley vasca de víctimas de abusos policiales no podrá ser recurrida por el Estado

PP dice que ha detectado "inseguridad jurídica" en el texto y ve "muy posible" que otras administraciones "también lo hagan"

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PNV y PSE han afirmado este jueves que la futura ley de víctimas de abusos policiales tiene "muy reforzada su seguridad jurídica" por lo que han asegurado que no podrá ser recurrida por el Gobierno central. "No hay ninguna razón jurídica para que el Gobierno español impugne esta ley ante los tribunales", ha insistido el PNV.

La Ponencia parlamentaria que debate las enmiendas al texto normativo ha terminado este jueves sus trabajos gracias al acuerdo alcanzado entre 'jeltzales' y socialistas.

El dictamen del proyecto de ley deberá ser ratificado en una comisión que se celebrará el próximo 20 de julio, antes de votarse de forma definitiva en el último pleno de la legislatura del día 28, donde PNV y PSE cuentan con la mayoría suficiente para aprobarla.

El acuerdo alcanzado entre PNV y PSE cambia, entre otros aspectos, el nombre de la ley que se pasará a denominar ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre los años 1978 y 1999.

Además, el PSE ha destacado que las enmiendas que han incorporado han dotado de "mayor seguridad jurídica" a la Ley ante un posible recurso del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario socialista Patxi Elola ha explicado que "tal como queda redactada la ley" el PSE "descarta totalmente" la presentación de un recurso. "Así lo esperamos y ha sido, en todo momento, nuestra intención a la hora de elaborar las enmiendas", ha insistido.

No obstante, cree que el Gobierno vasco "tiene que llamar a quien tenga que llamar, para limar y saber qué es lo que no tendría posibilidades de recurso", algo que, según ha explicado, "ya hizo el gobierno de Patxi López en el año 2012" con el decreto de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política.

En este sentido, ha defendido que las aportaciones socialistas "clarifican" el texto de la ley para evitar "conflictos posteriores con otras administraciones". "A pesar de que se dice que tenía rigor jurídico, con nuestras enmiendas completamos esa garantía jurídica y se mejora sustancialmente esta ley", ha insistido antes de expresar su deseo de "sumar votos" para su aprobación en pleno.

SEGURIDAD JURÍDICA

El parlamentario 'jeltzale' Iñigo Iturrate ha reconocido que "no es la ley del PNV, pero sí la mejor de las leyes posibles" porque cree que "el peor escenario sería que no hubiera ley o que esta fuera anulada por los tribunales". "Creemos que este no es el caso, es una ley que tiene muy reforzada su seguridad política, como así lo dijeron los expertos que han pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento", ha indicado.

Además, cree que tras el acuerdo con los socialistas, la seguridad jurídica "queda reforzada" y que en el texto "no hay ninguna razón jurídica para que el Gobierno español impugne esta ley ante los tribunales".

En este sentido, se ha dirigido al Gobierno central para pedirle que "si no tiene voluntad política, coraje o determinación para encarar un proceso de reconocimiento y reparación a estas víctimas y asumir las responsabilidades del Estado, por lo menos no obstaculice las intenciones y proyectos puestos en marcha por otras instituciones, y en este caso, desde Euskadi".

AMPLIAR EL CONSENSO

Al acuerdo alcanzado entre PNV y PSE no se han sumado el resto de formaciones a pesar de que Iturrate ha destacado los "esfuerzos sinceros" llevados a cabo por los 'jeltzales' para incorporar a otros partidos porque "es difícil encontrar un cauce central si se mantienen posiciones extremas".

En este sentido, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha explicado que todavía no han decidido cuál será el sentido de su voto pero cree que con este acuerdo se ha conseguido una ley "rebajada" y "sin ambición", por lo que ha expresado su "decepción" ante lo que consideran que supone una "oportunidad perdida".

"AMENAZA" DEL MINISTERIO

Asimismo, ha explicado que para decidir su posición van a tener en cuenta que se trata de una ley "marcada por la amenaza del Ministerio del Interior afirmando que no tenemos capacidad, competencias ni derecho a reconocer y reparar a las víctimas del Estado". "Tenemos que hacer una defensa de nuestra obligación de hacer esta ley", ha indicado.

Arzuaga ha criticado también que en el texto acordado por PNV y PSE "no vemos recogidas las ambiciones con las que nosotros arrancamos el proceso porque limita el reconocimiento dejando fuera a otras víctimas a quienes discrimina respecto a otras víctimas", motivo que les "dificulta muchísimo" a la hora de "amparar" la nueva normativa.

Por último, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha criticado al PNV que haya llevado a cabo una "insólita tramitación exprés" de la ley, en la que "ha valorado escoger entre PSE y EH Bildu como socio". Según ha explicado, tras el acuerdo, los elementos fundamentales de la ley "están sin tocar", por lo que mantienen su oposición.

Preguntado por la posibilidad de que sea recurrida, ha recordado que existe un "precedente" con la ley navarra de víctimas de extrema derecha. "Nosotros no sabemos lo que puede hacer la Abogacía del Estado pero sí hemos detectado inseguridad jurídica en la ley y es muy posible que otras administraciones también lo hagan", ha concluido.

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